Gaza necesita algo más que palabras

A pesar de las publicitadas iniciativas internacionales y de los anuncios de medidas punitivas, la dramática realidad es que nada ni nadie parece ser capaz de poner un mínimo freno a la brutal ofensiva israelí contra la franja de Gaza, que ha desatado una crisis de muerte, hambre y destrucción sin precedentes. El alarmante desprecio que Benjamín Netanyahu muestra hacia las presiones internacionales solo es comparable con la determinación con la que avanza en el frente político doméstico para afianzar su poder y no rendir cuentas ante la justicia de las acusaciones que pesan sobre él.

La situación humanitaria en Gaza es catastrófica, y el principal responsable es el primer ministro israelí. El goteo de muertos civiles palestinos se cuenta por decenas cada día mientras se multiplica la desesperación tanto de las víctimas heridas en los ataques —como el medio centenar de personas atrapadas el viernes bajo los escombros de un edificio en Yabalia, a los que es imposible rescatar por falta de maquinaria pesada— como de los supervivientes. Sumada a la muerte de más de 50.000 civiles bajo las bombas, la hambruna ha llevado al colapso del orden social, una situación reflejada en el saqueo de los camiones cargados con ayuda humanitaria que han conseguido penetrar en la Franja. Tras el execrable ataque contra Israel del 7 de octubre de 2023, Netanyahu anunció como objetivo la destrucción de la milicia islamista, pero año y medio después lo que ha hecho es arrasar una sociedad de dos millones de personas.

Una y otra vez, las advertencias lanzadas por la OMS son ignoradas por las autoridades israelíes, lo que se traduce en un coste directo en vidas, como las de los miles de bebés al borde de la desnutrición severa. El sistema de salud está prácticamente destruido, con el 94% de los hospitales dañados por ataques del Ejército israelí, que, violando todas las convenciones sobre la guerra, los ha convertido en objetivo de sus bombardeos. En estos momentos, los dos millones de gazatíes apenas disponen de 2.000 camas hospitalarias, muchas de ellas en condiciones lamentables. A esto se le suma, como ha denunciado el secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, que el 80% del territorio palestino —360 kilómetros cuadrados (algo más de la mitad de la superficie de la ciudad de Madrid)— ha sido designado por Israel como zona prohibida para sus habitantes.

En paralelo, Netanyahu avanza en lo que supone una radicalización institucional para consolidarse en el poder. El controvertido nombramiento del nuevo jefe de los servicios de inteligencia interior, David Zini, entra en colisión con el Tribunal Supremo, salvaguarda de la democracia israelí, al que el primer ministro tiene en el punto de mira. El nombramiento contraviene las disposiciones del Supremo, que percibe un conflicto de intereses en el despido del anterior jefe, quien destapó un caso admitido esta semana por el mandatario israelí: Qatar enviaba unos 30 millones de dólares mensuales a Gaza, dinero que acababa en manos del brazo armado de Hamás, con el beneplácito de los gobiernos de Netanyahu desde 2018. Además, la justicia israelí investiga los presuntos pagos recibidos por personas cercanas al mandatario a cambio de difundir historias favorables al emirato en la prensa israelí.

El mismo día del polémico nombramiento, el viernes, miles de israelíes se manifestaban en el lugar de la frontera con Gaza en el que se celebraba un festival de música el 7 de octubre de 2023, primer escenario del ataque de Hamás, que terminó asesinando a 1.195 personas y secuestrando a otras 251. La concentración exigía un alto el fuego que permita la liberación de los rehenes, pero Netanyahu muestra ante las reclamaciones de sus conciudadanos la misma receptividad que ante las críticas internacionales: ninguna.

Bien al contrario, continúa con su estrategia de acusar a los líderes occidentales de antisemitismo y de fortalecer a Hamás mientras confía en que sanciones que verdaderamente puede serle gravosas —como la revisión del acuerdo de asociación entre la UE e Israel— naufraguen por el imperativo comunitario de aprobarlas por unanimidad. Entre tanto, el reloj corre contra los gazatíes, ajenos al doble rasero de la diplomacia europea. Resulta, por tanto, imperativo que se adopten medidas de presión que conduzcan al menos a un alto el fuego para detener el sufrimiento de la población civil. La situación en Gaza no es solo una crisis humana: se ha convertido en una prueba de la voluntad real de la comunidad internacional —hasta ahora clamorosamente fallida— de defender los principios de humanidad y justicia. Cada día de inacción es una condena para miles de inocentes.