Construir más rápido

El Gobierno ha presentado esta semana el PERTE (Proyecto Estratégico para la Recuperación y la Transformación Económica) de la industrialización de la vivienda y se apremia a darle luz verde el martes en el Consejo de Ministros. Se espera una inversión de 1.300 millones durante 10 años con el objetivo de impulsar la edificación de vivienda industrializada. Así se denomina a las casas que se construyen en fábricas para luego ensamblarlas por módulos en la obra, lo que supone una transformación profunda de todo un sector, el constructor, que ha pasado por las diferentes fases de industrialización de la economía sin grandes revoluciones.

A priori parece un cambio complicado de vislumbrar por la simple razón de que durante siglos la única manera de edificar una casa era levantar paredes de manera casi artesanal. Pero el propio sector, comenzando por su patronal, considera que la fabricación modular es el futuro hacia el que camina la construcción, que además traerá aparejadas ventajas como un entorno laboral más seguro —y menos expuesto a inclemencias meteorológicas— o una reducción en los tiempos de edificación.

En España ya hay empresas que fabrican cuartos de baños, cocinas o fachadas modulares que luego se ensamblan en la estructura de un inmueble. Pero el proceso, que requiere de un evidente impulso inversor, va más lento que en otros países. De ahí que la acción del Ejecutivo, como todo lo que contribuye a dinamizar esa transformación, haya sido, a grandes rasgos, bien recibida por el sector.

La meta del Gobierno al presentar el PERTE es que, al menos, se construyan en España cada año unas 15.000 viviendas industrializadas. Un volumen que debería elevarse paulatinamente hasta las 20.000 anuales a lo largo de la década para la que se contemplan las inversiones. Y también que esas casas sean más eficientes energéticamente, un requisito fundamental para contar con fondos europeos en la financiación del proyecto.

Se trata, sin duda, de objetivos loables (y casi ineludibles si tenemos en cuenta las tendencias por las que transita la construcción en otras economías avanzadas). Especialmente si sirven para paliar el actual déficit de vivienda, que el Banco de España estimó en 600.000 hace un año, cálculo que seguramente ya ha quedado desfasado. La buena marcha económica general y el dinamismo laboral que lleva aparejado están provocando un gran desequilibro entre los nuevos hogares que se crean y las casas que se ofertan. Y aunque no sea suficiente por sí mismo, todo lo que aporte a ese objetivo, como el plan recién anunciado, es bienvenido.

La medida llega en el contexto de una gran crisis de acceso a la vivienda en España. Así la presentó el presidente Pedro Sánchez, que la incluyó el pasado enero entre las 12 medidas con las que su Gobierno busca revertir esa situación. Y justo es considerar que se trata de eso, de una entre muchas medidas necesarias.

La eficacia del proyecto para el objetivo final de mitigar lo que los ciudadanos –especialmente los más jóvenes-- consideran hoy su gran problema dependerá por tanto de la puesta en marcha de otras muchas iniciativas. Es apremiante hacerlo. Y avanzar tocando todas las teclas posibles: desde la regulación que facilite más vivienda disponible, industrializada o no, hasta la financiación. Todo ello con la mirada puesta en que esas casas tienen que ser asequibles para los ciudadanos que aspiran a vivir en ellas. Y en línea con la meta de lograr un tejido productivo más eficiente, moderno y justo.