Sánchez anuncia una inversión de 1.300 millones de euros para el nuevo PERTE de vivienda

El presidente de Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado una inyección de 1.300 millones de euros en 10 años para el nuevo Proyecto Estratégico para la Recuperación y Transformación Económica (PERTE) de vivienda. Lo ha hecho aprovechando un acto en una feria sectorial de construcción en Ifema Madrid, que ha contado con la presencia de la ministra Isabel Rodríguez. El objetivo, ha insistido el mandatario, es “construir más y mejores viviendas, hacerlo de forma más rápida y que los precios sean más asequibles”. Evolucionar en la construcción de viviendas industrializadas ―como se conoce a las casas que son edificadas total o parcialmente en fábricas― es uno de los objetivos ampliamente compartidos por el sector. Sus defensores reivindican que se trata de una manera de edificar más rápido y de hacerlo con mayores garantías, puesto que las partes de una casa que se hacen en naves industriales no están expuestas, por ejemplo, a las condiciones climatológicas.

El problema es que falta desarrollar el músculo sectorial. Llevar parte de la obra a la fábrica no es fácil: son necesarias grandes naves con maquinaria nueva, sin contar con otros retos logísticos. España ya cuenta con algunas instalaciones de este tipo, pero avanza algo rezagada en comparación con otros países, donde ya es mucho más común que partes de un edificio, como los baños, las cocinas o la fachada, se fabriquen en módulos y luego se monten in situ en la obra. Por eso el programa se pone como objetivo, empleando fondos europeos, que en España se construya una media de 15.000 casas al año mediante sistemas industrializados. En 10 años, la meta es llegar al menos a las 20.000 unidades.

Para ello no será necesario que cada vivienda sea 100% modular, pero sí que al menos la mitad de la edificación provenga de estos sistemas. Y la sede del programa para fomentar el desarrollo del sector se situará en la zona de actividades logísticas del Puerto de Valencia, en suelo titularidad de Sepes (Entidad Pública Empresarial de Suelo, dependiente del Ministerio de Vivienda). Llevarlo a Valencia es un gesto con el que el Gobierno quiere mostrar su compromiso con la reconstrucción de las zonas afectadas por la dana del pasado octubre.

“Necesitamos transformar la forma de construir para mejorar nuestra forma de vivir, porque la dimensión del desafío lo exige. Acceder hoy a una vivienda digna en condiciones asequibles es un sueño imposible para millones de personas. Lo es en España y también en la Unión Europea. Por eso tenemos que actuar con decisión en todos los poderes públicos”, ha señalado el presidente del Ejecutivo.

El PERTE está articulado en torno a tres grandes objetivos: aumentar la capacidad productiva, mejorar la eficiencia y sostenibilidad de la construcción (un requisito fundamental para contar con el apoyo europeo) y aumentar el número de jóvenes y mujeres en el sector, puesto que las condiciones laborales en una fábrica también se presuponen más favorables que en una obra tradicional.

En el primer caso, el compromiso del gobierno es apoyar el crecimiento de las pequeñas y medianas empresas que apuesten por la industrialización, financiando el desarrollo de sus proyectos. En segundo lugar, se prevé que los nuevos métodos de construcción acorten los plazos de ejecución entre un 20% y un 60% y las casas se adapten para resistir los embates del cambio climático. En tercer lugar, se aumentará el porcentaje de trabajadoras de la construcción, que a día de hoy apenas suponen el 11% de la plantilla, según las cifras oficiales.

El anuncio llega en un momento clave para el sector inmobiliario, en plena búsqueda de soluciones ante la escalada de precios y la falta de oferta asequible. Con este plan, el Gobierno busca impulsar una reconversión del modelo constructivo español. En ese sentido, Sánchez ha incidido en la urgencia de perfeccionar el modelo productivo y reformar la Ley del Suelo, que sigue bloqueada en el Congreso.

El mandatario ha aprovechado la oportunidad para reivindicar el cambio en la normativa, cuyo objetivo principal es reformar el artículo 55 para evitar la ralentización en la ejecución de aquellos proyectos sobre los que recaigan denuncias por defectos menores y subsanables en su planificación urbanística. Sánchez ha insistido en que “es una demanda de muchos colectivos y cuenta con el respaldo del sector y de las comunidades autónomas, incluso de aquellas que son gobernadas por el principal partido de la oposición”.

La iniciativa se ha dado a conocer en la feria Rebuild, un evento centrado en la edificación que reúne esta semana en Ifema Madrid a promotores, arquitectos, tecnológicas y administraciones públicas. Este escaparate sectorial ha servido al Ejecutivo para dar los primeros detalles de un PERTE que forma parte de las 12 medidas en materia de vivienda que anunció en enero para afrontar la emergencia habitacional. El contexto no puede ser más exigente: según el Banco de España, el país arrastra un déficit acumulado de alrededor de 600.000 viviendas entre 2022 y 2025. La combinación de una demanda creciente y una oferta que no logra acompasarse ha provocado un alza sostenida de los precios y una emergencia social que el gobierno aspira a corregir.

La ministra de Vivienda ha querido destacar al respecto que el país vive una “reactivación real del sector”, pues en 2024 se construyeron por primera vez desde 2020 más viviendas que hogares constituidos. En total, fueron 127.000 residencias nuevas visadas, frente a 111.000 hogares creados en el mismo periodo. “Nos acercamos al objetivo para converger con la media europea y hay una base sólida para seguir avanzando”, ha incidido Rodríguez.

Por su parte, el presidente de Rebuild y consejero delegado de la promotora inmobiliaria Aedas Homes, David Martínez, ha respaldado el PERTE, insistiendo en que el objetivo anual de edificación es “alcanzable”. “Es la línea adecuada. El sector necesita transformar su modelo de construcción para poder incrementar su producción y poder fabricar las viviendas que necesita el país”.