Otro sofoco inútil en el Gobierno

El Gobierno de España anunció este jueves la cancelación de un contrato de 6,6 millones de euros para comprar 15 millones de balas a una empresa israelí para abastecer a la Guardia Civil. El contrato fue adjudicado por el Ministerio del Interior en octubre, meses después de que —a raíz de la masacre indiscriminada de civiles en Gaza— el presidente, Pedro Sánchez, prometiera en el Parlamento que España no iba a realizar “ninguna operación de compraventa de armas con Israel”. El expediente de contratación, sin embargo, siguió su curso hasta su publicación el viernes pasado. Este miércoles adelantó la noticia la Cadena SER. El escándalo del socio menor de la coalición, Sumar, y la necesidad de ser coherentes con las palabras de Sánchez y con su ejecutoria en relación a la guerra de Gaza han hecho reaccionar a La Moncloa. La duda por despejar es hasta qué punto Interior obró por su cuenta, sin informar al resto del Gabinete de la continuidad de un contrato políticamente tan delicado como ese.

Izquierda Unida, integrada en el espacio liderado por la vicepresidenta Yolanda Díaz, amenazó con romper la coalición ante tal nivel de contradicción. La izquierda que confluye en Sumar camina por una línea finísima desde que el Ejecutivo en el que participa ha decidido realizar un esfuerzo de rearme sin precedentes para cumplir los compromisos con la OTAN en un contexto radicalmente incierto. Lo hace amenazada electoralmente por Podemos, que puede enarbolar cualquier eslogan pacifista ya sin ataduras de gobierno. Ante la irritación mayúscula en Sumar y la evidente incoherencia entre palabras y hechos, La Moncloa decidió rescindir el contrato para apagar el incendio.

La contratación pública en la Administración está fuertemente regulada y vigilada. Excepto en emergencias como la pandemia —con, a veces, las consecuencias que hemos visto después— los expedientes son lentos y responden a criterios objetivables. El contrato de la Guardia Civil es contradictorio con el criterio expresado por el Gobierno, y ciertamente incómodo ante la deriva de Israel, pero podría entenderse en el contexto de una inercia burocrática que actúa al margen de las declaraciones políticas. Entre junio de 2023 y diciembre de 2024, España vendió material de defensa a Israel por valor de 50 millones de euros, a pesar de las declaraciones. Se tarda tiempo, si es que hay voluntad, en aplicar criterios tan drásticos como detener todo intercambio en materia de seguridad con un país que —hasta que Netanyahu se impuso arrasar la Franja— era un socio comercial líder en esa industria.

Sin embargo, hay momentos en los que es injustificable pasar por encima de los principios. Muchas veces la coherencia cuesta dinero. Algo que, dado lo excepcional del momento que viven Gaza y Cisjordania, es fácilmente comprensible para la ciudadanía. Ha sido el Ministerio del Interior el que ha levantado suspicacias, primero, al ignorar el criterio del presidente del Gobierno, y segundo al publicar el contrato un Viernes Santo, lo que lleva a pensar que se actuó, más que por inercia, con intención. Una vez descubierto, y amparándose en un informe de la Abogacía del Estado, Interior intentó presentar como imposible la cancelación del contrato, que sin embargo ha sido rescindido ipso facto por orden de Sánchez tras 24 horas de polémica. El ministro, Fernando Grande-Marlaska, tiene que responder por este episodio ante los ciudadanos y ante el Parlamento. Casi peor que la descoordinación es la sensación de que ninguna polémica relacionada con su ministerio tiene consecuencias.