Postura del CED sobre desaparición forzada en México, oportunidad que el Estado mexicano debe asumir

El Comité contra la Desaparición Forzada (CED) hizo pública el jueves 2 de abril su decisión de llevar “con carácter de urgente a la consideración de la Asamblea General de las Naciones Unidas” (ONU), la situación que guardan las desapariciones forzadas en nuestro país. La noticia, afortunadamente, ha tenido una gran repercusión, tanto a nivel nacional como internacional. No es para menos, en nuestro país están desaparecidas y no localizadas más de 132.000 personas, esto es, una de cada 1.000 personas que habitamos en este territorio.

En su decisión, el CED le solicita al Secretario General de la ONU que transmita a la Asamblea General la consideración de adoptar medidas que apoyen al Estado mexicano para prevenir, investigar, sancionar y erradicar las desapariciones forzadas. En concreto, el Comité propone que la ONU adopte acciones que se orienten a:

“(i) Brindar la cooperación técnica, el apoyo financiero y la asistencia especializada que México requiera en las áreas de búsqueda, análisis forense, e investigación exhaustiva de las alegaciones de desapariciones forzadas y de vínculos entre servidores públicos y el crimen organizado; y

“(ii) Establecer un mecanismo eficaz para esclarecer la verdad y proporcionar asistencia y protección a las familias que buscan a sus seres queridos, así como a las organizaciones y defensores que las apoyan”.

No hay duda de que esta solicitud es una oportunidad histórica para el Estado mexicano pero, sobre todo, una vía de esperanza para los cientos de miles de personas que están buscando a sus familiares desaparecidos. Sin embargo, sorprende que algunas autoridades hayan reaccionado de manera negativa en vez de asumir que la colaboración de mecanismos internacionales abre posibilidades concretas para fortalecer las capacidades institucionales y avanzar, de manera decidida, en la atención y resolución de la crisis de desapariciones que tanto daño nos ha causado.

La reacción sorprende, en primer lugar, porque desde 2008 México ratificó la Convención Internacional para Proteger a las Personas contra la Desaparición Forzada. A través de esta ratificación, el Estado mexicano se comprometió a investigar y sancionar las desapariciones forzadas. Además, en 2020 México reconoció formalmente la competencia del Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU, lo cual constituyó un hito en materia de derechos humanos, dado que implica la aceptación de recomendaciones y observaciones para el esclarecimiento de las desapariciones forzadas.

En segundo lugar, resulta sorprendente que algunas autoridades reiteren que en nuestro país no existe una política de Estado orientada a la desaparición forzada. En su decisión, el CED es claro y contundente al señalar que no existen indicios de una política federal orientada a la desaparición forzada de personas, sea por acción deliberada o por omisión.

Además, el Comité reconoce los esfuerzos que ha desarrollado el Estado mexicano en materia de desaparición forzada: se ha aprobado legislación que tipifica este delito, tal como lo plantea la Convención, y además se han instaurado una serie de instituciones y políticas para el registro y búsqueda de personas desaparecidas, así como para investigar la desaparición.

Pero estos esfuerzos no han sido suficientes y la prueba contundente son las más de 132.000 personas desaparecidas y no localizadas y los más de 72.000 cuerpos sin identificar. El hecho de que la desaparición forzada no sea una política de Estado no invalida la gravedad de este crimen o la pertinencia de la cooperación internacional.

En tercer lugar, llama la atención que algunas autoridades señalen de manera reiterada que en México ya no existen desapariciones forzadas. En su artículo 2, la Convención señala que “se entenderá por ‘desaparición forzada’ el arresto, la detención, el secuestro o cualquier otra forma de privación de libertad que sean obra de agentes del Estado o por personas o grupos de personas que actúan con la autorización, el apoyo o la aquiescencia del Estado, seguida de la negativa a reconocer dicha privación de libertad o del ocultamiento de la suerte o el paradero de la persona desaparecida, sustrayéndola a la protección de la ley.”

Desafortunadamente, en nuestro país sí hay casos en que agentes del Estado, es decir, servidores y servidoras públicas, han desaparecido personas. Aunque muchas de estas desapariciones permanecen impunes, otras han sido investigadas y sancionadas, lo cual obviamente da cuenta de la persistencia de este terrible crimen. También en muchos casos las desapariciones que cometen agentes privados (incluido el crimen organizado) cuentan con diferentes formas de participación y colaboración de servidores y servidoras públicas, lo cual también es reconocido cotidianamente por las propias autoridades mexicanas a través de investigaciones y publicaciones.

Pero lo que más preocupa de la reacción negativa de las autoridades es que provoca aún más daño a quienes solo quieren saber dónde están sus familiares desaparecidos. Para cientos de miles de personas en nuestro país, la decisión del CED valida su dolor frente a la cotidiana ausencia de un ser querido desaparecido. Para esas cientos de miles de personas se abre una luz de esperanza cuando el Comité hace un llamado a la comunidad internacional a brindar cooperación técnica, apoyo financiero y asistencia especializada para la búsqueda, el análisis forense y la investigación de desapariciones forzadas.

Por ello, Amnistía Internacional saluda esta decisión del CED, que no solo reconoce la grave y dolorosa crisis de desaparición que atravesamos en México, sino que subraya la urgencia de fortalecer las capacidades del Estado, reconoce la complejidad de la desaparición y plantea la cooperación internacional como una vía legítima y necesaria para garantizar los derechos de las víctimas.

En Amnistía Internacional, estamos convencidas de que la solidaridad es una expresión profunda de nuestra humanidad compartida. En ese sentido, con esperanza, compromiso y convicción, hacemos un llamado respetuoso a las autoridades del Estado mexicano para que acepten y aprovechen el acompañamiento que la comunidad internacional está en posibilidad de brindar, como una oportunidad para fortalecer las acciones encaminadas a enfrentar la crisis de desaparición y avanzar hacia la verdad, la justicia y la reparación para las víctimas.