La crisis de los desaparecidos escala el pulso de México contra la ONU

El Gobierno de México se ha enfrascado en una batalla con la Organización de las Nacionales Unidas (ONU), tras la decisión del Comité contra la Desaparición Forzada (CED) de escalar a la Asamblea General del organismo multilateral la crisis que atraviesa el país latinoamericano en esa materia. El pulso de México tiene trasfondo semántico y político. A raíz del informe que el CED emitió la semana pasada, el Gobierno ha rechazado que las desapariciones en México tengan carácter de “desapariciones forzadas” y “crímenes de lesa humanidad”, con el argumento —apegado a la literalidad de esos términos— de que no se trata de una política de exterminio patrocinada por el propio Estado, como sí ocurrió en la época de la Guerra Sucia, en el siglo pasado. El Gobierno también ha criticado las conclusiones del Comité porque —asegura— se basan en una revisión parcial de unos cuantos casos, en algunos Estados y en periodos de tiempo que no corresponden a los Gobiernos de Morena, el partido oficialista.

La Administración de Claudia Sheinbaum ha movilizado al aparato gubernamental y político para hacer eco de esas afirmaciones, aun cuando el informe del Comité aclara que, en efecto, las desapariciones no obedecen a una directriz gubernamental, pero sí advierte de que el Estado no ha hecho lo suficiente para atender una crisis de la que los mayores responsables son los grupos criminales. El informe final del CED fue elaborado tras más de una década de intercambio de información con el propio Estado mexicano, con organizaciones de derechos humanos y con los familiares directos de las víctimas. El periodo de trabajo también incluyó una visita de campo en 2021 y la emisión de recomendaciones urgentes. El informe del Comité concluye que en México persisten las condiciones estructurales que posibilitan el delito, que suma alrededor de 133.000 casos, a menudo con la participación o “aquiescencia” de autoridades locales, estatales y federales.

Las Secretarías de Gobernación y Relaciones Exteriores emitieron la semana pasada un comunicado en el que descalifican la resolución del CED, que consideran “tendenciosa”, carente de “rigor jurídico”, “parcial” y “sesgada”. Las dependencias señalaron que el informe no recoge las medidas que ha implementado la Administración de Sheinbaum para atajar el problema, en contraste con la inacción de los Gobiernos anteriores del PRI y el PAN. “El Gobierno de México no tolera, permite ni ordena desapariciones forzadas. Además, resaltamos que en esta Administración se ha emprendido una reforma legislativa e institucional, en coordinación con colectivos de familiares, para atender este flagelo”, señalaron en el comunicado.

A su vez, Enrique Ochoa, subsecretario de Asuntos Internacionales y Derechos Humanos, defendió que México ha mantenido una cooperación con el Comité “ejemplar e inmensa”, pero le acusó de “exceder su mandato” por “presentar un informe con falta de rigor jurídico, ampliando indebidamente el alcance de la definición de desaparición forzada”. La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), un órgano autónomo del Ejecutivo, asumió una postura incluso más dura y de descalificación a las oenegés que aportaron información al CED, a las que señala “por su manipulación de las demandas en materia de derechos humanos” y por su intento de “lucrar”. La CNDH aseguró que la desaparición forzada a manos de funcionarios federales “ha venido disminuyendo desde 2018” —año de la llegada al poder de Morena— “hasta prácticamente desaparecer”. También fustigó al Comité, acusándolo de tener una “postura acomodaticia y sesgada”, pues ignora los efectos de la guerra contra el narco del expresidente Felipe Calderón y minimiza “los proyectos de transformación política de los últimos años”.

La dirigente de Morena, Luisa María Alcalde, sumada al coro oficial, ha afirmado que la resolución del Comité de la ONU, “indebidamente”, clasifica como desapariciones forzadas los casos en que “el Estado no tiene participación”. “Un informe que no distingue con precisión la responsabilidad estatal de otras formas de violencia, como desapariciones por crimen organizado o desapariciones que no tienen que ver con delitos, no solo debilita el instrumento internacional, sino que dificulta que haya respuestas efectivas”, señaló. La dirigente morenista refirió a la nueva clasificación que ha hecho el Gobierno de las cifras de desaparecidos y que reduce a poco más de 43.000 los casos que empatan completamente con el delito (un tercio del total). “Nunca en la historia de este país se había tenido un compromiso tan firme con la búsqueda de personas desaparecidas”, sostuvo.

El presidente del CED, Juan Pablo Albán, salió al paso de la andanada de críticas del oficialismo al trabajo del órgano técnico de la ONU. El diplomático, cuyo nombramiento, como el del resto de integrantes del Comité, fue a propuesta de los países parte, aclaró que el informe “no se limita a un periodo cerrado”, pese a que México insista en que el análisis se detuvo hasta antes de los Gobiernos de Morena. Albán refirió que la enorme cantidad de desaparecidos en los registros oficiales “y su constante aumento son en sí mismos indicios de la magnitud del fenómeno a nivel nacional, sin que se vislumbre una tendencia inversa”. También señaló el agravamiento de la crisis forense, pues, a inicios de 2026, se estimaban alrededor de 72.000 restos humanos sin identificar, en comparación con los 52.000 registrados en 2021, año en que el Comité visitó el país. “El desacuerdo es legítimo, pero la descalificación es cuestionable”, asentó el diplomático.

Moisés Montiel, abogado especialista en derecho internacional, explica que el análisis del CED indica claramente que en México hay una “crisis endémica” de desapariciones y que el Estado ha sido omiso en actuar frente al problema. Actuar, en amplio sentido: desde localizar a las víctimas —con vida, o bien sus restos— hasta implementar todos los mecanismos necesarios y dotarlos de recursos para revertir el patrón de sistematicidad. El especialista reconoce que hay un “costo reputacional” en la decisión de escalar el asunto a la Asamblea General de la ONU, lo que explica la renuencia del Gobierno de Sheinbaum a abrazar las conclusiones del CED y el acompañamiento que derivaría de parte del sistema de las Naciones Unidas. “El Comité no dice que el Estado mexicano está desapareciendo gente. Sin embargo, en este punto, la vocación técnica del Comité deja de ser suficiente y todo el mecanismo se politiza”, incide. “El Comité advierte que el problema se le salió de control a México y en la Asamblea General lo jurídico deja de importar. Se vuelve un foro de golpeteo político”, agrega.

Pese a las críticas y la resistencia, no hay manera de que México eluda comparecer ante la Asamblea General de la ONU tras el informe del CED, pues se trata de una obligación adquirida por el país tras ratificar, en 2008, la Convención Internacional sobre Desaparición Forzada. “Allí, México deberá justificar que en el país no se practica de manera generalizada la desaparición por parte de particulares con aquiescencia o tolerancia del Estado”, detalla Montiel. El jurista añade que el daño a la reputación de México es una manera de obligarle a “comenzar, ahora sí, a hacer todo lo que pueda hacer”, máxime en un año tan importante para el país, con el Mundial de Fútbol en la puerta y la perspectiva de inversiones extranjeras. “Esas inyecciones de capital ¿se van a dar sobre las mínimas condiciones de seguridad física en el territorio?“, cuestiona.