Sheinbaum matiza el informe del Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU: “No tiene nada que ver con la 4T”

La presidenta, Claudia Sheinbaum, ha intentado quitar hierro a las conclusiones sobre México del Comité de la ONU contra la Desaparición Forzada (CED). En el documento, presentado la semana pasada, los expertos afirmaron que existen “indicios bien fundados” de que en el país se cometen desapariciones forzadas como crímenes de lesa humanidad. En ese sentido, la mandataria ha matizado este lunes los resultados. “No tiene nada que ver con los Gobiernos de la Cuarta Transformación [el movimiento político del oficialismo]. El Estado nunca puede usar la desaparición como un mecanismo de control”, afirmó.

La mandataria ha intentado puntualizar las conclusiones del informe con argumentos más técnicos que discursivos. En primer lugar, ha dicho que el estudio solo consideró cuatro de los 32 Estados del territorio mexicano: Coahuila, Nayarit, Veracruz y Jalisco. En segundo lugar, Sheinbaum ha subrayado que el grupo tomó como referencia los años 2009 a 2017, antes de la llegada al poder de su antecesor, Andrés Manuel López Obrador. “Ya nada más (con) eso, es suficiente para decir que no están muy exactos en el análisis que están haciendo”, criticó la mandataria.

De igual manera, Sheinbaum afirmó que la definición de desaparición forzada propuesta por la comisión de expertos es distinta a la establecida por las Naciones Unidas. “Es aquella que proviene de las instituciones de algún país para desaparecer personas por motivos principalmente políticos. El análisis que hacen ellos queda fuera de esta descripción”, criticó.

El CED sostuvo en el texto que las desapariciones en México se ejecutan con la aquiescencia del Estado. El grupo, asimismo, destacó que existe una colusión sistémica entre las fuerzas de seguridad —en sus distintos niveles, desde el municipio hasta el Gobierno federal— y grupos delictivos.

La evaluación estuvo respaldada por la información de la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH), que agrupa a cientos de oenegé en todo el mundo. El Comité también solicitó al secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, que remitiera la situación urgentemente a la Asamblea General. La publicación obtuvo una respuesta inmediata de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), que rápidamente cargó contra el documento, al que calificó de “parcial y sesgado”.

El alma del informe toca una fibra sensible en el Gobierno de Sheinbaum en un momento de tensión con los colectivos de búsqueda y defensores de derechos humanos. Días antes, el Ejecutivo presentó un polémico desglose de su propio registro de personas desaparecidas.

En el listado, solamente un tercio del total de personas con paradero desconocido —43.128— no han tenido ninguna “actividad”. En otras palabras, el Ejecutivo presentó un cribado a partir de la cifra conocida de 130.000, dependiendo de la información que se tiene sobre todas esas personas. Este filtro, que motivó el rechazo de distintas organizaciones, también reveló el enorme agujero que hay en las fiscalías: solo se iniciaron investigaciones en 3.869 de los más de 43.000 casos (9%).

“[El informe del CED] no tiene nada que ver con los trabajos que hacemos con los colectivos, con la solidaridad que tenemos con los padres y madres de familia, (...) el trabajo que estamos haciendo para erradicar este terrible delito”, concluyó la presidenta Sheinbaum.