Con Morena, el elefante burocrático, más reumático que nunca

Varias son las interpretaciones que se pueden dar al retrato que se hace de México en el reporte sobre barreras comerciales publicado el martes por la Representación Comercial de Estados Unidos (USTR, por sus siglas en inglés).

Es, por supuesto, una relatoría de lo que a juicio de Washington son incumplimientos de su socio mexicano en distintos sectores, desde Telecom hasta energía y patentes. Se acusa ahí a México por no estar a la altura de sus compromisos suscritos en el T-MEC.

A lo largo de la decena de páginas de ese reporte también se hace un reproche de políticas proteccionistas no basadas, según EEUU, en evidencia científica para impedir el comercio de maíz transgénico, herbicidas y otros productos genéticamente modificados.

No es menor, igualmente, la preocupación que manifiestan por las decisiones políticas del Gobierno de Claudia Sheinbaum para concentrar desde el Estado más funciones, rebajando el papel de reguladores autónomos y limitando la participación de los privados.

Si lo anterior no fuera suficiente para advertir lo inoportuna de esta radiografía cuando México y Washington inician la revisión del futuro del tratado de libre comercio establecido en 2020, hay que agregar que es un diagnóstico de la inoperancia del Gobierno mexicano.

En varios de sus apartados Estados Unidos señala graves deficiencias del Gabinete de Sheinbaum. Retrasos, falta de personal, burocratismo, discrecionalidad y fallas al implementar o hacer cumplir la ley son las plagas que el reporte de USTR le endilga a México.

Desde que se publicara, como ocurre cada año en el último día de marzo, pues es elaborado para entregarse al presidente y al Congreso de Estados Unidos, se han ido reseñando en la prensa mexicana las quejas, reservas y admoniciones del Tío Sam.

Mirados en conjunto, los señalamientos trazan el boceto de un Gobierno incapaz de impedir desde la pesca ilegal de embarcaciones mexicanas en vedadas aguas del Golfo de México, hasta la deficiencia para combatir la tala ilegal, pasando por graves fallas aduaneras.

Qué significativo que EEUU señale los problemas en aduanas, una de las áreas a las que la presidenta Sheinbaum, según sus propias palabras, más tiempo dedica, y donde sin embargo han ocurrido problemáticas que ilustran claramente el desafío de su Gobierno.

El reporte del USTR destaca que un “significativo número” de agentes aduaneros han sido suspendidos en el último año; lo grave en todo caso es que desde 2023 está cerrado, señala el documento, el proceso para aprobar a nuevos agentes. En el mismo tenor, destaca que la coordinación entre las autoridades aduaneras y el Sistema de Administración Tributaria, SAT, “ha mejorado, pero sigue siendo difícil”.

En el caso de la Cofepris (Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios), EEUU denuncia que productos que ya cuentan con autorización de la Administración estadounidense de alimentos y medicinas (FDA, por sus siglas en inglés) padecen retrasos de un año o más al solicitar permisos mexicanos.

“Hay reportes de que la Cofepris sigue con menos personal del debido e insuficiente capacidad para otorgar licencias sanitarias, así como conducir inspecciones a los fabricantes a fin de emitir certificados de buenas prácticas dentro de los plazos establecidos”, dice el informe.

Y así, el relato detalla retrasos debidos a poca capacidad en cuanto a instalaciones para llevar a cabo análisis técnicos en telecomunicaciones, y tardanza de Cofepris más allá de los seis meses que dicta la norma para admitir productos biotecnológicos.

Sobre el sector energía, acusa que las inversiones de Estados Unidos están condenadas a “frecuentes retrasos, solicitudes rechazadas sin explicación o justificación, así como la inacción con respecto a trámites para nuevos permisos o modificaciones a los existentes”.

En pocas palabras, el tono del documento sobre las barreras que pone hoy en México se resumen en estas líneas sobre el medio ambiente: “debilidad para hacer cumplir leyes ambientales, falta de efectividad en controles y corrupción generalizada”.

La emisión del informe coincide con el fin del primer cuarto del sexenio sheinbaumnista. Han transcurrido ya 18 meses del Gobierno que iba a consolidar lo que se modificó radicalmente entre 2018 y 2024. A pesar de lo anterior, lo señalado en el documento no resulta una sorpresa.

El que se pretendía como un obradorismo 2.0 está enredado en varios de sus errores y manías. Estados Unidos no revela nada al decir que la Cofepris y otras agencias son desesperantes, o que cambios en reglas se dan en cuestión de días y sin escuchar a los involucrados.

Que ahora Washington señale que ni el Gobierno que se creía más técnico que su antecesor ha podido destrabar trámites o generar certidumbre sobre autorizaciones, obliga a recordar que la actual tendencia estatista no saldrá medianamente bien si el Gobierno toma decisiones desde la precariedad de recursos y límites ideológicos.

Claudia Sheinbaum ha agotado el periodo de gracia: con año y medio en el poder, ni puede atribuir al pasado neoliberal los defectos de su Gobierno, ni cuenta ya con una benevolente explicación de que lidia con la herencia de su, intocable para ella, predecesor.

Si la presidenta lleva un año diciendo que limpiar y eficientar aduanas es una de sus prioridades, si se reúne con su equipo cada semana para ver avances al respecto, Washington le reprueba: en esa materia sobran trámites, faltan puertos de entrada y personal.

Una mirada estrictamente burocrática de por qué las aduanas estarían lejos de la eficiencia que la presidenta persigue dejaría de lado dos elementos del problema: lo irracional de ciertos nombramientos, y lo que se puede definir como una decisión de no perseguir la corrupción.

Porque este Gobierno por un lado dice que quiere que las aduanas funcionen mejor que nunca, y por otro lado nombra a quien un año después deja el puesto por una supuesta aspiración política. Es el caso de Rafael Marín Mollinedo, que regresó en febrero de 2025 a la titularidad de la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM) y que esta misma semana fue sustituido en el cargo.

Al confirmar la renuncia de Marín Mollinedo, personaje ligado a López Obrador, la presidenta Sheinbaum dijo que él mismo le había advertido que solo se podía quedar un año en el cargo. Es imposible decir si la mandataria cree que con tal explicación tranquiliza a alguien.

Más cuando van para ocho meses que se destapó un escándalo donde, vía puertos encargados a la Marina desde el sexenio pasado, dos sobrinos del exsecretario de la Armada traficaban combustibles a gran escala. De ese caso, con un sobrino prófugo, nada se informa.

Y ese escándalo de huachicol de gasolina hoy es sepultado en la prensa por otros, como el que la actual Administración está dando, y en varios niveles, con el derrame de chapopote en el Golfo de México, que va para dos meses sin explicación razonable o tranquilizadora.

La presidenta de la República ha hecho esta semana su primer gran cambio en el Gabinete a nivel secretarial. Roberto Velasco fue designado a ocupar la cartera de Relaciones Exteriores que desde meses atrás, por la grisura de su antecesor, ya desempeñaba.

Pero de muy poco servirá formalizar la llegada de un cuadro joven y dinámico a una función tan importante para la relación con Estados Unidos si no se revisa de fondo que el Gobierno está en los huesos, que su disfuncionalidad y sobreideologización atora las inversiones.

El informe del USTR pone en blanco y negro lo que sotto voce los empresarios mexicanos que tienen autorizaciones de millonarias inversiones pendientes cuentan: el Gobierno es incapaz de resolver el conflicto interno que le hace, al mismo tiempo, desconfiar de los capitalistas y de la gente preparada que podría ayudarle a hacer más eficiente la operación.

Todo mientras la presidenta agota su capital político en reformas y batallas que no resuelven los problemas reales de la economía y la inversión.

Con Sheinbaum, una presidenta que en campaña presumió su talante científico y ofreció reducir trámites y agilizar procedimientos, el elefante burocrático, como llamaba López Obrador al Gobierno, luce más reumático que nunca.