Contrabando, asesinatos y nepotismo: así operaba la red de huachicol fiscal del vicealmirante Farías Laguna

Era noviembre de 2024. El contralmirante Fernando Rubén Guerrero Alcántar iba conduciendo su camioneta roja por el centro de Manzanillo, en el estado de Colima. En una de las avenidas, dos sicarios lo interceptaron en una moto y vaciaron sus cargadores, acabando con su vida. En su momento, se especuló si el asesinato del funcionario de la Secretaría de Marina tenía que ver con varios decomisos de precursores para drogas sintéticas en el puerto de esta ciudad, principal entrada y la salida al comercio con China. Este domingo, el diario Reforma, citando fuentes de la Fiscalía General de la República, aseguraba que en realidad fue debido a que había denunciado ante el entonces titular de la Marina, el almirante Rafael Ojeda Luján, la red de corrupción en las aduanas comandada por sus sobrinos políticos, los hermanos Farías Laguna; la misma que se anunció su desmantelamiento este fin de semana con la detención de 14 personas relacionadas con el contrabando de combustible.

Entre los arrestados, la pieza mayor es el vicealmirante Manuel Roberto Farías Laguna, pero según dijo este domingo en una rueda de prensa el secretario de Seguridad Omar García Harfuch, hay otros seis marinos, tres empresarios y cinco exfuncionarios de aduanas. Las autoridades han asegurado que habrá más detenciones y que algunos de los involucrados están prófugos. Se puede suponer que se refieren a Fernando Farías Laguna, hermano del vicealmirante y también marino de alto rango.

Las acusaciones públicas de que los Farías Laguna eran los cabecillas de un grupo criminal dentro de la Marina, protegidos por su cercanía con el almirante Ojeda Luján, se remontan al menos a noviembre de 2022. Varias notas en prensa decían que eran “los encargados de la toma de decisiones sobre el ejercicio del presupuesto” y también que metían mano “en los ascensos, promociones, agregadurías y comisiones”.

Harfuch ha defendido a la Secretaría de Marina como institución y a Ojeda Luján en lo personal, con un discurso similar al de que unas manzanas podridas no estropean el cesto completo. También el fiscal general de la república, Alejandro Gertz Manero, lanzó un salvavidas al almirante, asegurando que hace dos años se acercó con ellos para pedirles que investigaran a algunos de los marinos que estaban en puestos de aduanas. Esta fue otra de las múltiples instituciones que se militarizaron durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, que lo justificada con la idea, parece que errónea, de que las Fuerzas Armadas son incorruptibles.

A mediados de junio, el contralmirante Guerrero Alcántar redactó una carta para Ojeda Luján, secretario de la Marina de 2018 a 2024, el periodo completo de López Obrador. Según dice Reforma, que ha tenido acceso a los documentos de la investigación, en ella denunciaba a Farías Laguna, sobrino político de Ojeda, de manejar las designaciones de marinos para que gente de su confianza acabará en puestos clave de aduanas para poder operar su red de contrabando. Guerrero llegó a reunirse con el almirante Raymundo Morales, sucesor de Ojeda, el 10 de octubre. Luego se fue de vacaciones, avisando a la Marina de dónde exactamente iba a estar esos días en Manzanillo y Mazatlán. La investigación hipotetiza que los autores materiales hasta podrían ser miembros de la Secretaría y que el asesinato, con el mismo modus operandi y armas, de Magaly Nava Ramos, empleada de la Fiscalía General en Colima, también está relacionado.

En la conferencia de prensa, García Harfuch explicó que la investigación desveló tentáculos de esta red de contrabando de combustible en Nuevo León, Tamaulipas, Veracruz y Ciudad de México. Aunque según Gertz Manero el trabajo de investigación comenzó hace dos años, el fiscal reconoció que fueron dos casos específicos, el del barco Challenge Procyan en Tamaulipas y el de un predio en Ensenada, Baja California, de donde derivó la detención de Farías Laguna y sus compinches. Estas dos fueron las mayores incautaciones de combustible de contrabando, con 10 millones y ocho millones de litros, respectivamente.

Popularmente conocido como huachicol fiscal, este delito consiste en introducir en el país gasolinas y otros hidrocarburos, usando documentación aduanal falsa, para no pagar impuestos. Justamente el mejor ejemplo para entender cómo funciona es el Challenge Procyan. En marzo de este año, este buque cisterna atracó en el puerto de Tampico, Tamaulipas. Según la documentación que presentó, venía desde Texas, con sus bodegas llenas de aceites lubricantes. Pero su información tenía inconsistencias y, tras ser inspeccionado, se descubrió que su carga era en realidad diésel. Es decir, habían dicho transportar un líquido no sujeto al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS).

Derivado de este hallazgo, las autoridades realizaron un cateo en un predio cercano a la ciudad de Altamira, donde incautaron 10 millones de litros de diésel, 192 contenedores y 32 vehículos. A los pocos días, tres funcionarios del puerto y de la Aduana de Tampico fueron cesados. Uno de ellos, Francisco Javier Antonio Martínez, fue también detenido estos días. La organización Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad reveló que era socio de los dueños de Intanza, la empresa que importó el huachicol asegurado.

Hasta ahora no se tenía conocimiento de que el decomiso de ocho millones de litros en un predio en Ensenada, Baja California, el pasado marzo estaba relacionado con esta red. Según se comentaron entonces las instituciones, recibieron varias denuncias ciudadanas de que en un predio en la autopista que une Rosarito con Ensenada. Tras lograr una orden de cateo, entraron al descampado e incautaron un centenar de contenedores llenos de gasolina más 46 camiones cisterna. En total, estimaron casi ocho millones de litros de carburante. Según reconoció en redes sociales, el terreno es propiedad de Gerardo Novelo Osuna, antiguo senador por el partido Morena, que lo tenía alquilado a un tercero.

Este 2025, el IEPS se ha movido en un rango entre 5,4 y 7 pesos el litro, según el tipo de petrolífero. Esto significa que los 18 millones de litros asegurados supusieron un desfalco a las arcas mexicanas de, al menos, 97 millones de pesos. Y, aunque parezca mucho dinero, es una nimiedad si se analiza el panorama completo: la consultora Petro Intelligence calculó que el daño al erario público por el contrabando de combustible es de 177.000 millones de pesos al año.