Escenarios para una presidenta de cabeza fría
Sheinbaum no encabeza un narcogobierno. Las fuerzas políticas han de medir el impacto de repetir cosas que riman con el apetito intervencionista de Trump


Claudia Sheinbaum decía el 29 de diciembre que “el 2025 fue un año complejo, sobre todo por la entrada del presidente Trump”. Por realista que fuera, hoy de poco sirve tal balance para prever las dificultades que el 2026 deparará a México luego de los nubarrones que el rapto de Nicolás Maduro, la madrugada del 3 de enero, provoca en el horizonte.
Allende el Bravo, desde enero de 2025 se instaló un equipo que reclama para Estados Unidos la discreción absoluta en cuanto a lo que puede hacer en el mundo, y particularmente en América Latina.
Si la sustracción militar de Maduro fue sorpresiva, las justificaciones posteriores son chocante. El staff de Donald Trump no se corta a la hora de asegurar que esta Casa Blanca está en su derecho a decidir quién puede y quién no hacer negocios con el petróleo de Venezuela. Restablecer la democracia o hacer justicia para las víctimas de ese país no son tema para Washington.
Decir que la Administración Trump es arrogante al desdeñar dudas legales sobre la operación que llevó al sucesor de Hugo Chávez a Nueva York a enfrentar un juicio es pérdida de tiempo.
El mensaje de fondo agravia más aún que las formas: “todo vale si lo dice el tío Sam, o sea nosotros”. Hasta la narrativa misma de la acusación contra Maduro y su esposa Cilia Flores en la Corte de Manhattan ha comenzado a ser reescrita.
Ya preso, Maduro será acusado de lo que convenga a la Casa Blanca para presionar a Caracas y, por supuesto, a otras capitales, entre ellas la mexicana.
Esas presiones contra México y su presidenta iniciaron desde el minuto uno de las declaraciones del presidente Trump y sus colaboradores (sin faltar porristas tanto en la política como en los medios de EE. UU.) tras conocerse la sangrienta sustracción de Maduro.
“Algo habrá que hacer” con México, dijo Trump a Fox News cuando el planeta aún no se reponía del shock de la noticia del operativo que pocas horas antes descabezó al madurismo para, de momento, dejar en el poder a prácticamente todos los colaboradores del hoy detenido en Nueva York.
El mensaje, la amenaza para decirlo más propiamente, es aderezado con la repetida cantaleta de que la presidenta Sheinbaum no gobierna el país, que México está en poder de los cárteles criminales. Es una narrativa peligrosa que falta a la verdad y que desprecia la colaboración de Claudia.
México padece una compleja crisis de inseguridad de origen multifactorial. Si una cosa hay que reconocer a quien asumió el poder en octubre de 2024 es la decisión de cambiar el modelo de combate al crimen. Ha apostado en ello su capital político y cuenta ya con algunos logros.
En ese golpe de timón es demostrable que Estados Unidos, particularmente desde el regreso de Trump a la Casa Blanca, ha sido un factor. Con Sheinbaum la cooperación bilateral en la materia ha alcanzado niveles no vistos entre 2018 y 2024, y la agenda de prioridades de Washington ha sido atendida por México con entrega de delincuentes y operativos.
Aún así, los halcones de la Administración Trump piden más sangre. En el frenesí por el éxito sin bajas de su parte en el secuestro de Maduro, hacen coro para señalar que algo habrá que hacer con México. La pregunta es qué puede hacer México para tratar de esquivar esa intentona.
Hace bien la presidenta en no salirse de su guion y seguir sin contestar a cada declaración, en evitar engancharse con las palabras de quienes subestiman su capacidad y decisión. Nada gana con caer en una provocación, menos cuando en la agenda bilateral hay pendientes como la revisión del T-MEC, cuya cancelación o drástica modificación no solo comprometería a la economía mexicana, sino la gobernabilidad misma.
Así que un primer escenario para la presidenta es mantener la cabeza fría frente a lo que declaren en Estados Unidos y, dirían por ahí, tomar cada curva según vayan viniendo los hechos. Sin adelantarse, sin confiarse. Pero hay otras agendas que puede revisar o cambiar a fin de fortalecerse.
Un segundo escenario de acción es intrínsecamente local y político por partida doble. Algo en el debate nacional se pudrió cuando en él se instaló, un par de años atrás con temeraria naturalidad, la retórica que sin pruebas acusa a Morena de constituir un narcogobierno. Es momento de tratar de limpiar eso.
Importa poco hoy si fue el régimen el que, embelesado con picantes testimonios del juicio en EE. UU. contra García Luna, abrió la puerta a que unos y otros repitan como loros que, si se dice en una corte estadounidense, tal o cual es narco. Porque ahora lo crucial es poner a la política mexicana a la altura del riesgo que se enfrenta con el Estados Unidos más anexionista en décadas.
Hay que limpiar a la política de una retórica irresponsable y no pocas veces insustancial. La presidenta no encabeza un narcogobierno. Y las fuerzas políticas, todas, han de medir el impacto de repetir cosas que riman con el apetito intervencionista de Trump.
Que el debate vuelva a un escenario de civilidad no va a ocurrir ni por arte de magia ni sin acciones del Gobierno federal. El año se va a poner peor, antes que mejor, y Sheinbaum necesita fortalecerse. Y su equipo ha de labrar la operación política para que no se importe la simplista falacia con que buscan decir que aquí no hay Estado.
En paralelo, la presidenta ha de atajar ya los indicios creíbles y las acusaciones puntales en contra de miembros de su movimiento por presuntas tramas criminales. Los señalados, sean el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha, o el líder de Morena en el Senado, Adán Augusto López, han de ser investigados.
Política plural y justicia sin miramientos. Dos cosas que ha quedado a deber Palacio Nacional desde el cambio de sexenio. Que se hable y negocie con todos; y que las acusaciones de presunto involucramiento con el narco sean revisadas, y que solo las autoridades determinen culpables.
Lo anterior incluye a ciertas iniciativas ciudadanas y de paso a la prensa. Construir un sistema de procuración de justicia parte de demandar a las instituciones para que cumplan con su labor, no pretender sustituirlas. El periodismo y los activistas han de aportar información —contrastada, ponderada, demostrable— pero no son ministerio público ni juez.
No se puede catalogar sin más a alguien como narcotraficante sin causa penal probada. Abundan delincuentes que atosigan a poblaciones enteras, faltan fiscalías y policías para pacificar esas regiones, y sobra histeria en señalamientos que incluso si son bien intencionados machucan la presunción de inocencia y en una de esas empañan el debido proceso, lo cual, tristemente, podría terminar por ayudar a los criminales a evitar el castigo.
Finalmente, la presidenta ha de sacar a México del aislamiento global en que fue cayendo con una política del avestruz que el expresidente Andrés Manuel López Obrador instaló para tratar de que nadie se metiera con él y su gobierno, al tiempo de que peleaba con aliados históricos y aceptaba a inaceptables como Maduro.
Sheinbaum ha dado, en el marco de la crisis detonada el 3 de enero, un gran paso en ese rumbo al dialogar con el Gobierno de España a fin de plantear una postura común a favor del multilateralismo. Reclamar un perdón por los abusos del pasado nunca debió cancelar el diálogo fluido.
Faltaría restituir la normalidad con Perú, nación con la que nos unen dos siglos de relaciones; la agenda con ese país también quedó atrapada en pugnas donde, incluso si en Palacio quieren seguir abogando por ciertos personajes andinos, se pueden hacer las dos cosas simultáneamente. Hacer diplomacia, pues.
La presidenta tiene que limpiar la casa. Investigar a sospechosos de todos los colores para desfondar la dañina retórica que aquí hace eco de una hipócrita (EE. UU. es corresponsable de tantas maneras) preocupación trumpiana por los cárteles. Y regresar a México al multilateralismo.
México tiene serios problemas con cárteles que crecieron por omisión y deficiencias de anteriores gobiernos. La presidenta Sheinbaum está afanada en corregir esa deuda con la población mexicana, que en demasiadas regiones vive bajo el yugo de la extorsión y con el miedo de ser víctimas de otros delitos.
Para lograr su objetivo en esa materia, Claudia no puede escabullir su obligación de someter a investigación formal a los señalados, entre ellos los de su movimiento. Si no lo hace, le estará fallando a las víctimas, y abrirá una fisura que ni con operación política podrá cambiar el discurso que hoy pretende decir, dentro y fuera de México, que vivimos bajo el gobierno del narco.
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