El ‘quinazo’ de Sheinbaum

Durante meses se especuló cuál sería el quinazo de Sheinbaum: el golpe político que marcaría, sin ambigüedades, el inicio real de su presidencia mediante una demostración abierta y rotunda de poder.

No tengo duda de que ese momento llegó la semana pasada, cuando Ernestina Godoy, la abogada más cercana a la presidenta, ascendió a la Fiscalía.

Para Sheinbaum, pocas decisiones alcanzan la envergadura de tal paso. Un movimiento que, me atrevo a decir, para la presidenta misma fue más profundo y decisivo que la propia reforma judicial.

La reforma judicial, que muchos interpretaron como el primer paso hacia “el control absoluto de la presidencia sobre la justicia”, terminó, en los hechos, convertida en un fiasco. Salvo contadas excepciones y en temas muy específicos, la mayoría de los ministros de la nueva Suprema Corte mantienen una visión esencialmente liberal del Derecho, que sigue privilegiando los intereses privados sobre los bienes públicos y que reproduce, en gran medida, la perspectiva jurisdiccional de la Corte anterior.

Los criterios de esta nueva Corte se asemejan demasiado a los de su antecesora como para afirmar, al menos por ahora, que la profecía de la captura política se haya cumplido. De hecho, más allá de ajustes administrativos menores, la gran mayoría de las sentencias se ha resuelto por votación dividida: un patrón que resulta incompatible con cualquier control hegemónico, el cual inevitablemente produciría decisiones casi unánimes y alineadas con la coalición gobernante.

Por eso, si el Poder Judicial “es de Morena”, lo único realmente claro es que existen muchas Morenas. El Poder Judicial encarna, en la práctica, un abanico amplio y disparejo de ideologías, muchas de ellas abiertamente contradictorias con las posturas más estatistas e izquierdistas del partido.

Esto ocurrió porque la elección judicial no se condujo de manera vertical, sino mediante acuerdos, negociaciones y un reparto de influencias en el que gobernadores y operadores locales tuvieron un papel decisivo. Al final del día, fueron ellos quienes aportaron el músculo de movilización necesario, dejando una huella tan diversa como sus propios intereses. Y en esa diversidad se esconde la verdadera naturaleza del poder de Morena. Un poder muchas veces caótico y horizontal, y pocas veces calculado de manera vertical.

No así la Fiscalía. La designación de Godoy fue una decisión vertical y profundamente personal por parte de la presidenta y recayó en una institución que, debido a su ya conocida opacidad y disfuncionalidad, puede ser operada con mucha mayor discrecionalidad.

De hecho, prácticamente todos los golpes de poder ejecutados por Morena en los últimos años han pasado, de una u otra manera, por la mano del fiscal.

La mayoría calificada necesaria en el Senado se alcanzó gracias al voto de Miguel Ángel Yunes Márquez, figura rodeada por una larga estela de señalamientos y expedientes abiertos. Para muchos observadores, ese historial pudo haber funcionado como un sutil anzuelo que facilitó su inesperado viraje hacia el oficialismo.

También han circulado versiones que sugieren que, en el caso del exministro Alberto Pérez Dayán, su decisión de no bloquear la reforma judicial habría estado influida por presiones relacionadas con su supuesta ludopatía.

Quien conoce el poder en México lo sabe. Sin ambigüedad. Cada uno de los dobleces que dan los máximos operadores políticos del país es una tuerca que se gira y se ajusta gracias a una dupla infalible: una fiscalía capaz de actuar con amplia discrecionalidad y la prisión preventiva oficiosa.

Es este binomio el que permite que los adversarios políticos permanezcan años en la cárcel a la espera de una sentencia, mientras sus expedientes se hunden en el interminable embudo de los ministerios públicos.

El Poder Judicial no es el poder de la presidenta, ni de Morena, porque el poder unificado en ese partido no existe. La fiscalía sí lo es.

El golpe al Poder Judicial fue un malabareo fino de intereses. El de la fiscalía fue un quinazo.

Hasta antes de Godoy, el titular de la fiscalía había funcionado de facto como un malabarista independiente. Una figura que se acercaba o alejaba de las fuerzas opositoras u oficialistas a placer, en momentos clave y en temas selectos, para dar y regalar favores. Tortuguismo o decisiones a modo. Nada estaba exento de ser usado como herramienta.

La era de Ernestina Godoy promete una fiscalía abiertamente coordinada con el ejecutivo federal, lo cual tendrá la virtud y el riesgo de acoplar las acciones de fiscalía con los objetivos de la presidencia. Aquí no habrá malabarismo. Esta es la inequívoca fiscalía de Sheinbaum. Y en ella se observará su poder.

Las señales ya están siendo enviadas.

En menos de una semana, tres exgobernadores opositores, César Duarte de Chihuahua, Javier Duarte de Veracruz y Francisco Javier García Cabeza de Vaca, han recibido terribles noticias. El primero fue arrestado. El segundo enfrentará cargos por lavado de dinero que había logrado sortear hasta ahora. Y el tercero, por delincuencia organizada.

Otro mensaje importante va para los factureros de gran calado. Al menos aquellos asociados con la oposición. Una de las primeras decisiones de la nueva fiscal fue facilitar la extradición de Víctor Manuel Álvarez Puga, al que considera el gran arquitecto de una red de empresas fantasma que ha drenado millonarios recursos al erario mediante la emisión de facturas falsas.

Quién hubiera pensado que el verdadero asidero de la oposición no era el Poder Judicial, era la fiscalía.