Godoy lanza su primer golpe como fiscal con la captura de César Duarte

El exgobernador de Chihuahua César Duarte vuelve a pisar la cárcel por sus implicaciones en el desfalco del Estado que encabezó, entre 2010 y 2016. La llegada de Ernestina Godoy como titular de la Fiscalía General de la República (FGR) aceleró la ejecución de un expediente contra el político priista que se fue forjando a lo largo de un año y medio, todavía en la era del exfiscal Alejandro Gertz. México estaba a la espera de que Estados Unidos —país que extraditó en 2022 a Duarte, acusado de desvío de recursos públicos y asociación delictuosa— diera su visto bueno para que se sumara una nueva acusación federal en su contra por blanqueo de capitales. Una vez que Godoy asumió las riendas de la Fiscalía, el Gobierno mexicano dio un último toque en Washington para insistir nuevamente sobre la misma petición. La autorización llegó al despacho de la flamante fiscal la semana pasada, de acuerdo con fuentes federales consultadas por EL PAÍS. Godoy no demoró más e instruyó este lunes la captura de Duarte, que será enviado al penal de máxima seguridad del Altiplano, Estado de México.

El exgobernador de 62 años pierde así los privilegios de que había gozado en Chihuahua, donde enfrentaba algunas acusaciones del fuero estatal en libertad condicional. Duarte, muy asiduo a los medios, sobre los que ejerció un enorme control durante su mandato, solía filtrar imágenes de sí mismo en las que bailaba y celebraba sus condiciones favorables. El político priista, acusado por la Fiscalía del Estado de haber desviado 6.000 millones de pesos (más de 300 millones de dólares), comenzaba a pavimentar la versión de que era inocente y un perseguido político de Javier Corral, quien le sucedió en la gubernatura (2016-2021) y que le investigó. El arribo de Maru Campos a la gubernatura cambió el tablero a favor de Duarte. El exmandatario pasó poco tiempo en prisión, primero por sus prolongadas salidas por motivos de salud y, finalmente, por su liberación.

Desde el Gobierno federal, el expresidente Andrés Manuel López Obrador advirtió de que la Administración de Campos estaba dando un pase de impunidad a Duarte y ello encendió las alertas. El exgobernador es uno de los grandes símbolos de la corrupción política del PRI en la era de Enrique Peña Nieto. Fue uno de los protagonistas de la Operación Safiro, un mecanismo de desvío de recursos para financiar campañas electorales, en el que participaron gobernadores del PRI y altos funcionarios de la Hacienda federal. Otro caso, bautizado como la Nómina Secreta, señala que, siendo gobernador, Duarte pagaba sobornos a decenas de figuras influyentes en el Estado, desde políticos de oposición hasta periodistas y líderes sindicales. En este caso, la Fiscalía de Chihuahua denunció a Maru Campos por, presuntamente, haber cobrado unos 10 millones de pesos en sobornos siendo diputada local del PAN.

Otras acusaciones describen la amplitud de los negocios del exgobernador a la sombra del poder. Está el caso en el que desvió 96 millones de pesos a dos empresas en las que tenía acciones; el desvío de 100 millones de pesos con los que Duarte quiso constituir un banco; la retención ilegal de salarios a funcionarios estatales para enviarlos al PRI de Chihuahua; la adquisición de ranchos y lujos en México y Estados Unidos por 190 millones de pesos con dinero público; la construcción, sin permisos, de una presa en uno de sus inmuebles para robar agua… Una veintena de órdenes de captura se libraron contra el exgobernador desde la justicia de Chihuahua, pero en ninguna se le ha dictado sentencia; al contrario, se le ha concedido el beneficio de enfrentar las acusaciones en libertad.

El Gobierno federal advirtió de la amenaza de la impunidad no solo por los privilegios obsequiados a Duarte, sino porque la Administración de Maru Campos emprendió una agresiva persecución contra los funcionarios que la investigaron a ella y al exmandatario priista. Fue emblemático el encarcelamiento del fiscal anticorrupción de Chihuahua que desentrañó el desfalco al erario durante el duartismo. A finales de 2022, López Obrador pidió a la FGR, todavía en manos de Gertz, que atrajera este caso, en un afán de aliviar a los funcionarios que estaban bajo asedio tras haberse metido a indagar la corrupción de Duarte y sus cómplices.

Paralelamente, comenzó a prepararse en la Fiscalía la nueva acusación contra el político del PRI, con base en las investigaciones que en su momento llevó a cabo la Fiscalía chihuahuense en la era de Corral. En mayo de 2024, un juez federal concedió la orden de captura por banqueo de activos, pero no se podía ejecutar sino hasta que Washington autorizara que Duarte fuese procesado por un cargo distinto a aquellos por los que explícitamente fue requerido inicialmente por México, como establece el Tratado de Extradición entre los dos países. La petición a EE UU, que la Secretaría de Relaciones Exteriores inició formalmente en octubre de 2024 —a inicios del sexenio de Claudia Sheinbaum—, señalaba a Duarte por “su probable intervención como servidor público en Chihuahua en un esquema de lavado de dinero, en el que pretendió ocultar recursos de procedencia ilícita desviados de las arcas estatales, utilizando para ello el sistema financiero mexicano”, de acuerdo con una ficha divulgada por la FGR este lunes.

La respuesta de Washington demoró poco más de un año, pero estuvo entre las prioridades de la agenda bilateral de Sheinbaum, primero con Joe Biden y ahora con el presidente Donald Trump, según las fuentes consultadas por este periódico. Ese fue uno de los temas planteados por el canciller mexicano, Juan Ramón de la Fuente, en reuniones de alto nivel sostenidas con funcionarios de EE UU en sus visitas a ese país. Según esta versión, el consentimiento otorgado por Washington forma parte del toma y daca entre los dos países en materia de seguridad y justicia, que se ha traducido en el intercambio de criminales de interés tanto para México como para Estados Unidos.

La fiscal Godoy, una funcionaria muy cercana a Sheinbaum, ha cerrado una pinza que se abrió, pero se entramó, durante la gestión del otrora poderoso Gertz. A pocos días de haber tomado las riendas de la Fiscalía, el caso contra Duarte, uno de los grandes enemigos del relato oficialista, es el primer gran golpe de Godoy, y marca el rumbo y la celeridad que pueden tomar los asuntos que involucran a los representantes de la oposición presuntamente vinculados a la corrupción. Está por verse qué destino tendrán los casos que salpican a los miembros de las filas del oficialismo.