Prófugo, preso, extraditado: el giro narrativo de César Duarte para volver a la política en México

El exgobernador de Chihuahua César Duarte estuvo prófugo de la justicia, fue buscado por la Interpol, detenido en 2020, encarcelado en Estados Unidos durante dos años, extraditado a México por los delitos de peculado y asociación delictiva, y otra vez llevado a prisión. Ahora, en libertad condicional, trata de dar un giro drástico a la narrativa de su vida para regresar de lleno a la polìtica del Estado fronterizo.

Duarte enfrenta su proceso penal en libertad condicional desde hace un año, cuando una jueza ordenó que le cambiaran las medidas cautelares de prisión preventiva a domiciliaria, con portación de brazalete. Esto le permite moverse sin restricciones por la ciudad de Chihuahua, pero no salir de ella. Esta mejoría en las condiciones le ha permitido reaparecer en público, salir de baile, dar conferencias de prensa y ofrecer entrevistas en las que busca revertir la imagen de delincuente que lo ha perseguido desde que terminó su administración en Chihuahua en 2016.

“Yo no tengo ninguna denuncia federal”, afirmaba tajante en una de sus últimas ruedas de prensa. Sus palabras contrastaban con las de la presidenta, Claudia Sheinbaum, que hace un mes anunciaba que el Gobierno interpuso una denuncia penal ante la Fiscalía General de la República (FGR) por la construcción ilegal de una presa en su rancho en Balleza, Chihuahua, con la que se le acusa de haberse llevado el agua tras modificar el curso de varios ríos.

Con una veintena de órdenes de aprehensión pendientes, el escenario político para el exgobernador es complicado, dado el universo de acusaciones que pesan en su contra. Se le busca por el desvío de recursos del Gobierno del Estado hacia el PRI por casi 100 millones de pesos, lo que se conoció como Operación Safiro; se le busca por peculado grave y también por delitos electorales. Pero nada de esto para al político que parece decidido a volver al ruedo político del Estado que lo vio tanto subir como hundirse.

La disputa Duarte vs Corral

César Duarte fue acusado en Estados Unidos por el Gobierno de Chihuahua de hacerse de 50 propiedades en el país norteamericano con dinero robado de las arcas públicas, en una operación con la que se buscaba recuperar bienes para el Estado. Sin embargo, el 26 de junio de este año se dio a conocer que la causa en su contra había sido cerrada. Lo que Duarte define como un acto de absolución, para Javier Corral, también exgobernador de Chihuahua y ahora senador por Morena, es un tema de inacción por parte del Gobierno actual de la panista María Eugenia Campos Galván, a quien señala de ser parte de la nómina secreta a través de la que Duarte pagó a funcionarios y políticos mientras fue gobernador.

“La Corte de Estados Unidos ya determinó que no hubo ni lavado de dinero, que no hubo desfalco, que no hubo adquisición de propiedades y la investigación la llevó a cabo el Departamento del Tesoro Estados Unidos en sintonía con el FBI”, dijo César Duarte en una rueda de prensa esta semana desde el despacho de sus abogados, “o sea, la magnitud de la investigación fue muy seria. Y a la fecha se declaró completamente desestimada esa acusación con efectos de una sentencia absolutoria”.

Es distinta la visión de Corral: “Durante casi cuatro años que lleva Maru Campos, el despacho que se contrató para llevar el caso le estuvo pidiendo información, nunca les contestaron un solo correo electrónico. Entonces determinó el juez que si en tanto tiempo no se presentaba actividad, lo que sigue es cerrar el caso y se desiste de la causa, del juicio. O sea, nunca se le absolvió de nada”, afirma el político desde el Senado de la República. “Eso de que el juez dijo que no había tales propiedades, si tú vas y ves la resolución, eso no lo dice. Lo que pasa es que se desiste, ¿por qué? Porque ya no hay mayor actuación, ya las partes no están actuando. Y eso es porque el Gobierno de Maru Campos dejó de actuar con toda la intención de favorecer a Duarte”, apunta el senador.

La última petición de información que se hizo por parte de la firma de abogados Buzbee a la administración de María Eugenia Campos, que representó al Gobierno de Chihuahua fue el 8 de abril de 2025, de acuerdo con documentos a los que tuvo acceso EL PAÍS. “Duarte tiene agarrada a María Eugenia Campos de sus debilidades y de sus corruptelas. Esa es la verdad. Por eso nunca lo hicieron”, aseguró Corral. Este periódico solicitó una entrevista a César Duarte y María Eugenia Campos, pero no dieron respuesta.

El robo de agua en El Saucito

El 27 de mayo, la Comisión Nacional de Agua (Conagua) derribó una presa, cuatro represas y un pozo dentro del rancho El Saucito, propiedad de Duarte, lugar donde se retenían de manera ilegal 700.000 metros cúbicos de agua, para un terreno de 609 hectáreas, lo equivalente al Bosque de Chapultepec. Y cuya cantidad de agua da para abastecer los cultivos de Camargo por un mes. La historia viene de años atrás.

En 2018, la Conagua identificó esta infraestructura ilegal e impuso una multa de 1,4 millones de pesos (unos 75.000 dólares) a César Duarte por no contar con las concesiones necesarias para desviar a sus presas el agua de tres ríos con los cuales además de alimentar sembradíos y ganado de cientos de personas en Camargo, también se pagaba el agua que se debe entregar a Estados Unidos de acuerdo con el Tratado Internacional de Aguas de 1944 y que alimentan a la presa La Boquilla, que tuvo graves problemas de sequía en los últimos años.

El exgobernador interpuso un amparo para no pagar la multa, pero en marzo de 2020 las autoridades federales determinaron no amparar ni proteger a Duarte en este caso. “Al final se confirmó que hay una conducta ilegal que requiere ser reparada en bien de la sociedad”, dio a conocer la Conagua en un comunicado. Por esa razón, la dependencia presentó una denuncia el 3 de junio ante la Fiscalía General de la República por el uso ilegal de cauces federales. El problema de la retención no es solo legal sino que tiene implicaciones ambientales muy fuertes.

“La retención ilegal de agua que se hizo tuvo impactos ecológicos profundos. Al impedir que el agua siguiera su curso natural se interrumpió el flujo hacia zonas donde cumple funciones esenciales como la recarga de mantos freáticos. Esta alteración afectó directamente a las especies que dependen del agua en cada etapa de su ciclo, como las aves migratorias, que encuentran en humedales y cuerpos de agua puntos clave para descansar, alimentarse o reproducirse. Cuando el agua no llega a estos sitios, se acelera la degradación del suelo, la desertificación, y se pierde biodiversidad”, explica por teléfono Isaac Miramontes, biólogo de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, que ha estudiado la zona.

El desvío hacia el PRI

El 30 de junio de 2017, el Centro de Justicia Penal Federal de Chihuahua liberó una orden de aprehensión por la causa penal 457/2017 en contra de César Horacio Duarte Jáquez por destinar de manera ilegal fondos públicos para apoyar a un partido político. La orden de aprehensión está vigente, de acuerdo con uno de los abogados que llevan el caso y que pidió anonimato, pero está trabada porque se necesita la aprobación del Departamento de Estado de Estados Unidos para poder cumplimentarla.

“Actualmente, la orden de aprehensión está vigente, pero su ejecución depende de la autorización expresa del Departamento de Estado de los Estados Unidos. Lo mismo ocurre con las demás órdenes libradas en su contra: cerca de una veintena. Cada una de ellas requiere una autorización independiente del Departamento de Estado para poder ser ejecutada, conforme al principio de especialidad que rige el régimen de extradición”, desarrolla el abogado.

“De acuerdo con este principio, una persona extraditada solo puede ser procesada por los delitos específicos que motivaron la solicitud y concesión de la extradición. Para poder procesarla por otros hechos distintos —es decir, por otras órdenes de aprehensión que no fueron incluidas originalmente en la solicitud de extradición—, es necesario obtener una autorización adicional del país requirente, en este caso, del Departamento de Estado. Esto se conoce como la regla de excepción al principio de especialidad. El caso de César Duarte es insólito e inédito. Nunca antes una persona extraditada había tenido tantos cargos”, explica el litigante.

“Normalmente, la extradición se solicita por un solo cargo penal, lo cual permite mantener un control procesal razonable. Sin embargo, en este caso existen más de 20 órdenes de aprehensión por diversos delitos de corrupción —incluso a nivel federal—, lo que ha generado un cuello de botella. El sistema no estaba preparado para enfrentar una situación de tal magnitud. Esto le está jugando a favor. Paradójicamente, la gravedad de los hechos y lo grotesco del acumulado de acusaciones han terminado beneficiando a Duarte, quien confía en que este cuello de botella se traduzca en impunidad. A pesar de la gravedad de los cargos, las pruebas y el número de delitos imputados, no puede ser procesado mientras no se obtenga la autorización correspondiente del gobierno estadounidense”, dijo.

EL PAÍS tuvo acceso a la orden de aprehensión que contiene entre otros datos, los testimonios de empleados estatales que aseguraron que fueron obligados a dar el 10% de su sueldo para el PRI bajo órdenes de Duarte. “Me desempeño como asesor técnico desde hace aproximadamente 17 años... tengo conocimiento de mis retenciones, di autorización y consentimiento... Jamás estuve de acuerdo pero tuve que permitirlo por temor a perder el empleo. Quiero mencionar que en la campaña 2015 o 2016 celebradas en el estado de Chihuahua me afilié al PRI, por coacción de mis superiores jerárquicos, y por temor a perder mi estabilidad laboral... mi afiliación no es de mi agrado”, dijo uno de los testigos en ese momento.

“Al final, el caso de Duarte está quebrando el sistema, y deja ver que no resiste, ni soporta, cuando se procesan casos de gran corrupción”, mencionó el abogado involucrado en la investigación, “Lo grotesco y ominoso de la corrupción de César Duarte, irónicamente lo está dejando en la impunidad, y dándole la oportunidad de tergiversar la narrativa pública para venderse víctima e inocente”.