La Suprema Corte se parte ante la decisión de reabrir juicios cerrados

La Suprema Corte salida de las urnas se fijó el ambicioso objetivo de poner fin a todas las injusticias, un propósito que sobrevuela o es sacado a colación por los nuevos ministros en cada discusión plenaria que trasciende a la opinión pública, que son cada vez más. La última, de esta semana, ilustra el debate interno al que se enfrenta el Constitucional: si ese loable deseo puede imponerse a los procedimientos jurídicos concretos que delimitan la búsqueda de justicia. No todos los juzgadores han llegado a la misma conclusión. El Pleno se ha partido este miércoles en torno a la decisión de si pueden o no reabrir juicios cerrados bajo el pretexto de que partieron de un hecho fraudulento. Cinco ministros empujan a favor de hacerlo y cuatro, en contra, en una controversia que ha llevado a la presidenta, Claudia Sheinbaum, y a algunos dirigentes del partido a marcarle los límites al Alto Tribunal tan solo un día después.

“Yo no estoy de acuerdo con eso, lo digo abiertamente, no estoy de acuerdo con eso. A lo que ya fue juzgado, ya fue juzgado”, expresó con firmeza la mandataria durante la conferencia matutina del jueves. Horas después, el coordinador de los diputados morenistas, Ricardo Monreal, advertía: “Creo seriamente que la Corte no puede reabrir asuntos que ya están resueltos. Afecta al principio de definitividad, al principio de cosa juzgada y a la certeza jurídica”. “Yo llamaría la atención de la Corte, respetuosamente, a que tuviese cuidado”, deslizaba finalmente. Este es el primer enfrentamiento abierto entre los ministros que salieron de las urnas y los dos poderes bajo el dominio morenista, el partido que promovió la reforma judicial y los acordeones que posibilitaron la llegada de los juzgadores al Constitucional.

Tras sendos regaños, el Alto Tribunal se ha apresurado a sacar un comunicado en el que asegura tener un “respeto absoluto al principio de cosa juzgada”, pero el asunto es más intrincado y confirma la insistencia de un sector de la Corte en revertir la actuación de sus predecesores, a quienes ya ha tratado de enmendar la plana en las últimas semanas. “Yo creo que, además de la aplicación de un principio importantísimo que es la certeza jurídica, la gente espera también justicia, y tenemos casos en los que pasaban sentencias fraudulentas por nuestras narices y esta Suprema Corte no podía o no quería hacer absolutamente nada”, lanzó contundente la ministra Lenia Batres en el pleno del miércoles, el último en el que se consideró el tema de reabrir casos. La defensa de Batres de esta postura ha provocado un encendido debate con sus compañeros, especialmente con Yasmín Esquivel, con la que acumula varios desencuentros.

El asunto parte de un juicio mercantil, con sentencia firme, en el que una persona dona el inmueble donde vivían sus hijos a su propia empresa. La exesposa pide en diferentes instancias que se considere nula la sentencia porque, según alegó, partió de un fraude, pues la persona habría donado el inmueble para aparentar no tener dinero para cumplir la pensión alimenticia. Pierde en la primera instancia y gana en la segunda, y el asunto llega, a través de un amparo de la empresa, hasta la Corte, que se plantea ahora revertir su propia jurisprudencia al respecto.

Lenia Batres propone aceptar la “nulidad del juicio concluido” que busca la mujer basándose en un precepto del Código de Procedimientos Civiles de la Ciudad de México, lo que plantea dos problemas: el primero, que pretende aplicar una norma civil a un caso mercantil y, el segundo, que plantea usar supletoriamente una norma local a una federal, como le señala en la sesión la ministra María Estela Ríos. La jurisprudencia del Tribunal indica que esa acción de nulidad “es improcedente cuando la legislación procesal no la contempla, inclusive bajo el supuesto de proceso fraudulento”, ha apuntado también Giovani Figueroa. Es decir, debería aparecer en el propio Código Mercantil, que es el que rige el proceso impugnado, para que tuviera cabida: la existencia de un acto fraudulento no es suficiente. La figura, finalmente, no es de aplicación a nivel federal, pues su entrada en vigor en el Código Civil nacional no está prevista hasta abril de 2027.

El debate está enconado y los argumentos, en algunos casos, se acercan más al terreno político que al judicial. “Es evidente que la verdad legal puede convertirse en un mecanismo que impida un verdadero acceso a la justicia, pues la verdad legal puede no llegar a concordar con la verdad real y esto, sin lugar a dudas, va a dar lugar a sentencias injustas”, ha esbozado Irving Espinosa, que votó a favor de conceder la nulidad. “¿Hay cosa juzgada cuando se llega a la cosa juzgada mediante fraude, mediante contubernio, mediante acciones ilícitas? Creo que es una pregunta válida", lanzaba también el presidente, Hugo Aguilar, en la sesión.

Por contra, la ministra Yasmín Esquivel se ha opuesto con una contundencia absoluta a la posición de sus colegas en una intervención que no daba espacio a la duda. “La cosa juzgada representa una de las instituciones jurídicas de mayor importancia en un Estado de Derecho. Representa la seguridad jurídica en nuestro país. (...) Mucho se ha criticado a esta Suprema Corte de Justicia por atribuirse facultades que no tiene. Más preocupante debe ser que la propia Corte de Justicia invente instancias judiciales que ni siquiera el propio legislador consideró. Debemos ser respetuosos de la Constitución, de nuestra leyes, de nuestra jurisprudencia”, les reconvino con dureza.

Hacen falta seis votos para poder revertir la jurisprudencia de la Corte. El proyecto de Loretta Ortiz, que proponía respetar el sentido expresado por la Corte anterior, contó con seis votos en contra, incluido el de la propia ponente, que no modificó el proyecto como un gesto de respeto formal hacia sus predecesores, con quienes ya compartió pleno. Entre esos seis votos se encuentra el del ministro Figueroa, que justificó su voto en contra con cuestiones ajenas al fondo de la cuestión. Hay, por tanto, cinco togados favorables a abrir la caja de pandora, uno menos de los necesarios, a la espera de que alguien del otro bloque convenza a este o a alguno de los otros tres ministros que se oponen: María Estela Ríos, Yasmín Esquivel y Arístides Guerrero.

La insistencia de Batres, que encabeza el sector de la polémica, se remonta a su época como asesora jurídica del entonces jefe de Gobierno de la Ciudad de México, el todavía perredista Andrés Manuel López Obrador. La Asamblea capitalina aprobó en 2004, con la mayoría progresista y bajo la atenta mirada de esta dupla, la figura de la nulidad de juicio concluido que hoy Batres recupera para aplicarlo a un caso federal. Los panistas, ya entonces en la oposición, impugnaron la constitucionalidad del polémico artículo en la Corte de aquellos años, que derogó gran parte de los supuestos introducidos por la Asamblea. Dejó, sin embargo, unos pocos en pie: a esos se agarran ahora los nuevos ministros.