La pelea por la prisión preventiva oficiosa, la última misión de la Suprema Corte

En poco más de dos meses, la Suprema Corte de Justicia de la Nación será otra. Se eliminarán las salas, se reducirá el número de ministros y quienes se sienten en las sillas de los jueces más importantes del país serán los ganadores de la elección judicial del 1 de junio. Todos ellos fueron propuestos en los acordeones que Morena repartía para dirigir el voto y muchos expertos adelantan que integrarán una Corte mucho más sumisa con los deseos del Gobierno de Claudia Sheinbaum. Con ese nuevo horizonte a la vista ha empezado la carrera contrarreloj para algunos de los asuntos pendientes. Por encima de todos destaca la pelea por la prisión preventiva oficiosa, en la que puede ser la última misión de la Suprema Corte.

El caso mexicano es una excepción en Latinoamérica. Ningún otro país de la región tiene protegida por su Constitución una figura como la de la prisión preventiva oficiosa, que permite meter a la cárcel durante años a los acusados de algunos delitos sin que sea justificado por un juez. La lista de estos delitos es larga, supera la veintena, y va desde el secuestro al robo a una vivienda. El catálogo no ha dejado de crecer; a final de 2024 se incluyó la extorsión, los crímenes relacionados con la producción y venta de fentanilo y la emisión de comprobantes fiscales falsos.

Esta ampliación se ha hecho en desacato de una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que ordenó a México en abril de 2023 que la retirara de su Constitución. En vez de cumplir con la resolución, el Gobierno se ha dedicado a hacer esta figura todavía más poderosa. Sus afectados son casi 70.000 personas. Daniel García y Reyes Alpízar fueron dos de ellas, pasaron más de 17 años en la cárcel sin sentencia —por un crimen que, además, no habían cometido—. Ganaron ante la Corte Interamericana y ahora García ve con “preocupación” cómo el Ejecutivo de Sheinbaum presiona para que el máximo tribunal mexicano no cumpla con la resolución.

La consejería jurídica de presidencia ha enviado un oficio a la SCJN para aplazar los asuntos pendientes sobre este tema hasta el 1 de septiembre, que llega la nueva Corte. La decisión está en manos de Norma Piña: “La Corte está intentando dejar esto como una última decisión independiente antes de desaparecer”, apunta el abogado Luis Tapia.

Contrarreloj

Hace ya años que la Suprema Corte está envuelta en una discusión laberíntica: la prisión preventiva oficiosa es inconvencional, según los tratados y resoluciones internacionales, pero México la tiene recogida en el artículo 19 de su Constitución. ¿Puede ser la Constitución inconstitucional? Esta es la pregunta que ha planeado sobre todas las largas discusiones que el máximo tribunal ha mantenido sobre el tema desde 2022. En ningún asunto ha llegado a un acuerdo sobre cómo resolverla. Las fallas de este tipo de medida cautelar son claras: golpea especialmente a las personas sin recursos, es un encarcelamiento por adelantado, impide el análisis del juez y se ha convertido en una herramienta de extorsión para las Fiscalías. La sentencia de la Corte Interamericana —que es vinculante— aumentaba la presión sobre la Suprema Corte para llegar a una salida.

De todos los proyectos que se han elaborado sobre el tema quedan ya solo dos importantes en la discusión: el expediente 3/2023, en manos del ministro Jorge Pardo, y la acción de inconstitucionalidad 49/2021, presentada por la ministra Margarita Ríos Farjat. El primero nace directamente para tratar de dar respuesta jurídica a la sentencia de la Corte Interamericana. Es el de mayor alcance, porque supone que los jueces no apliquen el artículo 19 de la Constitución, y necesita solo de seis de los 10 votos del pleno para salir adelante. Este es el que tiene un vínculo directo con Daniel García: “Está enlistada desde hace meses, pero la han ido recorriendo, del sexto lugar al tercero y ahora es el número 20. Eso cada día la va alejando”.

Ese asunto va justo antes del de Ríos Farjat, un proyecto más amplio en el que la ministra ha tratado de estudiar todos los aspectos relativos a la prisión preventiva oficiosa. Después del análisis, la jurista propone dejar de interpretar oficiosa como automática; de manera que cada vez que un juez reciba un caso de algunos de los delitos recogidos en el artículo 19 “oficiosamente” abra el debate de si el acusado debe o no ir a prisión preventiva. Ya es así como funciona la prisión preventiva justificada, que funciona en el país para todo el resto de crímenes.

“Es virtuoso el proyecto, es un estudio constitucional serio sobre el tema”, apunta el abogado Luis Tapia, “pero a mí no me parece solución porque está interpretando una cosa que jurídicamente no dice la Constitución, el legislador con esta figura no quería que el juez debata, sino que imponga, es una orden”. Aun así, el especialista en derechos humanos recupera el valor de que la jueza constitucional “mire el contexto político, se fija donde está parada, y trate de dialogar, de presentar una solución que deje a las partes contentas”.

El proyecto de Ríos Farjat —que fue publicado este miércoles— necesitaría ocho votos del pleno, lo que obligaría a que algunas de las tres ministras más cercanas al oficialismo (Yasmín Esquivel, Loretta Ortiz o Lenia Batres) votaran a favor, lo que todavía hace más difícil que sea aprobado. Más cuando la presidenta Sheinbaum este mismo jueves se ha pronunciado en contra de eliminar esta figura: “Frente a la situación de inseguridad que vive el país, es importante que en ciertos delitos no quede a criterio del juez si es prisión o no. Es correcto que se quede la prisión preventiva oficiosa. Eso tiene que ver, incluso con que el juez no ponga en riesgo su vida frente a un delincuente peligroso”.

El Gobierno de Andrés Manuel López Obrador reconoció que este tipo de prisión era una piedra angular de su estrategia de seguridad. E incluso, en una de las discusiones de la Corte para limitarla, los 32 gobernadores de México —en los que se incluía a mandatarios de la oposición— firmaron una carta para que no se eliminara.

“Ahora la consejería jurídica de presidencia solicitó a la Corte que aplace la decisión sobre prisión preventiva oficiosa”, apunta Daniel García. Interpelado directamente sobre el tema, García y sus defensores han solicitado a la Corte Interamericana de Derechos Humanos “una visita de inspección de cumplimiento de sentencia”: “Ya fue remitida a la presidenta de la CoIDH, porque el Estado mexicano lejos de cumplir esa resolución está encubriendo la obligación que tenía. Hemos solicitado una cita urgente”. El tiempo hasta el 1 de septiembre corre.