El nuevo proteccionismo mexicano

En los últimos días, se ha debatido ampliamente el proyecto de Presupuesto de Egresos presentado al Congreso. Sin embargo, una de sus características más significativas ha pasado inadvertida: su marcado sesgo proteccionista.

Por primera vez en décadas, el presupuesto federal mexicano está proponiendo un aumento bastante significativo en los impuestos a la importación. Con ello, el Gobierno plantea blindar a la empresa nacional mediante un incremento de 41% en la recaudación proveniente de importaciones. El alza es de tal magnitud que explica por sí sola casi una cuarta parte del crecimiento total de los ingresos tributarios previstos para 2026.

Se trata de un viraje de gran envergadura. Sin estridencias ni anuncios espectaculares, el Gobierno de Sheinbaum está transformando de manera estructural las reglas del juego empresarial y, con ello, los mecanismos de recaudación fiscal.

Cual reflejo de la estrategia de Estados Unidos, México está cerrando parcialmente su economía y orientándose hacia un modelo de proteccionismo comercial. Tiempos inéditos.

Se calcula que el impuesto a la importación recaudará 255.000 millones de pesos anuales. En términos de PIB, el dato es enorme. México no había recaudado una proporción semejante desde 1994, año que marca el inicio del TLCAN y, con él, la apertura comercial mexicana.

La referencia no es menor: lo que el presupuesto anticipa –para quien sepa leer entre líneas– es que en 2026 el modelo iniciado por el tratado de libre comercio habrá llegado a su fin.

Esto no implica que México vaya a abandonar su carácter exportador. Por el contrario, la apuesta es mantener y ampliar las exportaciones hacia Estados Unidos, pero con bienes plenamente mexicanos, no con mercancías adquiridas en el exterior y transformadas de manera marginal en México. También se busca que el mercado interno dé preferencia a la producción nacional por encima de lo extranjero.

El impuesto a las importaciones aplicará a países sin tratados con México, entre ellos China, y es uno de los pilares del Plan México, el proyecto económico de Sheinbaum. La finalidad es inequívoca: otorgar a los empresarios nacionales un margen más amplio para colocar sus productos sin la presión de competir directamente con productores extranjeros.

Además del presupuesto, un conjunto de medidas previas ya perfilaba el nuevo modelo económico proteccionista. En los últimos meses, México ha anunciado aranceles de entre 15% y 35% para la industria textil y de la confección, de 25% para el calzado y de 19% para todos los bienes adquiridos a través de plataformas digitales. Además, se está considerando un impuesto de 20% para automóviles importados desde China, así como para productos plásticos. En la mayoría de los casos, estos gravámenes recaen únicamente sobre países con los que México no mantiene tratados comerciales formales.

El plan de protección empresarial no ha pasado inadvertido para los inversionistas. La Bolsa Mexicana de Valores alcanzó esta semana su máximo histórico, un repunte que Monex atribuyó al optimismo generado por el nuevo modelo proteccionista del Plan México.

Sin embargo, la miopía de los mercados y el sesgo de los análisis económicos de corto plazo no deben confundirnos. El proteccionismo puede ser una herramienta formidable si se diseña con inteligencia, pero también puede derivar en inflación y estancamiento productivo cuando carece de incentivos adecuados.

La experiencia internacional es clara. La clave de los modelos proteccionistas exitosos –como el de los tigres asiáticos– no radicó únicamente en ofrecer apoyos y protecciones, sino en condicionar su otorgamiento. Paradójicamente, lo esencial del proteccionismo no es la protección misma, sino lo que se exige a los empresarios a cambio de recibirla.

Los gobiernos de aquellas naciones aplicaron una política conocida como “disciplina exportadora”. Solo se respaldaba a las empresas que demostraran capacidad para convertirse en exportadoras de bienes con alto valor agregado. Se establecieron planes concretos de transformación industrial y de metas exportadoras.

Así, no bastaba con imponer un arancel para proteger a la industria textil; además, se requería que las compañías nacionales produjeran textiles de mayor sofisticación destinados a la exportación. Aquellas que no lograban dar el salto productivo en un plazo determinado perdían la protección. Y sin ella, las empresas simplemente no sobrevivían.

De ahí se desprende la gran lección: para que el proteccionismo funcione, debe haber filtros que separen a las empresas productivas de las que no lo son. Hay que permitir la destrucción creativa y la supervivencia de las más competitivas. De lo contrario, se corre el riesgo de mantener vivas a compañías ineficientes que terminan afectando al conjunto de la economía. Cada vez más economistas de prestigio internacional reivindican el valor del proteccionismo estratégico y temporal como una política legítima de desarrollo. No cabe duda: México tendría mucho que ganar con una estrategia de esa naturaleza. Y su clase empresarial también.

Me atrevo a decir que el presupuesto 2026 representa la iniciativa más auténticamente proempresarial que se haya presentado en México en muchos años.

Lo comento porque uno de los grandes malentendidos entre los empresarios mexicanos es creer que los gobiernos anteriores a Morena eran más proempresariales. No lo eran. Eran gobiernos más pro-rico, sí, pero eso no es lo mismo que ser proempresarial, a veces es lo opuesto. Las políticas estaban hechas para que los más ricos mantuvieran ventaja sin ningún apoyo para el desarrollo del resto.

Hoy México está dando un viraje hacia un modelo distinto. Su éxito dependerá de si el Gobierno se atreve a imponer condiciones ambiciosas a los empresarios. Lamentablemente, no queda claro que lo hará.