¿Censurar al poderoso?

Dos son los argumentos principales a los que recurren quienes están en desacuerdo con el cierre de las cuentas en redes sociales del todavía presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que fue consumado por las principales empresas del sector este fin de semana, luego de la toma violenta del Capitolio por sus seguidores.

El primero de estos argumentos postula que despojar a Trump de sus redes equivale a censurarlo y silenciarlo, y asienta que la libertad de expresión no debería estar sujeta al criterio (y, por tanto, a los intereses) de unas pocas corporaciones privadas. El segundo, que se pretende más progresista, propone que la medida del cierre es inútil, pues no servirá para desaparecer “la raíz” del problema, es decir, el hecho de que 75 millones de personas votaran a un radical de derecha, a quien no le importa mentir, violar las leyes y agredir al Estado que juró guiar con tal de conservar el poder. “Los trumpistas seguirán allí”, dictaminan, agoreros.

Me parece que, vistos de cerca, ambos razonamientos son débiles y pecan de una enorme falta de perspectiva, por no decir que, directamente, carecen de sentido común.

El primero, el que se indigna por la presunta violación al derecho a la libre expresión de Trump, pasa por alto el hecho de que las redes sociales no son derechos públicos y universales, sino servicios privados y voluntarios, y que un usuario puede ser bloqueado lo mismo si usa Twitter para lanzar amenazas que si juega al Fortnite e insulta a sus contendientes.

Su repercusión será todo lo inmensa que se quiera, pero utilizar las redes es (o debiera ser) un mero recurso de un gobernante y no el eje de su presencia en el escenario político. Trump no está “silenciado”: puede hacer ruedas de prensa, dar declaraciones, enviar comunicados a los medios, emitir mensajes en una web propia, etcétera. Lo que no puede, sin afrontar las consecuencias, es quebrantar los términos de uso de un servicio privado (y durante demasiado tiempo lo hizo, en realidad).

No olvidemos que un mensaje televisado de Trump ya fue cortado por la mayoría de las cadenas hace apenas unas semanas, justo después de las elecciones, cuando el presidente comenzó a invocar el supuesto fraude electoral del que había sido víctima… y del que no existe una sola prueba (y esto no lo digo yo, sino decenas de fallos judiciales en cortes de todos los niveles en EU). Trump y sus colaboradores no son, ni de lejos, las primeras personas en perder sus cuentas de redes. Las empresas dan de baja cada día cientos y cientos de cuentas ligadas al terrorismo, a las mafias de tráfico humano, al abuso, al discurso de odio, etcétera. Vamos: si hacer ciberbullying ya es motivo suficiente para ser echado, ¿qué creen que va a suceder con la mentira política y la incitación a un delito que deja un reguero de muertos?

Y bueno, lo de argüir el “derecho a la injuria” de Trump ya es pecar de tonto: el “derecho a la injuria” (a la sátira, la caricatura, etcétera) no significa lo mismo que los llamados a la violencia. Y, en todo caso, se trata de un recurso ciudadano para contrapesar al poder, no de un arma del poder (¿recuerdan que Trump no es un pobre corderito acallado, sino el presidente de una potencia?) para resultar todavía más aplastante…

Aún más flaco es el segundo argumento, ese que dice que de nada sirve cancelar las cuentas de redes de Trump porque sus partidarios “seguirán allí”. Pero no se trata de eso. Nadie tendría por qué impulsar que los millones de partidarios de Trump desaparezcan de la faz de la tierra: la democracia implica la convivencia o coexistencia entre grupos antagónicos. Y los trumpistas tampoco se esfumarán si los tribunales procesan al multimillonario por las numerosas faltas de las que se le acusa. No: lo único que puede exigirse es que los seguidores del aún presidente y el resto de los ultraderechistas respeten y cumplan las leyes y reglamentos. Y que enfrenten las consecuencias de romperlos como haría cualquier otra persona. La libre expresión no es ni puede ser sinónimo de impunidad.