México ante Türk: La realidad de la crisis de desaparición se impone

En las últimas semanas, las discusiones sobre la crisis de desaparición en México se han reducido a una guerra de estadísticas. El mes pasado, el Gobierno Federal presentó un informe que segmenta los más de 132.000 registros nacionales en tres categorías: 43.000 personas sin rastro, 40.000 con alguna actividad registrada y 46.000 sin datos suficientes para la búsqueda. Esta reclasificación generó cuestionamientos inmediatos en dos sentidos: por un lado, por la opacidad metodológica detrás de las cifras, revelando que lo que algunas personas han celebrado como porcentajes de “localización” son, en la práctica, meras coincidencias administrativas; por el otro, por la grave omisión que implica que existan 46.000 registros sin información suficiente y sin una estrategia clara por parte del gobierno para resarcir dicho problema.

A la par de esta controversia interna, el Ejecutivo incursionó en una confrontación directa con el Comité contra las Desapariciones de la Organización de las Naciones Unidas (CED, por sus siglas en inglés), calificando su informe sobre la situación de México de “tendencioso”. Bajo el argumento de que ya no existen desapariciones forzadas en el país y que el organismo ignora el “esfuerzo institucional” y los avances normativos de la última administración –como las reformas a la Ley General y a los protocolos de búsqueda e investigación–, el discurso oficial se centró en denostar al mensajero, perdiendo de vista que las leyes solo son útiles cuando se traducen en resultados reales para quienes hoy buscan a un ser querido.

No obstante, en medio del fuego cruzado entre el Gobierno mexicano y el CED, la tierra le dio la razón nuevamente a las familias. A más de un año del hallazgo de cientos de prendas y restos humanos en el Rancho Izaguirre –y a días del lamentable comunicado de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) respecto a las conclusiones del CED–, personal de la Fiscalía General de la República (FGR) informó sobre el hallazgo de nuevos restos humanos en una fosa séptica en el predio resguardado, confirmando que la insistencia del colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco en calificar al rancho como un lugar de violencia extrema era fundada. “La cantidad [de restos] es mayor que la del año pasado”, denunció el colectivo públicamente.

La misma semana que Teuchitlán regresaba al ojo público, y a días de la visita a México de Volker Türk, Alto Comisionado de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, la Ciudad de México puso frente al Gobierno mexicano un espejo: las instituciones encargadas de la investigación de la desaparición de personas son, en el mejor de los casos, insensibles y omisas, y, en el peor de los casos, corruptas y coludidas. Ante la mirada internacional, la estrategia de comunicación oficial se desmoronó frente a lo que brotaba de la tierra. En menos de 72 horas —el tiempo que la policía le exigió esperar a la familia de Edith Guadalupe Valdés para buscarla, a menos que mediara un soborno—, el país conoció su feminicidio y las fallas sistemáticas de la fiscalía, las cuales impidieron localizarla a tiempo. Casi en paralelo, la capital observaba con horror cómo las familias extraían de las lagunas entre Tláhuac y Chalco más de 1.076 restos y fragmentos óseos.

“Cada que echan tierra, sale”, dicen las familias que hoy, ante la mirada de Türk, siguen cribando el sitio. Lo hacen mientras denuncian que los peritos, urgidos por el tiempo o la indolencia, desechan fragmentos de hueso que pudieran pertenecer a uno de sus seres queridos. La prisa del Estado por esconder lo que ocurre en la capital del país –mientras recibe en una visita oficial al Alto Comisionado de las Naciones Unidas y se prepara para acoger a cientos de miles de turistas en el mundial– choca con la paciencia de la tierra, que se niega a ser cómplice de la tragedia.

A la par que manos cuidadosas cribaban en los límites de la Ciudad y del Estado de México, el martes se dieron cita distintas plataformas de familias de personas desaparecidas para un encuentro con el Alto Comisionado. “Debieron pedir el Estadio Azteca para esta reunión; ni así cabríamos todas las madres que queremos ser escuchadas”, se escuchaba afuera del recinto, mientras que adentro, familias buscadoras le pidieron al funcionario de Naciones Unidas no dejarlas solas, posicionarse frente al Estado, que, por acción u omisión, sigue siendo cómplice de las desapariciones. Esta petición no es menor, ya que el Alto Comisionado tiene un rol dentro de la política mexicana sin precedentes: su posicionamiento puede lograr que el Estado mexicano tenga que asumir las consecuencias de dos décadas de política de abandono.

Lo más relevante de la visita del Alto Comisionado no es su mensaje de salida –aunque el respaldo que ha mostrado históricamente ONU-DH en México sigue siendo importante para las familias y las organizaciones e instancias académicas que acompañamos–, sino lo que Türk escuchó directamente de las familias. Frente a la descalificación oficial, la realidad se ha impuesto con la fuerza de lo irrebatible: este país no puede atender la tragedia que implica la desaparición de más de 132.000 personas y 83.000 cuerpos y restos humanos sin identificar de forma aislada. Al contrario, esta demanda, con urgencia, una cooperación técnica internacional para la búsqueda, investigación e identificación de todas las personas que nos hacen falta.

Las familias, hoy convertidas en peritos, abogadas y antropólogas como consecuencia de la tragedia, han demostrado que el tiempo del Estado no es el tiempo de la justicia. Mientras el Gobierno mexicano continúe desgastándose en batallas retóricas, la búsqueda incansable de las familias seguirá siendo el contrapeso ético y moral en un país que parece haber perdido su brújula. Al final del día, las leyes solo adquieren sentido cuando hay alguien dispuesto a implementarlas, y en México, esa voluntad no habita en las fiscalías, sino en quienes, contra todo pronóstico, siguen buscando entre la tierra lo que la indolencia les arrebató.