La reunión entre Sheinbaum y el Alto Comisionado de la ONU concentra el pulso por la crisis de los desaparecidos
El alto funcionario visita México tras un duro informe de un comité del organismo, rechazado por el Gobierno, que califica de crímenes de lesa humanidad las desapariciones ocurridas en el país y propone elevar la crisis a la Asamblea General
Después de que la presidenta, Claudia Sheinbaum, relanzara su proyección internacional con el viaje el pasado fin de semana a la cumbre de gobiernos progresistas de Barcelona, colocando a México de vuelta al primer plano del escenario global, la mandataria afronta esta semana un difícil desafío para la imagen exterior del país. La crisis de desaparecidos, uno de los mayores problemas estructurales que atraviesa a los últimos gobiernos, entró en una nueva fase tras la decisión del Comité contra la Desaparición Forzada (CDF) de la ONU de escalar el problema a la Asamblea General del organismo multilateral. En un duro informe publicado a principios de este mes, la CDF los calificaba como “crímenes de lesa humanidad”, una práctica generalizada y sistemática ante la que acusaba al Gobierno de, como poco, inacción a la hora de atajar la crisis. La postura de la ONU desencadenó una salida en tromba del Gobierno y todo el aparato del partido, Morena, para rechazar de modo tajante las conclusiones del informe. En ese contexto de tensión se produce la llegada al país del Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU, Volker Türk, que, según ha anunciado este lunes la propia presidenta, contempla una reunión con el alto funcionario el miércoles en Palacio Nacional.
Türk anunció en sus redes que como parte de la agenda oficial de su visita, que se ha repetido periódicamente durante los últimos años, se reunirá con “organizaciones de la sociedad civil, autoridades, víctimas de violaciones a los derechos humanos y familias de personas desaparecidas”. De hecho, el domingo ya tuvo un primer encuentro con un grupo de organizaciones sociales, que le entregaron una carta firmada por un centenar de colectivos de familiares de desaparecidos en la que le piden que respalde, “explícitamente y de forma pública”, la decisión del CDF de elevar la crisis a la Asamblea General del organismo.
La presidenta no ha reaccionado a la carta de los colectivos de familiares, pero la respuesta al informe de principios de mes fue muy defensiva. Sheinbaum acusó al comité de la ONU de “tener una orientación” dirigida a “criticar al Gobierno de México”. El Ejecutivo también fijó una postura oficial mediante un comunicado que tildaba de “tendencioso” el informe al “no atender el gran esfuerzo del Gobierno para atender con toda seriedad este tema”.
Pulso político
El pulso ha trascendido ya la esfera técnica, propia del Comité que firmó el documento tras más de una década de intercambio de información con el propio Estado mexicano, con organizaciones de derechos humanos y con familiares de víctimas. Frente a las voces que recomiendan la entrada a fondo de la ONU para atajar la crisis, el Gobierno de Sheinbaum es consciente del fuerte coste reputacional que supondría la escalada a la Asamblea General, un foro, al final de cuentas, de negociación política con todos los focos internacionales apuntando a México.
El argumento defensivo del Gobierno, más allá de la supuesta campaña política en contra, se basa en que el análisis de la ONU “se centra solo en algunos Estados y en las desapariciones ocurridas entre 2009 y 2017, periodo correspondiente a las administraciones de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto”. Aquellos años fueron el pico de la llamada guerra contra las drogas, materializada en la salida de los militares de los cuarteles, todavía vigente, para enfrentar al crimen organizado.
El informe en todo caso señala que la desaparición en México es un crimen de lesa humanidad que no ha hecho sino agravarse, ya que persisten las condiciones estructurales que propician la impunidad. El Comité de la ONU ha documentado casos en los que han participado funcionarios locales, estatales y federales, lo que demuestra —según el informe— que algunas autoridades son directamente cómplices, además de estar rebasadas para cumplir sus labores de investigación.
La respuesta de varias carteras del Gobierno, desde la Cancillería a Gobernación, fue desacreditar el informe como “tendencioso”, carente de “rigor jurídico”, “parcial” y “sesgado”. Como un ejemplo de que “nunca en la historia de este país se había tenido un compromiso tan firme con la búsqueda de personas desaparecidas”, tal y como afirmó la presidenta del partido, Luisa María Alcalde, el oficialismo resaltó el trabajo de meses que desembocó en el reciente anuncio sobre el polémico registro de desaparecidos.
El Gobierno reformuló el estatus de los más de 130.000 desaparecidos, al reducir a poco más de 43.000 los casos que corresponden con el delito (un tercio del total). Mientras que los dos tercios restantes son considerados personas que sí han dado muestras de estar vivas, o entradas erróneas, fraudulentas o con información insuficiente en las denuncias ante las fiscalías estatales. Estas instituciones, receptoras de gran parte de las denuncias por estos delitos, son uno de los mayores agujeros negros de negligencia e impunidad del país, tal y como puso de manifiesto la reconfiguración del registro llevada a cabo por el Gobierno federal. De los 43.128 casos incontestables de personas desaparecidas, las fiscalías solo iniciaron una investigación en 3.869.
