El asesinato de Edith Guadalupe Valdés sacude al feminismo de la 4T

Ocho enormes coronas de flores impiden la entrada al número 829 de la avenida Revolución, en el corazón de Ciudad de México. Desde la puerta, un cartel fosforito grita: “Aquí nadie falleció por causas naturales. Fue feminicidio. Justicia para Edith”. A su lado sigue pegada la ficha de búsqueda donde se ve a Edith Guadalupe Valdés, de 21 años, con una anotación añadida a mano: “Su celular marca aquí su última ubicación”. Todo el que pasa se detiene: el que vende tamales, la que lleva los cubos de basura, los vecinos que recorren la calle arriba y abajo, los que hacen copias al lado, los que van por el camión y a su oficina. Miran, leen, algunos toman fotos, también se santiguan, dicen: “Es terrible”. Una joven entró en un edificio en una de las calles principales de la ciudad para una entrevista de trabajo y ya no salió más. La familia avisó a la Fiscalía de cuál era la última dirección donde estuvo pero la dependencia no llegó a buscarla hasta un día más tarde. La encontró, debajo de un montón de arena, ya muerta. “No se puede soportar”, murmuran antes de seguir.

El caso de Edith Guadalupe Valdés ha evidenciado las fallas, repetidas hasta la saciedad, de las Fiscalías del país. Los agentes tardaron horas en entrevistar a su madre, después ignoraron todo un día la ubicación que les compartió sobre dónde estuvo su hija por última vez, cuando llegaron tardaron otro montón de horas en ingresar al inmueble. Esos son los errores reconocidos por la propia Fiscalía de Ciudad de México, los que denuncian la familia Valdés van más allá e incluyen a funcionarios que les pidieron dinero “para agilizar la búsqueda de las cámaras”, que les indicaron falsamente que debían esperar 72 horas antes de denunciar, que no les hicieron caso hasta que cortaron Revolución día y noche, que les propusieron —una vez más, para otra mujer más— que estaría con el novio.

La historia de Edith Guadalupe no es nueva en México, un país donde solo el año pasado mataron a 2.800 mujeres, pero indigna igual. La rabia de la familia ha sido tan compartida que ha orillado a la fiscal Bertha Alcalde a reconocer que las omisiones de su dependencia fueron “injustificables”, tan “inaceptables” que la jefa de Gobierno, Clara Brugada, ha anunciado que ya han sido suspendidos tres funcionarios mientras la Unidad de Asuntos Internos investiga qué pasó, tan “lamentables” que la presidenta Claudia Sheinbaum ha pedido “esclarecer todo lo relacionado con esta joven”. El asesinato de Edith Guadalupe le ha estallado de frente al feminismo de la Cuarta Transformación.

Las tres titulares prometieron justicia para las mujeres a su llegada al poder, porque los delitos que les afectan llegan al 95% de impunidad, sin embargo, los funcionarios a su cargo siguen repitiendo viejos patrones, manoseados y criticados de gobiernos anteriores. La paradoja también se cuela en la calle. Frente al homenaje de Edith, se reúnen tres mujeres, no se conocen entre ellas, pero están de acuerdo en lo “doloroso” del caso, en el miedo, en el riesgo que afrontan las mujeres mexicanas incluso cuando toman precauciones como enviar su ubicación y estar en comunicación permanente con su familia. Después de lamentarse, una de ellas señala: “Y eso que tenemos dos jefas de Gobierno, Brugada y la presidenta, y aún así no actúan más”. La otra mujer, Edna, replica: “¿Qué quieres decir con eso? Llevar un país es muy difícil, esto no es cosa de la presidenta, es cosa de gente enferma".

Hace solo una semana que Claudia Sheinbaum mencionaba en su conferencia mañanera la serie de La Fiscal, de Netflix, en la que los periodistas Paula Mónica y Miguel Tovar documentan la llegada y el trabajo de la abogada y activista Sayuri Herrera como fiscal de Feminicidios de Ciudad de México. La presidenta dijo que esta producción muestra “cómo Ernestina Godoy transformó la investigación en feminicidios para poder detener a los responsables” y cómo esa experiencia de la ciudad debía extenderse a nivel nacional. Hace más de dos años que Godoy dejó la Fiscalía de la capital —uno de la salida de Sayuri Herrera— y las familias siguen reclamando lo mismo: que dejen de ser ellas quienes busquen, quienes encuentran muertas a sus hijas.

La cronología

Hasta el momento hay un detenido por el asesinato de Edith Guadalupe, Juan Jesús N, de 21 años, vigilante de seguridad del edificio. Lo reconstruido con las grabaciones y con las pesquisas de la Fiscalía recoge que la joven salió el 15 de abril a las 16.26 de su casa en la delegación de Iztapalapa. Viajó en una moto por aplicación hasta la Torre Murano, a donde llegó a las 16.45, porque la habían citado para una entrevista de trabajo 15 minutos después. Esa es la ubicación que tiene su familia.

Las cámaras del número 829 de Revolución dejaron de grabar de las 16.23 hasta las 17.44. La ventana de tiempo en la que la Fiscalía cree que mataron a la joven. A las 23.00, la familia llega hasta la Torre Murano, habla con el vigilante y le muestra la foto de Edith, él niega que ella hubiera entrado al edificio. De ahí, la familia Valdés se desplaza a la una de la madrugada hasta el Centro de Búsqueda de la Fiscalía de Ciudad de México. Su madre, Claudia Itzel Saldívar, es entrevistada a las 4.25 de la madrugada. Ella indica con claridad la dirección de Revolución, pero los agentes dan el cambio de turno a las 9 de la mañana sin comunicar nada sobre esta ubicación.

En ese día, el 16 de abril, los agentes cumplen con trámites de cosas que ya saben: van a la casa de la joven, buscan las cámaras de cómo se va con la moto, consultan a la aplicación de transporte quién fue el conductor, llaman a hospitales y emergencias, difunden la ficha de búsqueda... Todo menos ir al número 829. La familia insiste e insiste y termina cortando la avenida Revolución. Es ahí, a las 20.30 de la noche, cuando los agentes de la Fiscalía se presentan en la Torre Murano.

Sin embargo, cuando llegan tampoco pueden entrar, porque hay que hacer trámites con la administradora del edificio. Estos tardan más de cuatro horas. La Fiscalía ingresa al lugar de donde Edith nunca salió ya en la madrugada del viernes: encuentran su cuerpo en el sótano, y a partir de ahí sangre en la caseta del vigilante y en las escaleras, los celulares de la víctima en los medidores de consumo de electricidad de la Torre B del edificio, la bolsa de Edith y un desarmador en el drenaje, una camiseta de manga larga, de hombre, con manchas de sangre, productos de limpieza en el sótano. Tras entrevistarlo, detienen al vigilante.

“Él tenía control total al acceso del inmueble, estacionamiento y sistema de cámaras. Esa desconexion de las cámaras se puede hacer únicamente desde la caseta de vigilancia del edificio”, ha relatado la fiscal. “El vigilante presentaba lesiones en la mano y rasguños en el abdomen, que son consistentes con las lesiones que se observaron en el cuerpo de Edith. Cuya causa de muerte fue por heridas punzocortantes en el tórax, con un objeto tipo desarmador”, ha continuado Alcalde. “Su conducta posterior es relevante: negó que la víctima hubiera estado allí, fue observado por el guardia del siguiente turno realizando limpieza con cubetas y trapeadores inusuales. La empleada de limpieza localizó una cartera perteneciente a Edith en el bote de basura del baño de la caseta”, ha seguido la titular.

En su línea de investigación, la Fiscalía mantiene que el vigilante agredió a Edith tras un “altercado” y que arrastró su cuerpo desde la primera planta hasta el sótano. Después, cortó las cámaras en otras tres ocasiones, durante la madrugada, a la 1, a las 3 y a las 5.10, en esos minutos aprovechaba para trasladarla, limpiar y ocultar las pruebas. “Hoy tenemos tres cosas claras: primero, una línea de investigación sólida con una persona detenida; segundo, una reconstrucción de los hechos que sigue avanzando”, ha concluido Bertha Alcalde: “Y tercero, una revisión interna en marcha por fallas que no debieron ocurrir”.