México plantea sumar a su demanda contra armerías el caso contra dos estadounidenses por vender armas a los carteles

México no dejará pasar por alto la acusación de la justicia estadounidense contra dos residentes de Arizona por vender armas a los carteles Jalisco Nueva Generación (CJNG) y Sinaloa. La presidenta Claudia Sheinbaum ha asegurado este martes que su Gobierno estudia cómo incorporar este caso en una demanda presentada por el Ejecutivo, y pendiente de resolución, contra cinco fabricantes, precisamente en el Estado de Arizona.

Las declaraciones de Sheinbaum representan una nueva vuelta de tuerca en la estrategia legal de México contra los establecimientos que venden armas en Estados Unidos. El país latinoamericano ha insistido en los últimos años en que la mayoría de la artillería utilizada por los narcos —un 74%, de acuerdo con el Gobierno— es comprada desde el otro lado de la frontera.

Esto llevó a que, en 2021, el Ejecutivo, encabezado en ese entonces por Andrés Manuel López Obrador, demandase a 11 de los fabricantes de armas más importantes de Estados Unidos. Un año después, se hizo lo mismo en contra de otros cinco establecimientos, en Arizona.

A finales de marzo, el Departamento de Justicia de EE UU acusó a dos ciudadanos de apoyar a grupos terroristas por vender armamento a los carteles, grupos que la Administración de Donald Trump ha catalogado como organizaciones narcoterroristas.

Los señalados son Laurende Gray y Barrett Weinberger, de 65 y 73 años, respectivamente. El primero es dueño de una armería en Arizona mientras que el segundo, de acuerdo con la acusación, lo ayudaba. El escrito asegura que ambos vendieron y apoyaron logísticamente en el envío de pistolas, ametralladoras semiautomáticas e incluso un rifle Barrett calibre 50.

Al respecto, Sheinbaum celebró que las cortes norteamericanas diesen un paso como este “por primera vez”. También remarcó que la cooperación entre los dos vecinos para detener a los carteles es una carretera de dos sentidos: “Seguimos trabajando para evitar que entre la droga por un lado (de la frontera) y también insistiendo al Gobierno de EE UU que debe seguir avanzando para evitar el tránsito de armas a nuestro país”.

El camino legal de México no ha sido sencillo y cuenta ya con reveses. En junio de 2025, el Supremo de Estados Unidos determinó que los fabricantes los cobija la Ley de Protección al Comercio Legal de Armas (PLCAA, por sus siglas en inglés). La norma, básicamente, otorga inmunidad a las armerías frente a las víctimas de tiroteos.

Pero no todo ha sido una derrota. El pasado marzo, en un antecedente más simbólico que práctico, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) emitió una opinión —no vinculante para Washington— en la que se establece que los Estados tienen la obligación de la “debida diligencia” en el comercio de armas para prevenir impactos negativos.

Otra medida de los últimos años, que sí tiene efectos reales, es la ley de 2022, apoyada por republicanos y demócratas, que convirtió en delito federal el tráfico de armas. Se trató de la primera legislación para regular este mercado en tres décadas.