La estrategia contra el tráfico de armas sigue rindiendo frutos

Cuando el entonces canciller Marcelo Ebrard pidió que exploráramos nuevas formas de combatir el tráfico de armas desde el plano internacional, en adición a lo planteado con Estados Unidos mediante el Entendimiento Bicentenario, se diseñó una estrategia amplia y sofisticada que hoy sigue dando resultados.

Esta estrategia se diseñó sobre lo construido por México en la materia y atendió un elemento nunca antes explorado: la responsabilidad de las empresas estadounidenses que producen y venden armas. Por supuesto que se debe fortalecer la infraestructura aduanera y los decomisos en ambos lados de la frontera. Pero si las armas continúan vendiéndose fácilmente en territorio estadounidense, seguirá siendo extremadamente complejo responder a la violencia en nuestro país.

En seis años, México ha logrado mucho en el combate al tráfico de armas. Países de la región y organizaciones de la sociedad civil se han sumado a la causa mexicana. Se han presentado dos litigios civiles en cortes estadounidenses, uno de los cuales llegó hasta la Suprema Corte de Estados Unidos, después de obtener una resolución favorable en una corte de apelaciones. El tráfico ilícito de armas es hoy un delito federal en Estados Unidos —no lo era antes de 2022— y, lo más relevante, existe ya una conciencia generalizada de que más del 70% de las armas decomisadas en territorio mexicano fueron vendidas en territorio estadounidense.

No obstante, aún no se han logrado cambios estructurales en el comercio de armas estadounidense. Quizás ello se deba a que algunos consideran que, si las armas se venden legalmente, lo que ocurra con ellas en México no es responsabilidad de las empresas. Y es precisamente ahí donde cobra relevancia la pieza más reciente de la estrategia planteada desde 2019.

El 5 de marzo, coincidentemente el Día Internacional para la Concienciación sobre el Desarme y la No Proliferación, la Corte Interamericana de Derechos Humanos emitió su opinión consultiva sobre la responsabilidad de los Estados en materia de derechos humanos frente al tráfico ilícito de armas de fuego, solicitada por México en 2022.

La Corte escuchó la posición de México y de otros países, incluido Estados Unidos, así como de personas académicas, organizaciones de la sociedad civil y la Fundación Nacional de Deportes de Tiro (NSSF, por sus siglas en inglés), heredera de la Asociación Nacional del Rifle (NRA). Por unanimidad, determinó que los Estados tienen una obligación de debida diligencia en la supervisión del comercio de armas para prevenir que este tenga impactos negativos en los derechos humanos. Y, de manera particularmente relevante, señaló que las empresas deben identificar los riesgos de violaciones de derechos humanos asociados a sus actividades y adoptar medidas para evitarlos. En otras palabras, si las empresas saben que sus armas están siendo traficadas hacia México, deberían actuar para tratar de impedirlo.

La decisión de la Corte valida los argumentos que México ha sostenido durante años y que la Cancillería ha esgrimido ante cortes estadounidenses. Ya en 2021, Ebrard había convocado, ante el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, a que los gobiernos animaran a sus empresas de armas a establecer medidas de autorregulación para prevenir el tráfico ilícito de sus productos. Esta opinión consultiva no detendrá por sí sola el trasiego de armas, pero sí ofrece argumentos contundentes para seguir avanzando en las negociaciones diplomáticas, en el diálogo con legisladores estadounidenses y con la sociedad civil de ese país, incluida la industria armamentista.

Detener el tráfico de armas permitiría que la fuerza del Estado mexicano sea mucho más eficaz en el combate al crimen organizado. Y, como ha señalado reiteradamente la presidenta Claudia Sheinbaum, la cooperación estadounidense debería comenzar por evitar que el crimen organizado adquiera con tanta facilidad armas en territorio de ese país.