El Gobierno presenta una ley general para homologar el delito de feminicidio en todo México

Claudia Sheinbaum ha anunciado este martes una ley general para combatir uno de los delitos que más afectan al país: el feminicidio. “En este caso, la propuesta es que en un artículo de la Constitución se permita que haya una ley general para prevenir, investigar, sancionar y reparar el daño por feminicidios, y que todas las fiscalías del país tengan una ley que permita acaba con la impunidad contra el feminicidios y también que se desarrollen una serie de políticas para prevenirlo”, aseguró la presidenta. El nuevo tipo penal contempla penas de 40 a 70 años de cárcel para los agresores, una multa de 1.000 a 2.000 UMAS y 21 agravantes que incrementan la condena. El pico más alto de la violencia extrema a la que se enfrentan las mujeres en este país fue en 2021, con alrededor de 10 asesinatos al día, pero aunque la cifra ha disminuido hasta llegar a dos cada 24 horas, según datos oficiales, colectivos feministas han señalado que aún queda mucho por hacer.

En la presentación de la nueva ley, Ernestina Godoy, fiscal general de la República, se ha referido al tema como una “lucha permanente” en la que concurren el Estado, los académicos y las organizaciones feministas y de la sociedad civil: “Hablar de feminicidios no sólo es hablar de cifras o de normas jurídicas. Es hablar de vidas que fueron arrebatas y de una deuda histórica en materia de investigación y acceso a la justicia a las mujeres y familias víctimas de este flagelo social”. La fiscal ha resaltado que el combate a este delito “demanda la reconfiguración y maximización de acciones de fiscalías y procuradurías y de diversos actores institucionales y sociales”, por lo que es necesaria una reforma constitucional para otorgarle al Congreso facultades para expedir la ley general.

Con este cambio, el feminicidio, un delito que ya contempla el Código Penal Federal y los estatales, pasaría a tener el mismo tipo penal y sanciones en todo el país. Entre las agravantes que se consideran, un total de 21, están: que la víctima sea niña, adolescente o adulta mayor; que esté embarazada; que tenga una discapacidad; que sea periodista o defensora de derechos humanos o migrante; que el acusado sea un servidor público; y que el cuerpo de la víctima tenga signos de violencia. La nueva ley parte de la definición del crimen como que “comete el delito de feminicidio la persona que prive de la vida a una mujer por razones de género”. La fiscal ha destacado que la legislación reconocerá los signos de violencia sexual, los antecedentes de violencias contra la víctima, los contextos de asimetría de poder, entre otras, como razones de género para la persecución de este delito.

Más allá de la cárcel, la propuesta incluye otras sanciones para el responsable de feminicidios, como la destitución e inhabilitación de cargos públicos, la pérdida de derechos sucesorios y la pérdida de la patria potestad, la tutela, la curatela, la guarda y la custodia de personas a su cargo. Además, unifican los protocolos de actuación para todas las autoridades responsables de la procuración de justicia. La mandataria mexicana ha explicado que esta nueva propuesta toma como base el trabajo que Godoy y su equipo llevaron a cabo en la Fiscalía de Ciudad de México hace unos años. “Generaron un esquema de investigación y atención al delito de feminicidio, lo que permitió bajar la impunidad. Es decir, quien había cometido, quien comete, el feminicidio, sea sancionado [y] se lleve ante la justicia”, manifestó.

De acuerdo con el último Censo Nacional de Procuración de Justicia Federal, realizado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), en 2024 hubo 1.538 feminicidios en México, de los cuales en 853 casos el delito se consumó y en 685 quedó en grado de tentativa. En una conferencia de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) sobre la protección y el acceso a la justicia de las mujeres víctimas de violencia de género, la académica Sonia Frías alertó de que los datos de las autoridades indican que apenas el 15% de los casos de feminicidio que llegaron a las fiscalías se judicializaron.