Un juez ordena a la Secretaría de Defensa la entrega de documentos relacionados al ‘caso Ayotzinapa’

Un juez ha ordenado a la Secretaría de Defensa la entrega de “la totalidad” de la información recabada en 2014 por el Centro Regional de Fusión de Inteligencia (CFRI) en relación al caso Ayotzinapa, según ha informado este miércoles el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro ProDH) en un comunicado. El fallo judicial responde a una demanda presentada en 2023 por familiares de los 43 estudiantes de una escuela rural, desaparecidos en el municipio de Iguala, en Guerrero, en 2014. Las familias reclamaron por la negativa de las autoridades militares a entregar la documentación completa. “El Juzgado estima una brecha aproximada de 853 folios del CFRI que no han sido entregados y respecto de los cuales debe facilitarse el acceso para garantizar una búsqueda efectiva de la verdad”, ha expuesto la organización en su escrito.

La desaparición de los 43 estudiantes normalistas en la noche del 26 de septiembre de 2014 ha sido unos de los grandes episodios traumáticos en la historia reciente de México, un caso encriptado entre los vacíos de información y las diversas teorías acerca de lo ocurrido. Todas esas hipótesis han tenido la poderosa huella del narcotráfico, actividad a la que se dedicaba el grupo que atacó y presuntamente desapareció a los muchachos, Guerreros Unidos.

La comisión presidencial a cargo de la investigación divulgó, en octubre de 2021, dos documentos con conversaciones entre integrantes de ese grupo criminal y policías de la zona, que revelaban que el Ejército había monitoreado a Guerreros Unidos durante el ataque contra los normalistas. Uno de diálogos interceptados es del mismo 26 de septiembre, en la noche del ataque; y el otro, un tiempo después, el 4 de octubre. Hasta ese momento no había información de que la Secretaría de Defensa hubiera monitoreado al grupo criminal durante o después del ataque.

La resolución judicial que ordena la liberación de los papeles del CFRI llega apenas un día después de que la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) informara del arresto de Mauro Antonio Mosso por delincuencia organizada. Mosso, ahora director de tránsito, era policía estatal en Iguala en 2014. La Fiscalía le acusa de haber utilizado el teléfono de uno de los estudiantes desaparecidos.

La organización recoge que los familiares de los 43 jóvenes han señalado a diversas instancias de la inteligencia mexicana por “ocultar” documentos cuya existencia fue revelada en el último informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), el comité de juristas y médicos que realizan una investigación sobre el caso. “Los folios proporcionados [por el ejército] estaban incompletos, lo que evidenció la existencia de documentación faltante y el ocultamiento arbitrario por parte de la institución castrense”, apunta el Centro ProDH.

La organización expone que la decisión del juez “reconoce el derecho de las familias de los estudiantes a la verdad” y, por tanto, “la obligación” de la Secretaría de Defensa a entregar toda la información relacionada con el caso. “Establece además que dicha información no puede clasificarse como confidencial o secreta, en tanto existe un interés preponderante de las familias de las víctimas, así como de la sociedad en general”, recoge el escrito.

A finales de noviembre del año pasado, la presidenta Claudia Sheinbaum celebró los avances en la investigación, en la que, por el momento, las autoridades han hallado apenas tres trozos de hueso de tres de ellos y algunos restos. La mandataria aceptó entonces la petición de los familiares de las víctimas, que pedían rearmar un grupo de investigadores internacionales independientes que estuviera conformado por exmiembros del GIEI. La apuesta de Sheinbaum ha pasado por la aplicación de una nueva línea de investigaciones, más técnica y científica, con el análisis de las llamadas y datos telefónicos de los móviles de dos estudiantes la noche de la desaparición. Pese a esos avances, el caso continúa siendo una incógnita para las familias.