Genocidio cubano

El bloqueo cubano nunca había sido más fuerte que ahora. Bajo la amenaza de que cualquier país que le venda o suministre petróleo a la isla será castigado con aranceles, el Gobierno de Donald Trump está logrando estrangular a Cuba con una crueldad nunca vista.

Hoy, a la crisis económica estructural que ya tenía la isla, se le suma la escasez de combustible que está logrando paralizar no solo la transportación y el turismo, sino también los servicios de salud, el abasto de agua y, por supuesto, la producción de alimentos. No hay duda de que tal política está cobrando vidas.

La apuesta es la de siempre: que la asfixia económica lleve a la caída del régimen.

El problema es que la evidencia empírica demuestra que los bloqueos rara vez cumplen ese objetivo. Por el contrario, una amplia literatura académica ha documentado que las sanciones económicas suelen devastar las economías nacionales y provocar profundas crisis humanitarias, sin que ello se traduzca en la instauración de regímenes más democráticos.

En ocasiones, los bloqueos incluso terminan indirectamente favoreciendo a las élites gobernantes de los países sancionados, pues la población se vuelca en su apoyo al percibirlos como víctimas de fuerzas externas. Por si lo anterior fuera poco, las sanciones reducen la capacidad de supervisión del Estado, lo que favorece que se detone una mayor corrupción.

Entre 1970 y 1990, las sanciones implementadas por Estados Unidos hacia distintos países solo fueron exitosas en el 21% de los casos. Como ha documentado el Instituto Peterson para la Economía Internacional, su efectividad se limita casi exclusivamente a escenarios en los que los objetivos son modestos y no incluyen un cambio total de régimen.

El ejemplo paradigmático de la ineficacia de las sanciones para promover transformaciones políticas profundas es el embargo impuesto por la ONU a Irak en la década de 1990, tras la invasión de Kuwait por parte del régimen de Saddam Husein. En su momento, se creyó que el bloqueo bastaría para impulsar la democratización del país, pero ocurrió exactamente lo contrario: el embargo castigó de manera desproporcionada a la población civil sin alterar sustancialmente el liderazgo político.

La economía iraquí quedó devastada. La hiperinflación empujó a millones de familias de clase media a la pobreza y aumentó el trabajo infantil, la malnutrición y la mortalidad materna. La escasez de alimentos y medicinas propició brotes de cólera, hepatitis y fiebre tifoidea, así como un alarmante incremento de muertes por enfermedades tratables. Algunas estimaciones cifran en medio millón el número de infantes fallecidos como consecuencia del embargo.

En su momento, la FAO calificó el resultado del embargo como un “sufrimiento humano generalizado” y el coordinador humanitario de la ONU en Irak renunció a su puesto por considerar que las sanciones equivalían a un genocidio.

Desde luego, así como hoy numerosos juristas sostienen que lo que ocurre en Gaza no constituye legalmente un genocidio, en aquel entonces también hubo quienes rechazaron esa interpretación.

Pero más allá de debates legalistas, lo indiscutible es que el embargo a Irak produjo una catástrofe humanitaria sin provocar la caída del régimen. El liderazgo iraquí moderó algunas de sus acciones, pero no fue derrocado. Terminó teniendo que ser removido vía invasión con todas las consecuencias que hoy conocemos para Estados Unidos.

Por este y muchos otros casos similares, la ciencia política ha dejado claro desde hace más de dos décadas que los embargos no son una herramienta eficaz para promover cambios de régimen.

Un tiempo se pensó que lo mejor era implementar “sanciones quirúrgicas”, es decir, políticas que afectaran estratégicamente a las élites políticas sin sacrificar a la población (e.g. bloqueos de cuentas bancarias o sanciones aéreas a líderes políticos). Sin embargo, evidencia reciente ha mostrado que estas tampoco tienen los resultados esperados. Mucho menos en países autocráticos donde, aun si las sanciones llevan a una mayor movilización del público, este puede ser reprimido por el Estado.

Es por todo lo anterior que ante Cuba no deben caber confusiones. La política de estrangulamiento económico impulsada por Estados Unidos no constituye una vía hacia la democratización de la isla, sino la imposición de un sufrimiento humano indiscriminado.

La ayuda humanitaria que México está proveyendo a la isla no debe ser leída como un apoyo político, sino como un intento desesperado por evitar un genocidio a unos cuantos kilómetros de su costa. México no está enviando armas ni recursos financieros. Está enviando leche en polvo, carne, arroz y frijoles. Resulta increíble que un apoyo de esta naturaleza desencadene críticas.

Si como humanidad aspiramos a promover la democracia y los derechos humanos, debemos abandonar políticas que producen sufrimiento masivo y apostar por caminos que coloquen la vida, la dignidad y el bienestar de la población civil en el centro de cualquier acción diplomática.

Por lo pronto, toca dar seguimiento puntual a las consecuencias de las sanciones estadounidenses en Cuba. Si estas comienzan a cobrar vidas, el mundo debe unirse unánimemente en condenarlo.

No podemos normalizar el castigo colectivo como herramienta de presión política.