La Suprema Corte encara tres semanas clave para resolver casi 50 juicios fiscales

Los juicios fiscales que Ricardo Salinas Pliego enfrentó en otoño en la Suprema Corte no fueron más que el principio. El empresario mexicano se vio obligado a desembolsar 32.000 millones de pesos a la Hacienda pública tras perder siete pleitos consecutivos contra el SAT, la punta de un iceberg que comienza a mostrar su silueta. Hay dos billones de pesos atorados en los tribunales por créditos fiscales impugnados, y algunos tienen cita este mismo febrero. El Alto Tribunal encara tres semanas en las que debe despachar casi 50 litigios en materia tributaria, todos ellos heredados de sus antecesores. La reforma judicial impulsada por el Gobierno morenista fijó un plazo de seis meses para este tipo de cuestiones, una muestra de su importancia para el Ejecutivo, que perdió la paciencia con la laxitud con la que muchos de ellos eran resueltos cuando la ley no establecía una fecha límite.

Los asuntos en discusión son muy variados y abarcan tanto a particulares como a empresas. Entre estas últimas hay alguna gran acerera, como Arcelormittal México, la minera La Guitarra o grandes compañías como Gigante Verde, General Motors, Dish o Risen Manufactura, además de Pegaso (adquirida por Movistar). Algunos pleitos tienen que ver con créditos fiscales relativos al impuesto sobre la renta (ISR), otros a la devolución de dinero por créditos declarados nulos en los tribunales y los más relevantes a una posible doble tributación de las maquiladoras en concepto de IVA entre 2019 y 2023, una cuestión que mantiene en vilo a todo el sector.

Las operaciones relacionadas con este tema durante ese periodo ascienden a unos 279.000 millones de pesos (unos 16.100 millones de dólares), y el SAT calcula que dejó de percibir en ese tiempo 44.000 millones de pesos, según recoge la propia Corte. La ministra Lenia Batres mencionó en una sesión pública el año anterior que ese es el suelo de un rango que podría ampliarse hasta los 250.000 millones como consecuencia de las devoluciones derivadas de una resolución contraria a la Hacienda pública.

El asunto no solo es de vital importancia por las cifras que hoy están en litigio sino por el precedente que sentará. Hay alrededor de 30 juicios clave contra el SAT en los que se discute la posible doble tributación. Todos ellos, más una cantidad imprecisa de expedientes que tocan el mismo tema, están paralizados por un acuerdo de la Suprema Corte que los ha congelado hasta que el tribunal resuelva la contradicción de criterios que fijará el criterio definitivo para todos ellos, más los futuros. El proyecto recayó el año pasado en la ministra Yasmín Esquivel, que lo llevó al pleno en febrero, pero fue aplazado a petición de la ministra Batres.

Los pleitos que se resolverán en cascada cuando la Corte resuelva ese expediente tienen que ver con un programa que lleva mucho tiempo en el punto de mira del Gobierno. El régimen fiscal asociado al programa IMMEX (Industria Manufacturera, Maquiladora y de Servicio de Exportación) permite que no se aplique el IVA en la importación temporal de insumos destinados al ensamblaje de productos que serán posteriormente exportados, una forma de favorecer la cadena productiva dentro del país. Las empresas bajo el foco se encuentran en una posición especial, pues se acogían a una figura que, con ese mismo régimen fiscal, permite “exportar virtualmente” a otras empresas que están físicamente dentro de México pero que continúan con la cadena de producción: es decir, no son el destinatario final ni reciben el producto terminado.

Ese esquema funcionó hasta que en 2019 la agencia tributaria decidió cambiar el criterio por considerar que muchas empresas habían abusado de la figura. La misma conclusión, en un contexto distinto, fue la que llevó este verano a la presidenta, Claudia Sheinbaum, a excluir de este régimen fiscal al calzado que llega del exterior. “¿Cómo que los zapatos terminados tienen una ‘importación temporal’?”, dijo entonces.

La exclusión del calzado de ese esquema buscaba poner fin a la competencia desleal con la propia industria nacional, a la que el Gobierno quiere dar un impulso con el recién creado Plan México. El cambio de criterio a la hora de considerar los impuestos de las maquiladoras, en cambio, responde a una estrategia tributaria más amplia que busca aumentar la recaudación por todas las vías. El SAT ha aumentado un 507% el saldo de los créditos fiscales en 10 años: de 514,6 millones al cierre de 2015 a 3,12 billones al cierre de 2025, una cantidad récord. Esa imponente cifra, reflejo del refuerzo de la fiscalización de las actividades económicas y de un servicio tributario que cada vez cuenta con más información de los contribuyentes, esconde, sin embargo, una cara sombría: de los 3,12 billones, dos están siendo litigados en los tribunales y, de los restantes, solo 603 millones son calificados por Hacienda como “factibles de cobro”, algo más de un 19% del total.

En cualquier caso, el Gobierno no teme entrar en la vía judicial para recuperar el dinero que cree que se le escapa de la red. Solo el año pasado, enfrentó 15.186 juicios fiscales en la última instancia, de los que ganó 8.428, según el informe de la Secretaría de Hacienda. Eso equivale a 198.263 millones de pesos, unos 15.500 millones de dólares. La cifra aumentará cuando aquellos que están en las instancias inferiores lleguen a la definitiva, pero solo esa cantidad ya representa seis veces el millonario desembolso que realizó Salinas Pliego en enero, un triunfo para el Ejecutivo, que sin embargo celebra una victoria mayor: el año pasado consiguió ingresar casi 500.000 millones de pesos más persiguiendo la evasión fiscal. La Suprema Corte debe decidir ahora si las maquiladoras están evadiendo impuestos o si, en su afán recaudatorio, el SAT pretende cobrarles más de lo que legalmente les corresponde.