México pide a Estados Unidos extradiciones relacionadas con el huachicol fiscal

México ha enviado ya a más de 100 presos al otro de la frontera. La semana pasada se produjo la última tanda, en medio de las fuertes presiones del Gobierno de Donald Trump y tras el ataque militar a Venezuela, que consumó la captura del presidente Nicolás Maduro. En ese contexto de tensión y negociaciones a varias bandas, la presidenta Claudia Sheinbaum ha desempolvado este martes una petición que no es nueva, pero que cobra mayor relevancia en el escenario actual. La mandataria ha recordado que están sobre la mesa varias peticiones de extradición a Estados Unidos. “Queremos también que personas que están allá sean enviadas, dado que hay una orden de aprehensión aquí en México”, dijo la presidenta mexicana en su conferencia mañanera, detallando que algunas de esas peticiones tienen que ver con casos de huachicol fiscal, el contrabando de combustible.

Tanto el tono como el fondo de la petición coincide con la estrategia de comunicación del Gobierno mexicano ante las presiones de Trump. Cada gesto o cada esfuerzo por aplacar al magnate republicano viene acompañado de una retórica que busca instalar la reciprocidad en la relación bilateral, subrayando “el trabajo coordinado” o “la responsabilidad compartida”. Sheinbaum ya hizo públicas las primeras peticiones de extradiciones en septiembre del año pasado, aprovechando una de las visitas del Secretario de Estado, Marcos Rubio. No dio muchos detalles entonces,

“La solicitud que se ha hecho varias veces de personas que queremos que envíen de Estados Unidos a México, de extradiciones que queremos que ocurran. Algunos casos, por ejemplo, tienen que ver con el caso de Ayotzinapa, que personalmente se lo pedí al secretario de Estado, Marco Rubio, y que todavía no se ha dado y que seguimos insistiendo”, dijo la mandataria este martes. Ya en septiembre, Sheinbaum habló públicamente de las solicitudes de dos personas relacionadas con el caso de los 43 estudiantes desaparecidos hace una década. El caso supuso un terremoto social y político en el país. Los Gobiernos de Morena lo tomaron como un símbolo del problema de la impunidad y prometieron resultados. A día de hoy, las investigaciones -que han conducido a la detención de más de 120 militares- apenas han avanzado ante la frustración y la impotencia de las familias, con las que se sigue reuniendo periódicamente la presidenta.

Sheinbaum ha añadido este martes desde Palacio Nacional que, en su momento, Rubio “dijo que sí”, pero ha recalcaldo: “Seguimos insistiendo porque todavía no ha ocurrido. Hay además otros casos que tienen también que ver con el tema del huachicol fiscal. Queremos que personas que están allá sean enviadas, dado que hay una orden de aprehensión aquí en México”. El contrabando de combustible es uno de los delitos al alza en el país y con un coste político alto. El peor caso de corrupción hasta ahora en el sexenio ha sido la megatrama de huachicol fiscal incrustada en las altas esferas de la Marina.

La trama se destapó hace un mes, pero el Gobierno ha anunciado que lleva al menos dos años siguiendo la pista de la red que supone un agujero para las archas públicas de al menos 150 millones de dólares. El golpe es durísimo para la Marina, a quien el expresidente Andrés Manuel López Obrador encomendó la gestión de las aduanas. El estamento militar, el mejor valorado fuera y dentro del país, tenía hasta ahora una aura de incorruptibilidad.

La presidenta no ha dado más detalles sobre los perfiles solicitados a Estados Unidos relacionados con huachicol, pero hay otro caso de envergadura con un pie en cada lado de la frontera. Se trata del juicio contra la familia Jensen en Estados Unidos, que ha arrojado luz sobre el esquema criminal que permitió contrabandear a su país miles de cargamentos de crudo robado a Pemex, la petrolera paraestatal de México. Las agencias de seguridad estadounidenses colaboran con un testigo protegido que sirvió como intermediario entre los Jensen y líderes del Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG) a los que el Departamento del Tesoro identifica como cabezas del robo y tráfico de hidrocarburos en México.