De Los Primos al Capitán Sol: quién es quién en la red de huachicol dirigida desde la Marina

El pasado domingo, las autoridades mexicanas anunciaron el desmantelamiento de una red de contrabando de combustible en las aduanas de México y el arresto de 14 implicados―seis marinos, cinco funcionarios civiles y tres empresarios. Sus líderes eran los hermanos Manuel Roberto y Fernando Farías Laguna, militares de alto rango y familiares políticos de José Rafael Ojeda Durán, secretario de Marina durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador (2018-2024). Pero ellos solo son la punta de iceberg de una larga cadena criminal en la que cada eslabón cumplía una función específica para lograr introducir al país decenas de millones de litros de hidrocarburos ilegales ante la mirada del Estado mexicano. El caso se destapó tras el decomiso de 10 millones de litros de combustible ilegal a bordo del buque Challenge Procyon, que llegó al puerto de Tampico en marzo. El desmantelamiento de la red no habría sido posible sin la ayuda de Santo, un exfuncionario de la Marina que participó de la trama criminal y al final, rendido y asustado, decidió convertirse en testigo colaborador.

Los líderes: Roberto y Fernando Farías Laguna

Los Primos. Así apodaban dentro de la Secretaría de Marina a los hermanos Manuel Roberto y Fernando Farías, sobrinos del almirante Ojeda Durán. Fuentes conocedoras del estamento militar los describen como prácticamente hijos del exsecretario de Marina, y como prueba indican su vertiginoso ascenso en el escalafón militar desde la llegada de su tío a la cabeza de la institución. Esta rápida subida generó resentimiento en el resto de sus compañeros.

Aunque por edad y méritos, dicen las mismas fuentes, deberían haber estado en un puesto de capitán de navío, Manuel Roberto tenía el cargo de vicealmirante, mientras Fernando era contralmirante, ya casi lo más alto de la Marina. Además, Ojeda Durán los colocó en puestos clave, desde donde podían nombrar a sus cercanos en posiciones que sirvieran a sus intereses, y hacían y deshacían a su gusto con el presupuesto. Fernando Farías tuvo un puesto en Madrid, España, aparentemente de agregado naval de la Embajada, y Manuel Roberto fue comandante de la Duodécima Zona Naval en Puerto Vallarta en Jalisco.

La posición de los hermanos en la trama era central. De acuerdo a los reportes, ellos eran los líderes, dedicados tanto a la administración y las finanzas como a la parte de los negocios. Dentro de la Marina hicieron una camarilla de subalternos que a partir de 2022 comenzaron a colocar en las aduanas para poder operar su red de contrabando. Pese a la polémica desatada sobre la figura del almirante Ojeda Durán, el Gobierno de Claudia Sheinbaum ha defendido férreamente la honorabilidad del exsecretario naval.

El intermediario: Capitán Sol

Miguel Ángel Solano Ruiz, capitán de corbeta retirado, era apodado Capitán Sol. Su función era la de intermediario entre los hermanos Farías Laguna y el resto de la red, encargándose de la comunicación y la gestión de los sobornos. Usaba la aplicación Threema, un servicio de mensajería y llamadas que permite comunicarse sin proporcionar un número telefónico.

Usando el nombre de NK, según dio a conocer Reforma, fue el encargado de avisar a Santo, el testigo principal de la Fiscalía, de que iba a ser nombrado director de la Aduana de Tampico, donde Los Primos iban a comenzar un nuevo movimiento que requería su colaboración. También le avisaba cuando un tal Osvaldo iba a acudir con una bolsa con 1,75 millones de pesos, cerca de 80.000 dólares, para entregársela como pago por dejar pasar los buques cargados con combustible ilegal.

Su estilo de vida, de acuerdo a la investigación, no se correspondía a la de un marino retirado con un sueldo de 18.000 pesos. Gastó más de 52 millones de pesos, unos estrambóticos 2,5 millones de dólares, en apuestas. Tanto que casinos e hipódromos emitieron 400 avisos sobre él a las autoridades. Además tenía ocho inmuebles, repartidos entre Veracruz y Ciudad de México, con un valor superior a los 13 millones de pesos.

El navegante: Climaco Aldape Utrera

Capitán de navío adscrito a la Décima Región Naval en Salina Cruz, estaba bajo las órdenes directas Los Primos. Su función era maniobrar las designaciones de marinos en aduanas clave para mantener el control del negocio de huachicol y facilitar el regreso de embarcaciones a mar abierto cuando tenían problemas para acreditar la carga en un puerto. En 2024, constituyó la empresa Grupo Ald-Camp Agroindustria, que según un reporte de N+, esa firma era una fachada para blanquear dinero proveniente del tráfico de huachicol.

El Santo y los tres de Tamaulipas

La declaración del testigo protegido Santo une las vidas de tres marinos de nivel intermedio implicados en la red de tráfico de huachicol: Fernando Ernesto Magaña Gutiérrez, subadministrador de la aduana de Altamira; Carlos de Jesús Estudillo Villalobos, subdirector de Operación de la aduana de Tampico; y Sergio Varela Morales, subdirector de Vigilancia y Control de la aduana Marítima de Tampico.

Nada más llegar al cargo de director de la aduana de Tampico, Santo recibió un sobre con 50.000 pesos. Se lo entregó Magaña Gutiérrez, subadministrador de la aduana vecina de Altamira. Era un regalo de Capitán Sol, ya que Magaña Gutiérrez era el operador para el pago de sobornos en su recinto fiscal. Fue el primero de muchos sobornos.

Más adelante, Santo pidió ayuda al Capitán Sol para cubrir plazas con gente de su confianza. Así llegaron el capitán Estudillo Villalobos, como subdirector de Operación, y el capitán Varela Morales, que le ayudarían a gestionar y operar el paso de los barcos cargados de hidrocarburos ilegales.

El supervisor: Humberto Enrique López Arellano

El nombre del capitán de navío Humberto Enrique López Arellano, director de supervisión de Aduanas Marítimas en Tampico, brincó en el tablero de las autoridades federales cuando, en mayo de 2023, se compró un automóvil BMW por el que pagó 590.000 pesos, cerca de 30.000 dólares, en efectivo. “Es un motivo de alerta que Humberto Enrique López Arellano, maneje altas cantidades en efectivo, tomando en consideración que su actividad económica es de ‘asalariado’ , en conjunto con el origen desconocido de los recursos”, alertó entonces la Unidad de Inteligencia Financiera, de acuerdo con la indagatoria. A mediados de 2024 comenzaron a llegar barcos cargados de huachicol en Tampico, aunque el negocio venía de antes.

El enlace civil: Francisco Javier Antonio Martínez

Importar enormes buques de huachicol requería de la colaboración de las autoridades civiles. El nexo en la trama de Los Primos era Francisco Javier Antonio Martínez, director de Administración y Finanzas de la ASIPONA de Tampico, una empresa pública encargada de la gestión del puerto. Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad reveló que el funcionario portuario estaba vinculado, a través de socios, a la firma Intanza, S.A. de C.V., que es la que importó desde EE UU el diesel a bordo del buque Challenge Procyon. El mismo medio dio a conocer que Antonio Martínez incrementó su riqueza de golpe. Según sus propias declaraciones patrimoniales, en pocos años adquirió de contado varios autos clásicos.

Los trabajadores de la Aduana

Hay cuatro trabajadores de la aduana de Tampico detenidos en la operación. En lo más alto estaba Endira Xóchitl Palomo Chávez, que hasta hace menos de una semana seguía como jefa del departamento de Recintos Fiscales. Su misión era vigilar las cámaras de seguridad de los muelles y simular las revisiones a los buques tanques de la trama. Otra jefa de departamento involucrada era Perla Elizabeth Castro Sánchez, que se encargaba de revisar los documentos y pedimentos de los barcos, además de remitir las muestras de la carga para los análisis. Su papel era fundamental, ya que durante años estos análisis fueron adulterados para ocultar cargamentos de combustible hechos pasar por aceites. Acaban la lista Anatalia J. Gutiérrez Gutiérrez e Ismael Ricaño Matías, ambos verificadores y que se encargaban de tomar esas muestras.

Los empresarios de Mefra Fletes

La empresa Mefra Fletes se encargó de trasladar en vehículos cisterna que el combustible del buque Challenge Procyon del puerto de Tampico al depósito en Altamira donde los aseguraron. Tres de los integrantes de la compañía fueron capturados como parte del grupo inicial de detenciones: Anuar González Hemadi, Héctor Portales Ávila y José N. El primero es un abogado que hace no muchos años ejercía de juez federal. Es recordado por la protección que brindó a cuatro sujetos acusados de la violación de una menor de edad en Veracruz. Por ese asunto, fue destituido como juez, y sus nuevos pasos lo llevaron al lucrativo negocio del huachicol.

Hay otros tres integrantes de Mefra Fletes que no han sido capturados. Por un lado, Roberto Blanco Cantú, que sería el dueño real de la empresa y cuyo hermano está vinculado con grupos de crimen organizado, según el Departamento de Justicia de Estados Unidos. Los otros son José René Tijerina y José Isabel Murguía Santiago, accionistas de Mefra Fletes. El hermano del segundo es José Ascensión Murguía Santiago, presidente municipal de Teuchitlán, Jalisco, acusado de delincuencia organizada y desaparición forzada en relación al rancho Izaguirre.