La defensa de los Farías Laguna plantea que la justicia militar asuma el caso del huachicol fiscal contra los marinos

A cinco meses de destaparse el considerado como mayor golpe a la corrupción en lo que va sexenio de Claudia Sheinbaum, con el desmantelamiento de una red de contrabando de combustible en las aduanas de México, los marinos de alto rango Manuel Roberto y Fernando Farías Laguna que supuestamente comandaban la trama siguen cobrando parte de su sueldo como militares. La defensa de los dos hermanos pide, ante la polémica por el salario, que se respete la presunción de inocencia y concede que se han planteado solicitar que la justicia militar asuma el caso.

A principios de esta semana, el portal LatinUS publicó que los hermanos Farías Laguna siguen activos en el cuerpo uniformado y recibiendo sus pagos como vicealmirante y contraalmirante, pese a la orden de aprehensión contra ellos por encabezar una red de contrabando desde la Secretaría de Marina. “Nuestra postura es que se respete la presunción de inocencia y sus derechos laborales”, dice al teléfono Epigmenio Mendieta, abogado de ambos: “Darles de baja de la milicia permanente requiere de una serie de formalidades que se deben cumplir”. De acuerdo con Mendieta, hay un proceso de baja contra ambos, pero existen pasos legales y posibilidad de amparos y recursos. “Antes de separarlos de sus derechos, hay que desahogar todo el proceso”, asegura.

Tras aclarar que ambos marinos mantienen la postura de que no participaron en ninguno de los hechos que se les atribuyen, el abogado dice que, “cuando se cometen delitos que son contra el fuero militar, a los militares se les juzgan por la justicia militar”. Considera que “si supuestamente están diciendo que la actividad fue desarrollada dentro de la propia Marina, estaríamos en este supuesto”. “Ya hemos considerado [pedir el traslado a la justicia militar], pero antes tenemos que avanzar en el proceso para hacernos cargo de las pruebas”, concede.

Con base en el mito de la incorruptibilidad de las fuerzas armadas, durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador (2018-2024) se les entregó la gestión de grandes áreas de la Administración pública mexicana, incluyendo la ejecución de megaproyectos como el Tren Maya o el Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec, o, como en este caso, el manejo de las aduanas marítimas y terrestres. Esta decisión política de enorme trascendencia para el país abrió la puerta a que también entre los militares puedan cometerse delitos relacionados con la corrupción y el peculado en estas tareas que, tradicionalmente, estaban en manos de civiles.

Según la acusación de la Fiscalía General de la República, esta conspiración criminal unió a marinos, funcionarios públicos y empresarios para contrabandear millones de litros de gasolina dentro del país. Los hermanos Farías Laguna presuntamente usaban su influencia dentro de la institución para decidir las designaciones de marinos para que gente de su confianza acabara en puestos clave de aduanas y así poder operar la red de contrabando de combustible. Los hermanos son sobrinos políticos de Rafael Ojeda Durán, secretario de Marina de López Obrador. Junto con otras 11 personas, son acusados de delincuencia organizada con fines de cometer delitos en materia de hidrocarburos. Piden para ambos una pena de 20 a 40 años de prisión.

Manuel Roberto Farías Laguna está detenido en el Penal del Altiplano y su proceso está en la etapa de investigación complementaria, sin que haya tenido lugar el juicio. En el caso de Fernando Farías Laguna, está prófugo de la justicia. De acuerdo con su abogado, piensa comparecer cuando se resuelva un amparo tramitado el año pasado para que se le permita llevar su proceso judicial en libertad. Pese a que desde el Gobierno se aseguró que habría más detenciones por este caso, a casi medio año de haberse destapado no hay registro de nuevos acusados.