La diplomacia mexicana exhorta a Exteriores a hacerse cargo del acoso laboral, tras las denuncias contra Josefa González-Blanco

La Asociación del Servicio Exterior Mexicano (ASEM) ha demandado este jueves a la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) que se haga cargo “de manera responsable” del acoso laboral. El comunicado del gremio llega días después de que se conocieran al menos 16 denuncias ante la Cancillería por ese mismo asunto contra la exembajadora de México ante el Reino Unido Josefa González-Blanco. “La omisión o minimización de estas conductas debilita la cohesión de los equipos, afecta la eficiencia de las representaciones y daña el prestigio del SEM [Servicio de Exteriores Mexicanos]”, ha indicado el organismo en su escrito, en el que no hace mención explícita a González-Blanco.

La presidenta, Claudia Sheinbaum, informó el miércoles que hasta la fecha no existían investigaciones en particular contra la exfuncionaria, que será reemplazada por el ex fiscal general Alejandro Gertz Manero. “Sí se revisó su actuación y no hay ninguna investigación de ningún tipo con ninguna denuncia presentada”, expuso. Sheinbaum también precisó que las denuncias contra González-Blanco se presentaron durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador (2018-2024), quien la designó en el cargo, pero, aclaró, “se analizaron y no fueron conducentes”. La presidenta subrayó que González-Blanco “hizo un buen papel” en Reino Unido.

Una investigación publicada por este diario recoge las denuncias de trabajadores diplomáticos que acusan a González-Blanco de hostigamiento laboral, malos manejos de recursos y de haber apagado la relación bilateral. Al menos 40 trabajadores han salido de la Embajada desde 2021 entre renuncias y rotaciones a otras representaciones, una dinámica que ha dejado a la delegación con menos de la mitad de la plantilla.

La ASEM ha reiterado en su misiva que el acoso laboral y el maltrato hacia el personal “son prácticas inaceptables y contrarias al Código de Conducta” de la Cancillería y ha apuntado que esas obligaciones “adquieren una relevancia particular en el caso de los jefes de misión”. Y añade: “[Su] función no solo implica la representación del Estado mexicano, sino también la de garantizar un ambiente de trabajo respetuoso, profesional y propicio”.

Exdirectivos de la Cancillería señalaron a EL PAÍS que es muy difícil someter a la rendición de cuentas a funcionarios cuyos nombramientos dependen de una decisión política. “Cuando tienen acceso a Palacio Nacional, tienen vía libre. Un director general, que sería su jefe, un subsecretario, o incluso el mismo canciller, dependiendo del calibre de estos personajes, no tienen el poder suficiente para gobernarlos. No rinden cuentas y se sienten intocables, porque en gran medida lo son”, refería un exdirectivo diplomático, que solicitó el anonimato. La ASEM también ha pedido a la Cancillería que asuma la atención “y, en su caso, determinación de responsabilidades”.