Un valioso predio, perros en riesgo y una sucesión millonaria: lo que hay detrás del escándalo del Refugio Franciscano

En Cuajimalpa se siguen levantando los rascacielos. Los “lujosos, exclusivos, modernos” complejos inmobiliarios de Santa Fe no dejan de aparecer en la que se mantiene como la zona de los superricos de la capital mexicana. Una de sus avenidas clave es la carretera México-Toluca, donde un terreno de 165 hectáreas es más que tentador para la depredación inmobiliaria. En ese predio, sin embargo, funcionaba un refugio con alrededor de 1.000 perros y gatos, lo que detonó una batalla legal entre la fundación propietaria y la asociación que cuidaba a los animales. El conflicto escaló hasta una denuncia por presunto maltrato animal, un operativo de desalojo, una polémica pública y, finalmente, la obligación del Gobierno de Clara Brugada a salir a dar explicaciones sobre su actuación.

La Fundación Haghenbeck, una de las protagonistas de este conflicto, define la disputa por el predio como una con “un trasfondo legal largo”. El caso se remonta a casi 50 años, cuando Antonio Haghenbeck, filántropo y fundador de la institución que hoy lleva su nombre, cedió de palabra al Refugio Franciscano una parte —unos 5.000 metros cuadrados— del terreno en Cuajimalpa para albergar a perros y gatos rescatados. Durante décadas, ese acuerdo se mantuvo sin mayores complicaciones. El problema estalló tras la muerte de Haghenbeck, cuando sus sucesores recuperaron el control total del predio, ubicado en la que a día de hoy es una de las zonas más codiciadas por el desarrollo en la capital. Gustavo García, abogado en materia de corrupción inmobiliaria, considera que el caso es “emblemático” y refleja cómo la especulación en Ciudad de México está destapando un “contubernio” de un grupo de personas y servidores públicos para despojar de sus bienes a una asociación civil.

Gonzalo Covarrubias, abogado de la Fundación, sostiene en conversación con EL PAÍS que nunca existió un contrato formal que otorgara al refugio derechos sobre la propiedad. Una interpretación que, asegura, quedó zanjada en 2016 con una sentencia del entonces Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal. El Refugio Franciscano, en cambio, se apoya en un documento que presenta como parte del testamento del fundador, fechado en 1991 y al que tuvo acceso este diario, en el que se establece que los bienes de la fundación no podrían venderse y que debían destinarse a la protección animal “por el tiempo que fuera necesario” con mención expresa al propio refugio y a otras asociaciones.

Tras haberse hecho con la propiedad en noviembre de 2020, la fundación vendió el terreno —más de 160.000 metros cuadrados— a un fideicomiso del Banco Ve por Más por 650 millones de pesos. Una operación, que afirma Covarrubias, “fue notificada a la Junta de Asistencia Privada y a las autoridades financieras”. Los franciscanos cuestionan esa transacción y señalan, además, que ese mismo mes se autorizó un cambio de uso de suelo para vivienda y oficinas. A partir de ahí, el conflicto se fue a los tribulanes.

Desde Haghenbeck aseguran que, antes del desalojo, ofrecieron al Refugio Franciscano reubicarse en otro predio en Xalatlaco, a unos cuantos kilómetros de Cuajimalpa. El refugio reconoce que hubo conversaciones, pero sostiene que la alternativa “no cumplía con las condiciones necesarias” y que propuso trasladarse a un terreno distinto, en Texcoco, con el compromiso de que la fundación financiara la construcción de un nuevo albergue. Ese desacuerdo quedó plasmado en un litigio que siguió abierto durante años, con órdenes de desalojo y amparos. La fundación recula diciendo que fue el refugio quien incumplió.

Entonces, una magistrada dictó sentencia el pasado 8 de diciembre y ordenó devolver el predio a la fundación. El refugio alega que aún tenía margen para apelar y que, pese a ello, la noche del 10 de diciembre autoridades ingresaron al inmueble y entregaron la posesión de manera inmediata.

A partir de ese momento, la disputa legal se mezcló con la crisis sanitaria de los animales. La Procuraduría Ambiental y la Fiscalía capitalinas acudieron al predio el 13 de diciembre, tres días después de que la fundación tomara control. El Refugio Franciscano denuncia que durante ese lapso no hubo supervisión oficial y que se “armó un montaje” para justificar una acusación de maltrato animal. El 7 de enero al menos 200 elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana acudieron al inmueble para retirar a los animales.

El operativo causó indignación entre las asociaciones animalistas y alimentaron el fuego cruzado con documentos, acusaciones y contradicciones. Tras ser fuertemente criticado por actuar bajo la lógica de la especulación inmobiliaria, el Gobierno de Ciudad de México justificó su intervención en una investigación por maltrato animal. En el lugar fueron localizados cerca de 900 animales. Al menos 798 presentaban signos de crueldad, 20 fueron hospitalizados y 21 murieron. Las autoridades reportaron casos de sarna, dermatitis, infecciones, tumores y enfermedades respiratorias y crónicas. El plan del Gobierno era estabilizar a los animales, asegurar la vacunación y promover su adopción.

El Refugio Franciscano cuestiona esas cifras y asegura que había aún más animales. Insiste en que el peritaje se realizó cuando ellos ya no tenían control del lugar y que los tres días previos bastaron para alterar las condiciones del albergue. La fundación, en contraste, sostiene que “todo el proceso fue legal” y que los recursos obtenidos por la venta del predio “permitirán garantizar su labor en favor del bienestar animal durante los próximos 20 años, con nuevos refugios, campañas de esterilización ampliadas y la construcción de la llamada Ciudad de los Perros y los Gatos”.

“El caso del Refugio Franciscano abarca absolutamente todo. Una simulación en el precio pactado, un juicio llevado a cabo y cuidado por las más altas esferas del Poder Judicial en Ciudad de México, ejecuciones y demás, que ha orillado a la Fundación a tener que promover amparos y un operativo espectacular con Fiscalía y otras instancias gubernamentales. Esto para venderse a uno de los fondos inmobiliarios más grandes de México”, cuenta el letrado García vía telefónica.

En la reunión de este pasado martes, César Cravioto, secretario de Gobierno, negó que exista cualquier autorización para desarrollar proyectos inmobiliarios en el predio “durante la actual administración”. El abogado consultado considera que esa postura del Gobierno de Brugada evidencia un peligroso precedente: “Es decirle a la ciudadanía que la jefa de Gobierno puede vetar un desarrollo inmobiliario aunque tenga derechos conforme a la norma, a la ley y a los programas de desarrollo urbano. Como si dijeran que Brugada tiene un poder omnipotente para decir cuál desarrollo sí va y cuál no. Es algo que no se puede ventilar con esa ligereza porque refleja precisamente desconocimiento de que somos una ciudad de leyes y de derechos”.