La presión recae sobre Brugada por el cuidado de casi 1.000 perros y gatos rescatados de un refugio

La crisis por el traslado de cientos de perros y gatos del Refugio Franciscano ha obligado al Gobierno de Ciudad de México a salir, una y otra vez en la última semana, a dar explicaciones. Este martes, la jefa de Gobierno acudió personalmente al albergue temporal instalado en el Deportivo Hermanos Galeana, en la alcaldía Gustavo A. Madero, donde están resguardados 183 perros, para demostrar que los animales están en buenas condiciones. Así, Brugada quiere desmontar las versiones de malos tratos, sacrificios e intereses inmobiliarios detrás del operativo. “Pareciera que se hubiera politizado el tema”, ha señalado durante su visita.

“Queremos decir con mucha claridad y precisión que los lugares donde están hoy los perritos están en buenas condiciones. Están comiendo bien, tienen médicos 24/7 y limpieza permanente”, ha asegurado. La mandataria adelantó que el próximo día 23 los perros serán trasladados a instalaciones de la Brigada de Vigilancia Animal, donde ya hay otros ejemplares y se habilitan nuevos espacios. “De ninguna manera hubiéramos rescatado a los animales para que estuvieran en malas condiciones”, ha insistido.

Actualmente, la ciudad tiene bajo resguardo a 858 perros: 304 en un refugio temporal en el Ajusco, 371 en la Brigada de Vigilancia Animal y 183 más en la Gustavo A. Madero. Algunos de ellos están en hospitales. Tras el desalojo en el refugio, el destino de los perros y gatos ha sido cuestionado en las redes, desde donde circulan teorías de que algunos de ellos han sido sacrificados. Para descartar esas versiones, Brugada dio indicaciones de que cada animal tenga un registro fotográfico y que se difunda de manera permanente su estado de salud. El plan del Gobierno para los animales es estabilizarlos y supervisar la vacunación, para después arrancar una campaña de adopción.

De los cerca de 900 animales hallados en el inmueble, al menos 798 presentaban signos de maltrato o crueldad: 759 perros y 39 gatos. Otros 20 fueron hospitalizados por su estado de salud y 21 murieron. Según el equipo médico que los atendió, los principales padecimientos eran dermatitis, sarna, lesiones en piel, infecciones por hongos y bacterias, tumores, enfermedades respiratorias y enfermedades crónico-degenerativas.

La polémica empezó por el cierre del albergue con 936 perros y gatos en la alcaldía Cuajimalpa, el pasado miércoles, y desde entonces no ha hecho más que escalar. La institución denuncia que la administración de Brugada actuó de forma ilegal y apresurada al retirar a los animales del predio, a pesar de que existía una orden federal vigente que impedía cualquier acción sobre el inmueble. Por su parte, el Ejecutivo capitalino ha argumentado que la intervención al inmueble se realizó tras peritajes oficiales que daban fe de que la población animal vivía bajo condiciones de hacinamiento, maltrato y abuso.

El Refugio Franciscano, fundado en 1977 —uno de los más antiguos en la capital— y conocido por su política de no sacrificio y esterilización masiva, ha rechazado las acusaciones de maltrato y sostiene que el operativo fue un desalojo de manera “violenta e inhumana” que disfrazaron de rescate. También han denunciado que, durante 28 días, el inmueble permaneció cerrado y bajo control de la Fundación Antonio Haghenbeck, sin acceso a su personal ni a especialistas, lo que agravó el estado de los animales.

El Refugio Francisco y la Fundación Antonio Haghenbeck mantienen una disputa legal por el predio en Cuajimalpa que albergaba a los animales desde 2009. De acuerdo con la versión del refugio, el operativo se realizó en cuestión de minutos y violó una resolución judicial que protegía el lugar. La tensión entre ambas partes en disputa se remonta a más de un mes, cuando el pasado 11 de diciembre se decretó un desalojo en favor de la fundación, pero el refugio obtuvo un amparo para intentar recuperar el lugar. Entonces, surgieron las especulaciones de que intereses inmobiliarios habrían empujado la acción del Gobierno capitalino, para aceptar un proyecto de complejo de departamentos. Desde entonces, el Gobierno de la ciudad ha difundido videos explicativos, donde niegan que se trate de un despojo o de una acción para beneficiar a una inmobiliaria. La fiscal capitalina, Bertha María Alcalde, ha sido tajante: “De ninguna manera fue un despojo. Esto deriva de una investigación por un delito de maltrato animal”.

El operativo abrió también un conflicto con acusaciones cruzadas entre colectivos animalistas. “Hemos visto muchas agresiones entre los mismos defensores de animales. A nadie le conviene que se digan mentiras”, afirmó el secretario de Gobierno, César Cravioto, quien también negó que exista cualquier autorización para desarrollar proyectos inmobiliarios en el predio durante la actual administración. Cravioto explicó que se ha insistido en que no hay intención de criminalizar a quienes se dedican al cuidado de animales, aunque las investigaciones por maltrato deben continuar. También anunció que se abrirá un proceso para que colectivos y especialistas presenten propuestas a la ley de bienestar animal que prepara la jefa de Gobierno y que sería presentada la próxima semana.