La Fiscalía pide 15 años de cárcel para un empresario de Ciudad Real por abusar de una trabajadora con discapacidad

El propietario de una empresa de limpieza de Ciudad Real, de 61 años, ha declarado este martes ante el juez de la audiencia provincial acusado de un delito continuado de agresión sexual, tras haber mantenido una relación sentimental con una empleada con una discapacidad reconocida del 65%. La Fiscalía le pide 15 años de cárcel para el hombre por considerar probado que mantuvo una relación sentimental con su trabajadora entre 2019 y 2023, y con relaciones sexuales a partir del mes de julio de 2022 y hasta febrero de 2023. En una vista a puerta cerrada para preservar la intimidad de la víctima, el empresario ha declarado que “la relación fue consentida y deseada por ambos”.

“Con conocimiento de su minusvalía y discapacidad, aprovechando tal circunstancia y quebrando la voluntad y conciencia de la víctima, accedía continuamente a tener sexo oral practicándole ésta un sinfín de felaciones que terminaban en ocasiones con eyaculaciones sobre su rostro y cuerpo”, describe el escrito del ministerio público.

En la vista oral, tanto la Fiscalía como la acusación particular han ratificado su solicitud de 15 años de prisión, además de el resto de medidas ya interesadas, entre ellas la prohibición de aproximarse y comunicarse con la denunciante y una indemnización de 30.000 euros por los daños psíquicos y morales.

Según recoge el escrito de Fiscalía, la víctima trabajaba en la empresa desde 2004 y fue a partir de 2019 cuando los encuentros eran “frecuentes y continuos únicamente en los distintos centros de trabajo (comunidades de vecinos) donde la víctima prestaba sus servicios como personal de limpieza y adonde el acusado acudía para verla y estar con ella”, señala.

La defensa, representada por el abogado Víctor Francisco, ha pedido la absolución libre del acusado, al considerar que los hechos se produjeron “en el marco de una relación afectiva plenamente consentida”. Según el abogado, la incapacidad declarada en 2016 se circunscribía al ámbito económico y a la suscripción de contratos complejos, y que los informes forenses de aquella época señalaban que la denunciante se encontraba orientada, con discurso coherente y con su capacidad para dirigir su vida personal intacta. Y ha defendido que su libertad sexual no se veía suprimida ni resultaba incompatible con el diagnóstico de retraso mental leve.

Vulnerabilidad

Sin embargo, el ministerio público argumenta que la denunciante “no se encuentra en condiciones óptimas de conciencia y voluntad para consentir libremente la práctica de relaciones sexuales vía oral a la vista de su historial clínico y las patologías psiquiátricas que padece”. Y considera que se trata de “una persona especialmente vulnerable, influenciable por la figura del acusado como jefe de la empresa donde trabaja y sin capacidad para prestar consentimiento válido a la vista del informe médico forense”.

El letrado Víctor Francisco ha defendido que asumir que una persona con retraso mental leve carece de forma automática de capacidad para consentir supondría que cualquier relación íntima podría convertirse en una acusación de agresión sexual.