Se buscan 858 perros realojados por el Gobierno de Ciudad de México

El Gobierno de Ciudad de México y el Refugio Franciscano siguen en el tira y afloja por la situación de los animales retirados del albergue en Cuajimalpa. Lo que comenzó como un operativo de la Fiscalía capitalina por presunto maltrato animal terminó por convertirse en un frente político y mediático. A una semana del desalojo de uno de los refugios más antiguos de la capital, sigue sin resolverse el principal reclamo del albergue: poder ver y censar a los 858 perros y gatos que fueron retirados del lugar y trasladados a distintos puntos de la ciudad para verificar en qué condiciones están.

Este miércoles, personal del Refugio acudió al deportivo Hermanos Galeana, en la alcaldía Gustavo A. Madero, donde el Gobierno los había citado para visitar a algunos de los animales. Sin embargo, una vez allí, las autoridades cancelaron el encuentro. “La versión que nos dieron es que los estaban vacunando y que, por lo tanto, no podíamos verlos”, explicó a EL PAÍS Fernando Pérez, abogado del Refugio Franciscano. La cancelación desató nuevas protestas de colectivos animalistas en el Eje Central y obligó a ambas partes a sentarse de nuevo en la mesa de negociación.

Horas antes, el Refugio había difundido un acuerdo con la administración de Clara Brugada, que incluía permitir visitas a los animales, no criminalizar ni detener a trabajadores del albergue, acatar las resoluciones judiciales sobre el predio en disputa con la Fundación Antonio Haghenbeck y garantizar que no habrá un desarrollo inmobiliario en el terreno. Tras el incumplimiento, el secretario de Gobierno, César Cravioto, se comprometió a que este jueves el personal del refugio podrá visitar a los perros, repartidos en tres centros de resguardo.

La insistencia por acceder a los animales se sostiene en la falta de información sobre su estado desde el operativo. El objetivo de las visitas, según el refugio, es realizar un censo en sitio, “animalito por animalito”, para verificar su salud y bienestar. En redes sociales han circulado videos de camiones del antirrábico trasladando perros sin previo aviso, imágenes de animales en espacios reducidos y teorías sobre posibles sacrificios. La jefa de Gobierno ha desmentido estas versiones con visitas públicas a los centros de resguardo, aunque no se ha desvanecido la desconfianza. EL PAÍS intentó acceder este miércoles al refugio temporal del Ajusco, pero el ingreso fue negado por el personal de seguridad.

La ciudad tiene bajo resguardo a 858 perros: 304 en un refugio temporal en el Ajusco, 371 en instalaciones de la Brigada de Vigilancia Animal y 183 en la alcaldía Gustavo A. Madero. Algunos permanecen hospitalizados. El plan del Gobierno es estabilizar su salud, completar esquemas de vacunación y, posteriormente, iniciar una campaña de adopción.

La Fiscalía sostiene que el aseguramiento se derivó de una investigación por maltrato animal. De los cerca de 900 animales hallados en el inmueble, al menos 798 —759 perros y 39 gatos— presentaban signos de crueldad, 20 fueron hospitalizados por su gravedad y 21 murieron. El Refugio, sin embargo, sostiene que había más ejemplares en el terreno. Los principales padecimientos detectados por el personal veterinario del Gobierno fueron dermatitis, sarna, lesiones cutáneas, infecciones, tumores y enfermedades respiratorias y crónico-degenerativas.

Tras la cancelación de la visita, la Fundación Antonio Haghenbeck —con la que el Refugio mantiene una disputa legal por el predio— se ha sumado a la polémica. Su presidenta, Carmela Rivero, afirmó en un video difundido en redes sociales que “no es sano, correcto ni legal que las personas señaladas por haber maltratado durante años a miles de perros y gatos pretendan ahora visitarlos”.

Así, el caso ha abierto el debate sobre la supervisión de los refugios en la ciudad. Desde el Ajusco, la Fundación Toby —que alberga a más de 150 animales— asegura que en siete años de operación no ha recibido una sola visita oficial de inspección. “El Gobierno solo se acerca para pedirnos que recibamos perros a cambio de costales de croquetas”, explica su fundadora, Samia Klimos. No hay apoyos económicos, más allá de donaciones intermitentes y ayuda de la alcaldía Tlalpan para el suministro de agua. En opinión de Klimos, que impulsa una red de refugios capitalinos, el desalojo del Refugio Franciscano fue improvisado: “No saben a dónde llevarlos ni qué hacer con ellos”.

El Refugio Franciscano, fundado en 1977 y conocido por su política de no sacrificio y esterilización masiva, rechaza las acusaciones de maltrato y sostiene que el operativo fue un desalojo “violento e inhumano”, presentado como rescate. Según su versión, la acción violó una resolución judicial que protegía el predio.

La disputa por el terreno en Cuajimalpa se asoma como el origen del problema. El pasado 11 de diciembre se decretó un desalojo en favor de la Fundación Haghenbeck, aunque el refugio obtuvo un amparo para intentar conservar el lugar. Desde entonces, han circulado versiones sobre posibles intereses inmobiliarios detrás de la actuación del Gobierno, una hipótesis que las autoridades capitalinas han negado una y otra vez. La fiscal Bertha María Alcalde asegura: “De ninguna manera fue un despojo. Esto deriva de una investigación por un delito de maltrato animal”. Mientras tanto, el paradero y las condiciones de cientos de perros siguen siendo el centro de la polémica que no ha dejado de escalar.