El Congreso mexicano consuma la ley de Sheinbaum que le da más poder a la Marina 

El Congreso mexicano ha consumado este miércoles los nuevos poderes de la Marina. La propuesta fue enviada hace menos de un mes por la presidenta, Claudia Sheinbaum, para expedir la nueva Ley Orgánica de la Armada, una institución que tiene la marca fresca de la corrupción por el escándalo de contrabando de combustible que implica a sus integrantes. El oficialismo en el Senado, formado por Morena, PT y PVEM, ha dado los votos para formalizar las nuevas atribuciones de la Marina en aeropuertos y aduanas. Además, les da el derecho de visita y de persecución, así como acciones de abordaje, registro e inspección de buques y embarcaciones en la zona económica exclusiva de México y en altamar, para fortalecer el combate de los actos ilícitos cometidos en el espacio marítimo como el llamado huachicol fiscal. Esa trama ha puesto en duda la fama de incorruptible que tenía la institución.

La propuesta presidencial no ha sufrido cambio alguno ni en la Cámara de Diputados ni en su contraparte. La oposición en el Senado ha puesto una resistencia estéril a la aprobación de la minuta, sin posibilidades de frenarla frente a la mayoría aplastante que tienen Morena y aliados en el Legislativo. Manuel Añorve, a nombre del PRI, ha sostenido que los lineamientos no fortalecen a la Marina, en cambio, la someten y la ponen al servicio de intereses políticos. La eliminación de la actuación de los marinos bajo la premisa de protección de los derechos humanos ha sido parte del debate. “Esto no es casualidad ni descuido; es el verdadero rostro autoritario de Morena”, dijo el priista.

Los intentos del oficialismo por borrar la mancha que ha dejado en la Armada el huachicol fiscal no han surtido efecto. La participación de marinos en la red de contrabando de combustible ha salido a flote en la discusión de la propuesta presidencial. Movimiento Ciudadano (MC) ha cuestionado que “se busca aprobar esta ley en un contexto que no puede ni debe ser ignorado, el del llamado huachicol fiscal”, dijo la senadora emecista, Alejandra Barrales. Semanas atrás, se destapó un caso de contrabando millonario de combustible que tiene como implicados al crimen organizado, pero también a integrantes de las aduanas y uniformados. Entre los involucrados, destacan los hermanos Manuel Roberto y Fernando Farías Laguna, marinos de alto rango y familiares políticos de José Rafael Ojeda Durán, el secretario de Marina del Gobierno de Andrés Manuel López Obrador (2018-2024).

En este contexto, los poderes conferidos a esa rama de las Fuerzas Armadas han sido criticados por el bloque opositor. “Se incorporan nuevas facultades a la Armada, como inspección de buques o la detención de personas, acciones que violan tratados internacionales y que carecen de controles civiles”, subrayó la legisladora. De las nuevas atribuciones establecidas en la legislación destacan los términos para salvaguardar la soberanía y la integridad del territorio nacional en el mar territorial, zona marítimo-terrestre, islas y cayos, pero también en los espacios aéreos correspondientes. Se incluye, además, participar en actividades de ciberdefensa y ciberseguridad para la conducción de las operaciones en el ciberespacio, en colaboración con otras autoridades, así como el empleo de la inteligencia artificial como herramienta tecnológica.

La nueva norma da revés a un puñado de ordenamientos impulsados y aprobados por el Congreso durante el tercer año de la Administración de López Obrador a través de la Ley Orgánica de la Armada de México, que con la nueva ley ha quedado derogada. Se ha tocado los nombres y los niveles jerárquicos. “Esto es una reforma en contra de la Armada, crean una jefatura de operaciones navales que no es por mérito, es por dedazo presidencial, con charola, concentrando el mando estratégico en una sola persona, sin contrapesos”, lanzó la panista Gina Campuzano. El nuevo texto incluye la eliminación de sanciones más severas y de la baja de marinos por delitos contra la salud en su modalidad de narcotráfico o por traición a las fuerzas armadas, disposiciones que se establecieron en la ley de 2021.

Morena ha atajado las críticas que también cuestionaban la militarización del país. “Esta ley no amplía el poder de las armas, sino el poder de la ley y del Estado mexicano sobre sus mares, su ciberespacio y su futuro”, respondió el presidente de la Comisión de Marina y senador morenista, Carlos Lomelí. Pese a las voces en contra, el trámite ha sido rápido. En menos de dos horas, el Senado ha pasado la ley, que ya fue enviada al Ejecutivo y está a un paso de entrar en vigor con su publicación en el Diario Oficial de la Federación.