La trama del huachicol sacude los cimientos del morenismo

Hace casi tres años, en la celebración del día de la Armada, el almirante Rafael Ojeda, secretario de Marina, tomaba la palabra a bordo del buque Usumacinta, en las costas de Manzanillo, en Colima. “Las y los mexicanos necesitamos de una unión y una voluntad sin precedentes, el enemigo a derrotar ahora es la corrupción”, dijo. Enfrente escuchaba el presidente, Andrés Manuel López Obrador, y la plana mayor de su Gabinete, el secretario de la Defensa, la de Seguridad, el de Gobernación… El Ejecutivo incidía de nuevo en la importancia de uno de sus postulados, el combate a la corrupción. El tiempo ha querido que aquel evento aparezca ahora como símbolo de las contradicciones del morenismo.

Ojeda figura desde hace unos días en la periferia de una trama corrupta, vinculada al huachicol fiscal, el contrabando de gasolinas a México bajo fracciones arancelarias alteradas. Investigada desde hace meses, la trama, dirigida por dos sobrinos políticos del almirante secretario, pesos pesados en la Armada, golpea al oficialismo, que ha hecho de la batalla contra la corrupción uno de sus pilares. El caso, detectado en dos puertos de Tamaulipas, aparece así como un parteaguas en los Gobiernos de Morena y eleva a Claudia Sheinbaum en su cruzada contra el crimen, de camino a su primer aniversario en Palacio Nacional. Desafío, pero también oportunidad, la mandataria vislumbra un espacio para romper con figuras y grupos políticos de su predecesor, y dar espacio a los suyos.

En las arenas movedizas del equilibrio de poderes, la caída en desgracia de la Armada, antaño punta de lanza de la lucha contra el crimen organizado, implica el reforzamiento del Ejército, gran consentido durante los años de López Obrador, relegado amablemente durante la actual administración. Preguntas sobre posibles esquemas corruptos en otras aduanas germinan, sin embargo, en la conversación pública: si marinos operaron este esquema en un par de puertos de Tamaulipas, ¿acaso no han funcionado esquemas parecidos en las fronteras terrestres del norte del país, que controlan militares, con la cantidad de denuncias acumuladas al respecto estos años?

El secretario de seguridad federal, Omar García Harfuch, aparece igualmente reforzado. Vocero del Gabinete de Seguridad, el funcionario acumula capital político a velocidad creciente, amortizadas aparentemente las polémicas del pasado, referidas sobre todo a su papel en el caso Ayotzinapa, su nombre y número en la libreta decomisada a un criminal, su presencia fantasma en reuniones en Iguala, etcétera. Con los principales índices delictivos a la baja, su figura cotiza al alza, apoyado en su poder en la secretaria, pero también en el Centro Nacional de Inteligencia, la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda, la pata de seguridad de la petrolera estatal, Pemex, y la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada, donde ha colocado a personal de su confianza.

En ese contexto, Sheinbaum trata de controlar la narrativa de la trama de los sobrinos del almirante Ojeda, los hermanos Fernando y Manuel Farías Laguna. Asume la culpa, conocedora de que el problema echó raíces durante la administración pasada. Las autoridades han querido disculpar estos días a Ojeda, señalando que el mando naval acudió a informar del asunto a la Fiscalía General de la República (FGR), aun durante el Gobierno de López Obrador. Pero las dudas sobre su papel en la trama, al menos por omisión, interpelan los postulados que representaron, él y sus compañeros de gabinete, empezando por el mismo presidente.

Otros dos altos funcionarios de la pasada administración, presentes aquella mañana en la celebración del día de la Armada, en Manzanillo, ilustran las paradojas del movimiento. El primero es Adán Augusto López, entonces secretario de Gobernación, que cuando fue gobernador en Tabasco colocó de jefe de policía a un tipo que fungía de líder de la organización criminal La Barredora. El segundo es el almirante Rubén Vargas Suárez, jefe de la X Región Naval en la época, designado en enero de este año al frente del puerto de Tampico, destituido en mayo tras el decomiso de un buque en los muelles, con millones de litros de combustible contrabandeado, precisamente el mismo escándalo que involucra a los Farías Laguna.

Tanto el caso de La Barredora y López, como el de las presuntas corruptelas de los sobrinos de Ojeda en Tampico –autoridades portuarias y aduanales mediante– han explotado en los últimos seis meses, resquebrajando el mito de la honradez que defendía López Obrador. En el caso de Tampico, las acusaciones resultan especialmente graves, pues el mito descansaba sobre todo en el quehacer castrense, Ejército y Armada, depósito de la integridad nacional, garantía del éxito de su proyecto político, que él mismo planteó como una refundación del Estado, una transformación, la cuarta, después de la Independencia, la Reforma y la Revolución.

La autopista de posibilidades que habría aprovechado la trama corrupta existe, además, por obra y milagro de López Obrador. Durante su mandato, el expresidente otorgó el control de los puertos fronterizos, terrestres, marítimos y aéreos, a las Fuerzas Armadas, bajo el argumento de su incorruptibilidad. La decisión, explicó el mandatario, obedecía precisamente al “contrabando de gasolinas y diesel”. En aquellos tiempos, mediado 2020, la recaudación fiscal por la importación de combustibles caía drásticamente, lo que apuntaba a falsificaciones de los importadores en las fracciones arancelarias. Esto es, que empresas importaban gasolinas como si fueran aceites u otros productos, para ahorrar impuestos, con el beneplácito de funcionarios corruptos.

Visto lo visto, el cambio pareció dejar igual las cosas. Para el historiador Humberto Beck, de El Colegio de México, el caso Farías Laguna “destruye los cimientos del proyecto político de Morena y de su gobierno. Destruye la idea de honestidad y de lucha contra la corrupción, principal fundamento de López Obrador y su partido; destruye la idea de las Fuerzas Armadas como reserva de honestidad inagotable; y destruye lo que se suponía que era uno de los objetivos centrales de Morena, la soberanía energética. Nada de eso se sostiene después de ese escándalo”. Beck añade que “si hay algún grado de conciencia política en Morena, el único camino es la refundación”.

El último apunte, relativo a la soberanía energética, tiene su importancia. No es solo que la Armada mexicana haya hospedado una trama corrupta ante las narices de su máximo responsable, el almirante Ojeda, es que el elemento corruptor, la gasolina, el diesel, constituye uno de los símbolos de la identidad nacional mexicana, al menos desde la década de 1930, cuando el presidente Lázaro Cárdenas, uno de los referentes de López Obrador, nacionalizó la industria petrolera. Desde entonces, Pemex ha sido uno de los pilares del Estado y, durante su presidencia, López Obrador compró una refinería en Texas, Deer Park, y construyó otra en Tabasco, Dos Bocas.

La duda ahora apunta a las consecuencias a medio y largo plazo. Fuentes consultadas por EL PAÍS señalan cierto malestar al interior de la Secretaría de Marina. No en vano, la investigación que acabó con la desarticulación de la trama nació en la misma dependencia, alentada por el actual secretario, el almirante Raymundo Pedro Morales, en noviembre de 2024. La pesquisa, llevada a cabo por la Unidad de Inteligencia Naval, llegó al buzón de la Fiscalía General de la República (FGR) en julio. En paralelo, el Gabinete de Seguridad decomisó millones de litros de combustible en Tampico, en marzo, hecho que se conectó a la trama de los sobrinos de Ojeda.

El Gabinete de Seguridad planeaba comunicar los resultados de la última etapa de la operación, la detención de los Farias Laguna y su red, este lunes, pero todo se precipitó. El diario Reforma adelantó la información el sábado pasado, situación que obligó a García Harfuch a completarla al día siguiente, en una rueda de prensa. En los días posteriores, retazos de la pesquisa, dirigida ahora por la FGR, han aparecido en diferentes medios. Este desorden no afecta tanto a Sheinbaum y Harfuch, pero sí a Morales y la dependencia que dirige que, lejos de figurar como investigadores de la trama, figura como mera comparsa.