Conversaciones de ‘WhatsApp’ y la falta de una defensa apropiada sustentan la sentencia a 50 años de prisión de María Guadalupe Martínez

La última de las audiencias que María Guadalupe Martínez enfrentó por el delito de secuestro, ha sido, en apariencia, la más respetuosa a sus derechos y la más considerada a su persona. Ha durado más de seis horas, ha contado con la presencia, incluso, de dos traductoras de lenguas indígenas, y durante la sesión se han pronunciado más de dos veces las frases: “interculturalidad”, “perspectiva de género” y “pueblos indígenas”. El juez, convencido de que su decisión responde al más estricto respeto de las leyes, sostuvo que la condena de 50 años de prisión para María Guadalupe responde a la falta de pruebas que avalaran su inocencia y a que la declaración de la víctima que la denuncia fue “precisa, clara y sin reticencias”. Esto a pesar de que la principal narrativa de los hechos se hizo por WhatsApp y de los vicios que hubo en el arranque del caso. Martínez y su defensa tendrán diez días para apelar la sentencia desde este viernes 24.

No era una audiencia clave, era la lectura de la sentencia que María Guadalupe Martínez (Temoaya, Estado de México, 48 años) recibió, sentada al lado de sus abogados y de una traductora de la lengua otomí —su lengua materna—, en la que le confirmaron 50 años de prisión y la obligación de darle a la víctima una compensación por daño moral de 800.000 pesos (43.000 dólares). Sin embargo, fue una sesión sin precedentes. María Guadalupe ya no estaba sola.

En la sala de juicios, dentro del complejo judicial de Almoloya de Juárez —ubicado en las afueras de la ciudad de Toluca—, varios medios de comunicación nacionales, activistas de derechos humanos, y miembros de la comunidad otomí que acompañaba a Guadalupe, se congregaron en la sala para escuchar la sentencia del juez Víctor Martín Mejía Hernández. Aunque la solemnidad del recinto, lleno de guardias de seguridad, impone al público, a ratos, la formalidad y la gravedad del caso se ven interrumpidos por el ruido de afuera, en el que se distingue una voz femenina que grita: “¡Justicia para Lupita! ¡Lupita es inocente!”, secundada por decenas de personas agolpadas en la entrada.

Llegaron cerca del medio día y, sin importar el sol abrasante, se apostaron con pancartas de colores para respaldar y arropar a Guadalupe, que, motivada por las muestras de cariño, se plantó firme en las escaleras del juzgado para alzar el puño y defender su inocencia. Entre los asistentes estuvieron varios rostros clave en la historia del activismo y de la defensa por los derechos humanos.

Lorena Gutiérrez, madre de Fátima Quintana —una niña de 12 años asesinada en Lerma, en 2015— ha aparecido en los juzgados para apoyar a María Guadalupe. También Carmen Sánchez, sobreviviente de un ataque con ácido por parte de su expareja en 2014, quien, además, ha acompañado a Guadalupe desde el principio del proceso legal, cuando la mujer que la denunció por secuestro, también interpuso otras carpetas de investigación como la de abuso sexual y tentativa de feminicidio, ambos, presuntos delitos de los que Guadalupe ya fue absuelta.

Entre los presentes está Michelle Gaytán, periodista y activista del Estado de México que se acercó al caso cuando descubrió que el funcionario del Ministerio Público que se encargó de hacerle todas las carpetas a María Guadalupe, fue el mismo que estuvo detrás de su detención irregular el 6 de noviembre de 2024, cuando intentó recuperar a su hijo, sustraído por un familiar. “Acudí al domicilio donde lo tenían retenido, llamé a la policía de género para pedir ayuda y gracias a Amaury [Raúl Amauri Velázquez Jaimes] terminé detenida. No tomó mi declaración ni aceptó mis pruebas, gracias a eso, no solo no se resolvió la situación de mi bebé de en ese entonces un año, sino que le dio oportunidad a la sustractora de esconderlo mientras metió demanda por custodia en juzgados”, relata.

Elementos de prueba

De acuerdo con lo dicho por el juez Martín Mejía Hernández, en su larga y detallada lectura de la sentencia a María Guadalupe, la mujer que la acusa, la presunta víctima de este secuestro, ha logrado lo que miles de mujeres en México no han podido: ser creídas desde el principio, y tomar como válida su denuncia, sin cuestionar ninguno de los elementos que la conforman.

Basándose en conversaciones de WhatsApp que la mujer sostuvo con su pareja, antes y después de su atraco, la tarde del 17 de junio del 2022, el juez ilustra a detalle lo vivido por la víctima: de camino a su casa, tomó un autobús del transporte público que iba muy lleno. Un hombre desconocido le puso una pistola en la espalda y la obligó a bajarse con él. La subieron a un coche y la llevaron a lo que parece ser una casa de seguridad.

Ahí, la víctima asegura que tres hombres ejercieron violencia física, verbal y sexual en su contra y que le ataron las manos y le cubrieron los ojos. Mientras, sostenían llamadas telefónicas en donde los presuntos agresores le decían a una mujer que se apurara, que no tenían todo su tiempo. Al llegar al lugar, la presunta agresora comienza a decirle que su esposo “le hace más caso a ella que a sus hijos”, y que ahora sí va a recibir su merecido.

El juez Mejía Hernández, ha descrito la escena, los diálogos y hasta los emojis y las fotos que presuntamente se enviaron desde el teléfono de la víctima al de su pareja, donde aparece desnuda y amarrada a una silla. Solo hasta que la víctima es cuestionada sobre si ha reconocido a María Guadalupe por la voz, ella dice que la vio por unos momentos, “a unos 30 o 40 centímetros” de distancia. Más tarde, los presuntos agresores la dejan abandonada en un predio cerca de la casa de Guadalupe.

Durante más de tres horas, las que dura presuntamente el secuestro, los agresores sostienen una conversación por chat con la pareja de la víctima desde el celular de la mujer para amenazarlo. En esa conversación los hombres le dicen que quieren dinero y que aunque Guadalupe les dijo que la mataran, ellos pueden obtener más dinero por dejarla viva.

El móvil registra tres horas de conversación, sin que el hombre saliera de su lugar de trabajo o avisara en ese lapso a alguna autoridad sobre lo que estaba ocurriendo. El celular le fue devuelto a la mujer y desde ese mismo aparato, ya en la tarde noche, ella le compartió finalmente su ubicación.

Los peritajes

Peritajes citados por el juez Mejía Hernández, arrojan que las heridas de la víctima son reales, que su cuerpo muestra signos de un daño reciente, pero que se trata de heridas que tardan en sanar no más de 15 días. Otro análisis ha declarado que las heridas fueron autoinfligidas, pero el juez las ha desechado. La policía de investigación, según ha explicado el letrado, ha hecho un recorrido con la víctima por cada lugar por donde pasó el día del secuestro. Todo lo relatado por ella en compañía de los policías, se ha dado por cierto. No hay en este caso testigos, ni menciona pruebas de cámaras de video u otros recursos.

A María Guadalupe y a su defensa —que inicialmente fue llevada por un abogado de oficio y que ahora asume la abogada Gabriela Amores— el juez Mejía Hernández les ha reprochado no haber solicitado y presentado ante el tribunal la geolocalización de su teléfono móvil, por ejemplo, o las imágenes de las cámaras de seguridad de los lugares por donde ella asegura haber estado el día de los hechos. Es decir, imágenes o más testigos que comprobaran que ella salió de casa por la mañana hacia su trabajo, en una casa donde se desempeñaba como empleada doméstica, y que comprobaran que salió por la tarde y que fue directamente con su familia.

En una larga lista de cosas que ella y su abogado de oficio pudieron haber presentado para verificar su inocencia, el juez reprochó que pudo haber tenido más testimonios de vecinos (solo presentó el de un albañil que la vio unos momentos). También, en tono de reproche, le dijo a María Guadalupe que no era necesario que constantemente se refiriera a su condición de mujer al pedir perspectiva de género en su caso: “Usted lo ha pedido ya varias veces, la víctima también es mujer, y solo lo ha dicho una vez”, dijo.

La audiencia de lectura de este jueves, en Almoloya, fue la segunda sesión en la que María Guadalupe tuvo el beneficio de una traductora, en un proceso judicial que lleva ya más de cuatro años. Antes, el recurso al que todo miembro de una comunidad indígena debe acceder en México, le fue negado. En ninguna de las anteriores, según sus abogadas, se puso tanto énfasis en cuidar sus derechos como mujer y como indígena, como en esta.