Los diputados recuperarán la propuesta original de Sheinbaum para los juicios de amparo iniciados

La propuesta de reforma de la Ley de Amparo ya tiene ganadora y es la presidenta de México, Claudia Sheinbaum. Al menos en lo que respecta a los juicios que ya se encuentran en los tribunales. Los diputados eliminarán la cláusula de retroactividad que había sembrado la discordia durante la última semana entre las distintas facciones del oficialismo, incluidos los miembros del propio gabinete presidencial. Ese es el único punto que la Cámara Baja ha modificado de la propuesta de su contraparte legislativa, de acuerdo con el preproyecto de dictamen, al que ha tenido acceso EL PAÍS. “Simple y sencillamente se respeta la propuesta original”, ha dicho el presidente de la Comisión de Justicia, el morenista Julio César Moreno, que ha reconocido venir a “enmendar la plana” a los senadores tras el desaguisado jurídico.

El origen de la disputa fue la inclusión a última hora en la Cámara Alta de un artículo transitorio para aplicar la nueva norma a los amparos en tramitación, una vulneración del artículo 14 de la Constitución que no pasó desapercibida en Palacio Nacional. La mandataria dio un golpe en la mesa que ha apagado cualquier posibilidad de que la Cámara revisora intente reescribir el artículo, como sugirió el asesor jurídico de la presidenta Arturo Zaldívar, el viernes pasado, en un intento por salvarlo que a esas alturas parecía ya demasiado complicado. La visión de Sheinbaum se ha impuesto a la de su consejero.

En medio de los desacuerdos dentro del oficialismo ―que aun controlando todos los resortes políticos del país no ha logrado ponerse de acuerdo―, la oposición también se ha llevado una dosis de enredo, cortesía de la mayoría morenista. El vicecoordinador del PAN en la Cámara Baja, Federico Döring, había anunciado el aplazamiento de la votación del proyecto, prevista en comisiones para este lunes a las seis de la tarde, para celebrar más audiencias públicas con expertos, como ya hizo el Senado la semana pasada. En último momento, Morena ha cambiado el acuerdo y ha colocado los foros para el viernes, el sábado y el mismo lunes de la semana que viene, de tal forma que la votación se pueda mantener para el día y hora fijados, pasando por alto lo que había acordado previamente con las otras bancadas. Todo apunta, en cualquier caso, a que los especialistas no podrán arañar mucho más en estas sesiones de lo que lograron en las anteriores, donde se limaron algunos aspectos de la iniciativa presidencial.

“No vamos a caer como novatos a avalar un proyecto de dictamen que corrige el 1% pero deja vivo el 99%”, ha dicho Döring en referencia a la eliminación de la cláusula de retroactividad. La polémica sobre ese artículo había dinamitado el debate sobre el resto de cuestiones, muchas de ellas fuertemente criticadas por los especialistas, como la restricción de las suspensiones en los asuntos fiscales y la acotación de la noción del interés legítimo, esencial en las demandas presentadas por grupos de activistas. Salvado el escollo de la retroactividad, el acuerdo al que han llegado las comisiones para convocar más foros devuelve el debate a su cauce original.

El giro anunciado este miércoles por el presidente de la Comisión de Justicia, que ha negado que vayan a tomar en cuenta la redacción propuesta por Zaldívar ―que la nueva norma se aplique a actos nuevos de juicios ya iniciados―, pone fin a una semana de disputas que inició el miércoles anterior en el Senado. Las comisiones conjuntas de Justicia, Estudios Legislativos y Hacienda llevaron al Pleno un dictamen del que ya se había caído la propuesta de retroactividad, promovida por un sector morenista encabezado por el coordinador de la bancada, Adán Augusto López, y por el senador Manuel Huerta. El dictado que llegó a los senadores, de acuerdo con fuentes parlamentarias, es que la cláusula era una petición del presidente de la Suprema Corte, Hugo Aguilar, y que contaba con el aval de Arturo Zaldívar y Ernestina Godoy, la consejera jurídica.

Los encargados de los trabajos legislativos rechazaron la redacción, que ya entonces consideraron inconstitucional, pero Huerta la reintrodujo a ultimísima hora mediante una reserva al dictamen que fue aprobada por mayoría, pero con el voto en contra de una veintena de sus compañeros de partido, la viva imagen del desacuerdo. La intervención de la presidenta la mañana siguiente, en la que lanzó un mensaje aleccionador a los diputados para que lo revirtieran, terminó de desatar la crisis.

Ningún funcionario se ha hecho cargo de la redacción que terminó aprobando el Senado, pero cada quien ha descargado la responsabilidad sobre el de enfrente. Mientras desde el Gobierno se achaca la culpa al presidente de la Corte, fuentes del máximo tribunal niegan que esa fuera su petición, y el documento con las sugerencias del ministro Aguilar, al que tuvo acceso EL PAÍS, revela la brecha que separa la propuesta del Poder Judicial de la que se impuso en la Cámara Alta. De dónde nacieron las sucesivas modificaciones que sufrió hasta llegar a la redacción final es una incógnita que posiblemente no llegue a resolverse.

De momento, la decisión de la Cámara de Diputados evita que la discusión sobre su retroactividad se lleve por delante una reforma fundamental para la agenda del Gobierno de Sheinbaum. La mandataria mexicana necesita encontrar nuevas fuentes de financiación para los programas sociales que vertebran su proyecto político y que mantienen sus niveles de popularidad a un nivel que ni siquiera alcanzó su predecesor, el también morenista Andrés Manuel López Obrador. El afán recaudatorio de la iniciativa presidencial queda patente en el propio texto de la reforma y en cada intervención de la presidenta en sus conferencias matutinas, en las que no pierde de vista su objetivo: hay dos billones de pesos en créditos fiscales atorados en los tribunales. A ellos va dedicada esta reforma.