El golpe en la mesa de Sheinbaum por la reforma del amparo: una semana de disputas que empañaron la ley clave para la recaudación

El Gobierno de Claudia Sheinbaum necesita encontrar fuentes de recaudación para financiar los programas sociales, pilares de su proyecto y donde se mantiene un gran apoyo social, y las obras de infraestructura que planea. Para eludir las tantas veces rechazada reforma fiscal y el endeudamiento, el Ejecutivo ha encontrado una alternativa en la reforma a la Ley de Amparo que, potencialmente, le permitiría ingresar hasta dos billones de pesos más: el monto al que ascienden las deudas fiscales de grandes contribuyentes que se encuentran atoradas en los tribunales por la interposición de sucesivas impugnaciones. Ese objetivo se ha visto entrampado por los desencuentros entre facciones del oficialismo de los tres poderes, particularmente entre sus asesores jurídicos Arturo Zaldívar y Ernestina Godoy, el senador Javier Corral y el presidente de la Suprema Corte, Hugo Aguilar.

Esos choques derivaron en que el Senado aprobara una reforma con una cláusula contraria al precepto constitucional que prohíbe la retroactividad de las leyes. La mandataria, que no incluyó este punto en su propuesta inicial, tuvo que dar un golpe sobre la mesa para evitar que un proyecto tan crucial para su Gobierno terminara descarrilando. EL PAÍS reconstruye, a partir de fuentes en la órbita de los involucrados, una semana en la que el cruce de agendas puso en jaque la iniciativa.

El afán recaudatorio del proyecto aparece reflejado en el texto de la reforma y ha sido reiterado en numerosas ocasiones por la presidenta. Las técnicas dilatorias de los deudores fiscales, se lee en la redacción aprobada por el Senado el miércoles, “soslayan la capacidad del Estado para cobrar eficazmente los créditos fiscales firmes, lo que afecta a la recaudación y, por ende, tiene un impacto negativo en el financiamiento de servicios públicos”. En la misma línea, el Fondo Monetario Internacional apuntaba en su informe de septiembre al agujero en las arcas públicas que el Gobierno debe llenar si quiere continuar con sus programas sociales, y recomendaba tomar “medidas concretas” equivalentes al 1,5% del PIB. De ahí la importancia de la reforma. Según los datos de Hacienda, a junio de 2025 hay casi 196.500 créditos fiscales en pugna en los tribunales. Todos ellos suman algo más de dos billones de pesos que, si bien difícilmente pueden ser recuperados en su totalidad por el Gobierno, demuestran el boquete de lo que deja de recaudar el Estado por el abuso del amparo, caso del empresario Ricardo Salinas Pliego. “Hasta cierto punto, este proyecto parece una reforma fiscal sin llamarla reforma fiscal”, apuntala la jurista Melissa Ayala.

Aunque la recaudación se configuraba como el trasfondo principal de la iniciativa, había otros usos de esa herramienta que se ponían en riesgo, a decir de organizaciones civiles y juristas, como las demandas por afectaciones a la salud, la educación o el medio ambiente. Ante la polémica, el presidente de la Comisión de Justicia del Senado, el morenista Javier Corral, convocó a foros públicos en los que se discutieron esas preocupaciones. La Corte fue invitada a estas sesiones, pero su presidente, Hugo Aguilar, prefirió tener un encuentro privado con la consejera jurídica, Ernestina Godoy, para presentarle sus sugerencias. Eso ocurrió el 25 de septiembre, jueves. La propuesta del ministro sufrió sucesivos cambios antes de llegar al Senado, donde la redacción final, de la que nadie se hace responsable, detonó la crisis y la posterior intervención de Sheinbaum.

Tres poderes, tres propuestas

La iniciativa presentada por la presidenta el 15 de septiembre establecía que los procesos iniciados antes de la aprobación de la reforma fueran resueltos conforme a la normativa vigente en el momento de su inicio, es decir, la anterior. De acuerdo con lo que ha explicado Sheinbaum en sus conferencias, cuando la última instancia judicial resuelve y el particular, aun así, decide volver a ampararse, se abre un nuevo juicio de amparo. En ese caso, aunque el asunto sea anterior, puesto que el juicio es nuevo, se aplicaría la nueva reforma. En ese supuesto podrían caer parte de los dos billones actualmente en litigio.

La propuesta que llevó la Corte a la consejera jurídica, reflejada en un documento al que ha tenido acceso EL PAÍS, mantenía lo dispuesto por Sheinbaum para la fase de tramitación, pero apuntalaba: aquellos asuntos relacionados con créditos fiscales firmes que estuvieran ya en fase de resolución o ejecución caerían también bajo el paraguas de la nueva reforma, sin necesidad de esperar a un nuevo amparo. Una tercera redacción, que fue la que aprobó finalmente el Senado y que nadie reconoce haber escrito, lleva mucho más lejos la propuesta del Poder Judicial y establece que todos los procesos iniciados, con independencia de en qué fase se encuentren y de qué materia versen, serán tratados conforme a lo estipulado en la nueva reforma. Este salto sobrepasa el marco constitucional, que prohíbe aplicar retroactivamente leyes nuevas en perjuicio de las personas. Fuentes de la presidencia de la Corte aseguran que el texto final no refleja su intención y que es inconstitucional, como han señalado numerosos expertos.

Godoy, Zaldívar y Hugo Aguilar

La consejera jurídica de Sheinbaum, Ernestina Godoy, trabajó en la preparación de la reforma al amparo muy de la mano de Arturo Zaldívar, expresidente de la Suprema Corte y a quien muchos en la oposición le cargan la responsabilidad de la atronadora reforma judicial. En esas reuniones se revisó la propuesta que Godoy recibió de parte de Aguilar. De acuerdo con funcionarios presentes en las mesas de trabajo, para Godoy y Zaldívar la petición de la Corte conllevaba que se revocaran todos los juicios de amparo que están en proceso y que se reiniciaran conforme a la nueva reforma. Existe una enorme brecha entre lo que ponía la petición de Aguilar y lo que finalmente terminó redactando la Consejería Jurídica. Nadie entre esos colaboradores sabe explicar cómo fue que una cosa llevó a la otra. “Quedó en el inconsciente colectivo que esa era la intención de la Corte”, dice una de las fuentes.

Desde el punto de vista de la Consejería Jurídica, se le pusieron límites a la propuesta de la Corte. Desde el punto de vista de juristas, activistas y políticos del oficialismo y la oposición, la nueva redacción empeoró la apuesta y volvió real la retroactividad para todos los asuntos. En el entorno de Aguilar afirman que hubo “mala fe” en la lectura que hicieron Godoy y Zaldívar, y que ahora quieren cargarle la culpa.

Doble maniobra en el Senado

El borrador de la reforma enviado desde el Ejecutivo al Senado llegó sin el polémico artículo de la retroactividad, es decir, como lo concibió Sheinbaum. Sin embargo, durante los trabajos en comisiones, el coordinador de la fracción de Morena, Adán Augusto López, y el senador Manuel Huerta dijeron a sus compañeros que debían incluir la cláusula, que era una petición del ministro Aguilar y que estaba avalada por Godoy y Zaldívar, según fuentes parlamentarias. El senador Corral se opuso al artículo, que calificó de inconstitucional, pero representantes de los asesores jurídicos le presionaron para mantenerlo en la discusión de las comisiones, donde sin embargo fue finalmente rechazado. Más tarde, en el pleno y en una última maniobra a contrarreloj, el senador Huerta reintrodujo la cláusula mediante una reserva, que fue aprobada por mayoría, pero a la que se opuso una veintena de legisladores de Morena.

Sheinbaum no pasó por alto la deformación que había sufrido su gran apuesta, y conminó a la Cámara de Diputados a reconducir la deriva que había tomado en el Senado. La presidenta llamó a cuentas a Godoy y a Zaldívar, que este viernes tuvo que acudir a la mañanera a intentar matizar la gravedad del cambio, pero haciéndose eco de la petición de la presidenta de que los diputados reescriban el precepto. La pelota está en el tejado de los diputados morenistas y sus aliados en la Cámara Baja, que deberán despejar todas las dudas que ha planteado una redacción confusa que nadie reivindica como propia. El único sospechoso, hasta ahora, es un personaje de cuento que la senadora del PRI Claudia Anaya, en el calor del debate, bautizó como “el duende legislativo”.