Sheinbaum desmiente a la DEA y refresca el desencuentro de México con el aparato de seguridad estadounidense

La arritmia irrumpe de nuevo en el sistema circulatorio de América del Norte, con otra polémica entre dos de sus socios, México y Estados Unidos, que amenaza el delicado equilibrio regional. Este martes, la presidente mexicana, Claudia Sheinbaum, ha negado que su Gobierno haya llegado a ningún acuerdo con la DEA, la agencia antidrogas de EE UU, para llevar a cabo ningún operativo. El lunes, la DEA había divulgado un comunicado en que anunciaba el lanzamiento del Operativo Portero en la frontera suroeste, contra el trasiego de “drogas sintéticas”, de la mano del Gobierno del país vecino. La administración de Donald Trump ha colocado el tráfico de opioides y otras drogas como una de sus prioridades.

“No hay ningún acuerdo con la DEA. Emiten el comunicado, no sabemos con base en qué. Nosotros no hemos llegado a ningún acuerdo. Ninguna de las instituciones de seguridad lo ha hecho”, ha dicho Sheinbaum, en su conferencia de prensa matutina. La mandataria ha sorprendido con la contundencia de su tono, habitualmente conciliador, cuando se trata de la relación bilateral. No ha sido hoy el día. Sheinbaum ha dicho que el único acuerdo en materia de seguridad con EE UU está por firmarse. “Es con el Departamento de Estado y se basa fundamentalmente en la soberanía, la confianza mutua, el respeto territorial, es decir, que cada quien opere en su territorio, y la coordinación, sin subordinación”, ha dicho.

El lunes, la DEA anunciaba “una importante iniciativa para fortalecer la colaboración entre Estados Unidos y México en la lucha contra los cárteles (...), cuyo objetivo es desmantelar a sus ‘guardianes’, agentes que controlan los corredores de contrabando a lo largo de la frontera suroeste”. La agencia matizaba que “los ‘guardianes’ dirigen el flujo de fentanilo, metanfetamina y cocaína hacia Estados Unidos”, e informaba de la puesta en marcha de un programa de capacitación para investigadores mexicanos. Sheinbaum ha reconocido esto último, pero ha rebajado su categoría y lo ha calificado de “un taller en Texas”.

La firmeza de la mandataria apunta al largo historial de desencuentros entre México y las agencias de seguridad estadounidenses, particularmente la DEA. Durante el mandato de su antecesor, Andrés Manuel López Obrador (2018-2024), el Gobierno y la DEA chocaron por la detención en Los Ángeles de Salvador Cienfuegos, general de división del Ejército mexicano, secretario de la Defensa durante la presidencia de Enrique Peña Nieto (2012-2018). Cauto al principio, López Obrador no tardó en convertir la detención de Cienfuegos, acusado de narcotráfico, en una intromisión intolerable de EE UU en la vida institucional mexicana.

El exmandatario, mentor de Sheinbaum y líder moral de su movimiento político, se salió con la suya. La justicia estadounidense retiró los cargos contra Cienfuegos y mandó al general a su país. La Fiscalía mexicana señaló más tarde que no había elementos siquiera para procesar al general. En el camino, López Obrador acusó a la DEA, encargada de armar el caso contra el militar, de fabricar pruebas. La agencia dijo después que estaba decepcionada con López Obrador. El expresidente anunció entonces una revisión del trabajo de los agentes antidrogas estadounidenses en México. La desconfianza se convirtió en paisaje en la relación bilateral.

Con el cambio de Gobierno y el aterrizaje de un nuevo gabinete de seguridad en México, la situación parecía cambiar. No es ningún secreto que el coordinador de la estrategia de seguridad mexicano y secretario del ramo, Omar García Harfuch, tiene buena relación con sus pares estadounidenses, la cúpula de la DEA, pero también la del FBI, y de los departamentos de Justicia y Seguridad Interior. Antes las exigencias del Ejecutivo de Trump en materia de tráfico de fentanilo, Harfuch ha contestado con operativos constantes en la frontera y golpes a las redes que trafican con el opioide. Cuando el republicano elevaba sus quejas y amenazaba con imponer aranceles por la falta de resultados, la policía de Harfuch redoblaba sus esfuerzos y encontraba fentanilo bajo las piedras.

Ese ha sido el esquema de los meses de gobierno compartido, Trump en EE UU y Sheinbaum en México, situación que inició con la llegada del republicano, en enero. Los trabajos de Harfuch y su equipo han trascendido al fentanilo y han apuntado al resto de preocupaciones del país vecino, principalmente el robo de combustible, conocido en México como huachicol, que las agencias de seguridad colocan como segunda fuente de ingresos de los grupos criminales en el país. Entre medias, el Gobierno de Sheinbaum ha enviado al país vecino a 55 líderes criminales, para ser enjuiciados allí, saltándose la ley de extradición, situación que no se había visto antes.

El exabrupto del inicio de esta semana interpela la comunicación entre ambos países, en un contexto delicado. La polémica pone el lente además en el tamaño de la autonomía del mismo Harfuch y su equipo. Lo que Sheinbaum ha calificado de taller, sin mayores implicaciones, se entiende al norte del río Bravo como un salto adelante en la cooperación regional en materia de seguridad. ¿Quién y por qué lo entendió mal? La respuesta a la pregunta queda de momento en las sombras de la alta política.