Sheinbaum asegura que los contratos logrados por la red de corrupción en Pemex “no se llevaron a cabo”
La información pública disponible revela que las empresas corruptoras lograron 35 millones de dólares en contratos con la petrolera estatal

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, ha asegurado este viernes que los contratos que el Departamento del Tesoro de Estados Unidos acusa de haber sido logrados gracias a una red de corrupción dentro de Pemex, “no se llevaron a cabo”. En su conferencia de prensa diaria, esta vez desde Chetumal, Quintana Roo, dijo que, la semana que entra, la secretaria [de Buen Gobierno] Raquel Buenrostro “va a informar, que se sepa qué pasó y quiénes fueron los que intentaron el soborno y cómo se cancelaron estos contratos en el momento”. EL PAÍS informó el miércoles que las empresas corruptoras lograron adjudicaciones por al menos 746 millones de pesos, más de 35 millones de dólares.
Esta trama quedó expuesta el lunes cuando el Departamento de Justicia de Estados Unidos anunció una acusación contra dos mexicanos residentes en Texas por presuntamente haber pagado sobornos a funcionarios de Pemex a fin de asegurar contratos millonarios con la petrolera estatal. Los acusados son el empresario Ramón Alexandro Rovirosa Martínez y el político panista Mario Alberto Ávila Lizárraga. De acuerdo al escrito de acusación, al menos desde junio 2019 hasta octubre de 2021, pagaron 150.000 dólares (2,8 millones de pesos) y entregaron bolsas y relojes de lujo a un auditor senior, un coordinador de adquisiciones y un encargado de manejar servicios de infraestructura en tierra firme para conseguir contratos de obras, servicios y plataformas y de cerrar una auditoría sobre sus empresas. La presidenta ha dicho que valoraron dar los nombres de los funcionarios y ha evitado contestar sobre si están detenidos o no.
La acusación de Estados Unidos lista un total de seis compañías, “propiedad, controladas o relacionadas” con Rovirosa, que se beneficiaron de este esquema, en el que Ávila se encargaba de los contactos con los funcionarios de Pemex. Además, hay tres “co-conspiradores” cuya identidad no ha sido relevada. Uno era asistente de Ávila, los otros dos, familiares y empleados de Rovirosa.
El portal público de contratos de la petrolera, diversas solicitudes de transparencia y presentaciones de la compañía Tubular Technology, propiedad de Rovirosa, revelan que, desde 2011, esta firma logró al menos 746 millones de pesos en contratos para construcción y mantenimiento de pozos y gasoductos y adquisición de material. Los montos, tiempos y objetivos de algunos de estos contratos se correlacionan directamente con la acusación de las autoridades de Estados Unidos.
Por ejemplo, el escrito, prolijo en detalles y descripciones, habla de un pago de 220.000 pesos en febrero de 2020 a dos de los funcionarios para conseguir “un contrato de Caminos y Plataformas”. Y en marzo de 2020, según el portal de Pemex, Tubular Technology firmó con la petrolera un contrato de 30 millones de pesos por el concepto “Rehabilitación y/o conservación de caminos y plataformas terrestres y obras complementarias”.
Otro soborno tiene que ver con una auditoría a un “contrato de Mantenimiento de Gasoductos” que Rovirosa ganó en 2013. Ese año, de acuerdo a la información pública, sus empresas acusadas se adjudicaron dos contratos por 103 millones de pesos y 190 millones de pesos titulados “Servicio de inspección a tuberías de perforación, producción y herramientas de la Región Norte” y “Aseguramiento de la integridad de los ductos en los activos de producción Cinco Presidentes, Belloja-Jujo y/u otros de la región sur”.
Rovirosa y Ávila son residentes legales en Estados Unidos desde 2016 y están acusados de cuatro cargos de conspiración y prácticas corruptas en el extranjero. Los mensajes entre Ávila y los funcionarios de Pemex que se enlistan en la acusación, de una enorme familiaridad, usando como vía de comunicación WhatsApp y mostrando un modo de operación bien aceitado, permiten suponer que la red de corrupción ya llevaba operando un tiempo antes de ser detectada por el Departamento de Justicia estadounidense.
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