La vieja corrupción en Pemex obstruye los planes de Sheinbaum para reflotar a la petrolera mexicana

La corrupción en Pemex parece una hidra de mil cabezas, un jarrón horadado, un cuento sin fin. En una sola semana, tres grandes casos de malos manejos en la petrolera mexicana han saltado a los titulares. Dos asuntos están vinculados a la infausta gestión del priista Emilio Lozoya, una de las etapas más corruptas en la historia de la paraestatal. Un tercer caso ventilado por Estados Unidos, y que involucra a empresarios y directivos de Pemex del sexenio de Andrés Manuel López Obrador, puso a tambalear el discurso del oficialismo de que la corrupción era un signo exclusivo de los gobiernos del pasado. Todo ello ha ocurrido pocos días después de que la presidenta, Claudia Sheinbaum, anunció un ambicioso plan para reestructurar la deuda de Pemex, al que ha intentado convocar a la iniciativa privada. El programa busca reflotar a la petrolera en dos años, pero la corrupción interna es un enorme cargamento que amenaza con frenar la marcha.

Pemex es de suyo la petrolera más endeudada del mundo. Mucho de ello obedece a los malos manejos de sus funcionarios del pasado y el presente. El Ejecutivo de Sheinbaum ha diseñado un fondo de inversión de 250.000 millones de pesos (13.300 millones de dólares) destinado exclusivamente a proyectos estratégicos de Pemex y al pago de proveedores. La mitad de ese monto lo financiará el Gobierno a través de la banca de desarrollo, y el resto correrá a cargo de la banca privada y los inversionistas, si es que el agujero que ha devorado durante años los recursos no los desincentiva. La presidenta proyectó que, para 2027, la paraestatal dejará de necesitar los flotadores fiscales de Hacienda. Que este plan funcione depende en gran medida de la disciplina interna. Luz Elena González, secretaria de Energía y cabeza del sector, ha prometido, en entrevista con este periódico, que todo caso de corrupción se perseguirá y se castigará.

Washington ha servido en charola de plata la oportunidad para que el Gobierno de Sheinbaum ponga en práctica el modelo, en un momento de fructífera colaboración en asuntos que interesan a ambos países. La Fiscalía estadounidense acusó a dos empresarios mexicanos de haber sobornado al menos a tres directivos de Pemex para asegurarse contrataciones millonarias con la petrolera. El pago de las tajadas, según la acusación, ocurrió en la primera mitad del Gobierno de López Obrador. Estados Unidos ha capturado al principal orquestador del esquema de sobornos, el empresario Ramón Alexandro Rovirosa Martínez. El Ejecutivo de Sheinbaum no ha informado de qué acciones ha emprendido contra los funcionarios corrompidos. Una investigación de EL PAÍS ha demostrado que Rovirosa posee desde 2018 la concesión de un campo petrolero que le reportó, en un solo año, ingresos por 1,2 millones de dólares. Aunque esté en prisión, sus empresas y sus socios continúan beneficiándose del permiso de explotación. La Secretaría de Energía no ha señalado si tomará medidas para revisar dicho contrato, a la luz de los señalamientos de corrupción que pesan sobre el empresario.

La presidenta Sheinbaum sí que enfatizó la detención en Estados Unidos de Carlos Treviño, el último director de Pemex en la era de Enrique Peña Nieto (PRI) y quien era requerido por México desde hace cinco años para juzgarlo por sus vínculos con el caso Odebrecht y Lozoya. México acusa a Treviño de corrupción y blanqueo de dinero con base en una confesión de Lozoya, que le señaló de haber cobrado, años antes, un soborno millonario para favorecer desde Pemex a la constructora brasileña. Según el testimonio que dio Lozoya a la Fiscalía, un grupo de funcionarios, entre ellos Treviño, operó una red de corrupción que permitió a Odebrecht, a través de su filial Braskem, hacerse con el control del complejo petroquímico Etileno XXI en detrimento de Pemex. Treviño era directivo en la paraestatal a finales del sexenio de Calderón, cuando comenzó la trama corrupta de Odebrecht, y luego fue rescatado por Peña Nieto en el último año de su Gobierno.

El último episodio de la semana horribilis de Pemex lo protagonizó el empresario Alonso Ancira, que logró vender a la petrolera una planta que estaba en ruinas, Agronitrogenados, gracias a un soborno de 3,5 millones de dólares pagado a Lozoya. Tras ser detenido y acusado del fraude, el empresario había llegado a un acuerdo con la Fiscalía para pagar al erario una reparación del daño de 216 millones de dólares, equivalentes al quebranto que representó la compra de su planta chatarra. Gracias a ese acuerdo, Ancira consiguió seguir su proceso en libertad. El empresario pagó casi la mitad del monto, y luego desconoció el acuerdo, argumentando que Pemex no tenía derecho a reclamar el reembolso. La presidenta Sheinbaum ha declarado que su Gobierno no permitiría que haya impunidad en ese caso, y el fiscal general, Alejandro Gertz, ha anunciado que se reiniciará la causa judicial contra Ancira, que tiene la nacionalidad estadounidense y vive en Texas.

El prontuario de corrupción en Pemex vinculado a Lozoya es muy simbólico por la manera como lo abordó en su momento el Ejecutivo de López Obrador. El exmandatario prefería que los implicados restituyeran el dinero malversado en lugar de la opción punitivista de enviarlos a prisión por décadas. La efectividad de esa estrategia ha quedado en duda frente a la impunidad en la que están varios de los actores principales de aquella trama. Si el Gobierno de Sheinbaum logra desarticular la red interna de favores de Rovirosa, llevar a Treviño ante la justicia en México y conseguir que Ancira cumpla a plenitud el acuerdo de reparación, se anotará un tanto en su lucha por arrinconar la corrupción y apuntalar la imagen de una nueva era para Pemex.