Estados Unidos transfiere a México a 14 mexicanos presos por narcomenudeo

El Departamento de Justicia de Estados Unidos ha anunciado este lunes la repatriación de 14 presos mexicanos que cumplían sentencia en prisiones federales del país por delitos relacionados con la distribución de drogas. El envío, basado en un tratado bilateral de 1977, supondrá un ahorro para las arcas públicas estadounidenses de cuatro millones de dólares, según ha manifestado el jefe de la División Penal de la dependencia, Matthew R. Galeotti. Ese es el valor estimado de “los costos de encarcelamiento por los 96 años restantes de sus sentencias combinadas”, se lee en el comunicado publicado esta mañana, que detalla que la transferencia se produjo el viernes y que los presos habían solicitado el traslado.

El fiscal general adjunto ha manifestado la voluntad del país de continuar con este tipo de transferencias “para reducir costes y aliviar la sobrepoblación de las prisiones federales” de Estados Unidos, aunque el origen del tratado en el que se basa este tipo de trasvases, relativamente frecuentes, nada tiene que ver con el ahorro de presupuesto sino más bien con facilitar que los ciudadanos de cada Estado cumplan sentencia en sus países de origen. Según se puede leer en la propia página del Departamento de Justicia, “el programa tiene como objetivo facilitar la rehabilitación de los delincuentes transferidos y aliviar algunos de los problemas administrativos y diplomáticos que surgen con el encarcelamiento de extranjeros”.

El último envío de esta naturaleza se produjo a mediados de este abril. Entonces se repatrió a México a 13 presos que cumplían sentencia por delitos similares a los de ahora, distribución de drogas que incluían cocaína, metanfetamina y fentanilo. El ahorro anunciado en esa ocasión fue de tres millones de dólares, y también se especificó que los presos habían solicitado ser devueltos a su país.

Con la transferencia realizada este viernes, la segunda de este año, la suma de traslados asciende a 185 desde que entró en vigor el tratado, en noviembre de 1977. La última del año anterior, que envió a nueve presos de vuelta a México, se produjo en diciembre. Aunque es el Estado trasladante quien inicia el procedimiento para que el envío se efectúe ―en este caso Estados Unidos―, este debe contar con el consentimiento expreso del reo trasladado y con la autorización del Estado receptor, según especifica el tratado en cuestión.

El envío de presos por delitos menores relacionados con la distribución de drogas por parte de Estados Unidos contrasta con el traslado masivo de grandes capos de la droga que realizó México a su vecino del norte en febrero de este mismo año. Entre el extraordinario botín entregado al Gobierno de Donald Trump, compuesto por 29 criminales, se encontraban algunos de los pesos pesados del narcotráfico en el país, como Rafael Caro Quintero, histórico líder del Cartel de Guadalajara reclamado por Estados Unidos desde hacía décadas por el asesinato de un agente de la DEA; o viejos dirigentes del cartel de Los Zetas, como Miguel Ángel y Omar Treviño Morales, conocidos como Z-40 y Z-42.

Este envío, realizado fuera del marco de las extradiciones habituales, sujetas a otra serie de normas procesales, formó parte de las negociaciones con el Ejecutivo del republicano para evitar la imposiciones de aranceles a México, con quien Estados Unidos comparte una frontera de 3.000 kilómetros y un intercambio comercial de más de 800.000 millones de dólares cada año.

Las iniciativas en materia de seguridad se han convertido en la moneda de cambio con la que el Gobierno de Claudia Sheinbaum está evitando o aplazando la imposición de medidas económicas más duras por parte de su homólogo estadounidense, que ha encontrado en esta cuestión un filón con el que apretar a su vecino del sur en busca de resultados sólidos en el combate contra el fentanilo. La transferencia de esta semana deja patente que el interés del Gobierno de Trump de que los grandes narcos mexicanos cumplan condena en las prisiones federales de Estados Unidos no es extensible a los pequeños distribuidores de la droga, cuyo mantenimiento es considerado un gasto a recortar.