Trump abre una grieta en su dura política de la pena capital al optar por la clemencia contra los capos mexicanos

El aperitivo fue Genaro García Luna, el antiguo superpolicía que fue sentenciado en octubre a 38 años de prisión por delincuencia organizada. La Justicia de Estados Unidos se prepara ahora para hincar el diente al platillo principal, los 29 capos del narcotráfico que fueron entregados por el Gobierno mexicano a Donald Trump en los primeros días de su Administración. Las mentes criminales, entre quienes se encuentran experimentados capos como Rafael Caro Quintero, Vicente Carrillo Fuentes y Antonio Oseguera Cervantes, pueden fabricar para Washington un mapa sin precedentes de la delincuencia organizada transnacional y su penetración en el poder de México. La cereza sobre el pastel es Ismael El Mayo Zambada, el veterano líder del Cártel de Sinaloa, quien se encuentra en manos del Departamento de Justicia desde que fue entregado hace un año en un operativo de película.

El Gobierno de Donald Trump ha enviado esta semana una importante señal sobre el trato que está dando a una parte de estos capos. El Departamento de Justicia notificó oficialmente que no buscará la pena de muerte contra Zambada, Caro Quintero y Vicente Carrillo Fuentes, conocido como El Viceroy. Al retirar la pena capital de la mesa, los fiscales quitan presión a los acusados y reducen a dos opciones los pasos venideros: trabajar en un acuerdo de culpabilidad o enfrentarse a un juicio abierto, algo que es improbable antes de 2026 o 2027.

La noticia se produjo días antes de que The New York Times afirmara que la Casa Blanca instruyó al Pentágono a utilizar la fuerza contra los cárteles extranjeros. La orden es una escalada respecto al primer paso que Trump adoptó en febrero, cuando designó organizaciones terroristas a seis organizaciones mexicanas y a dos pandillas centroamericanas. Varios de los capos mexicanos entregados, más no extraditados, a la justicia estadounidense formaron parte de las estructuras de estas bandas criminales.

El gesto de clemencia no es menor si se consideran las palabras de Pam Bondi, la fiscal de Trump, tras el envío al norte de los 29 narcotraficantes. “Como ha dejado claro el presidente Trump, los cárteles son grupos terroristas y este Departamento de Justicia está dedicado a destruirlos”, aseguró Bondi, quien subrayó en febrero que estos serían juzgados “con todo el rigor de la ley”. Los casos judiciales, sin embargo, han dado un viraje pragmático tras cinco meses de la Administración.

Los abogados de los narcotraficantes han dado la bienvenida a la medida. Frank Perez, el defensor de Zambada, lo consideró como un “importante paso para una decisión justa”. Kenneth Montgomery, el letrado que representa a El Viceroy en una corte de Nueva York, dijo a Los Angeles Times que el hermano del legendario Señor de los Cielos y líder del Cártel de Juárez se encuentra “profundamente agradecido” con el acto de clemencia.

La decisión muestra un cambio en la narrativa del trumpismo. En noviembre de 2022, al lanzar su campaña electoral, el entonces aspirante republicano prometió que de volver a la presidencia buscaría que el Congreso aprobara una ley que permitiera ejecutar a todos los traficantes de drogas, incluso a los capos del narco. “Se calcula que todos ellos, durante su vida, matarán a unas 500 personas con las drogas que venden. Esto sin contar con las familias que destruyen”, aseguró en Mar-a-Lago.

Esto no se ha materializado a pesar de que el mandatario prometió reactivar las ejecuciones. Entre la avalancha de órdenes ejecutivas que el republicano firmó en las primeras horas de su vuelta al poder se encontraba una que buscaba afianzar la pena capital como forma de escarmiento. “Es una herramienta esencial para frenar y castigar a aquellos que cometen terribles actos de violencia contra los estadounidenses”, aseguró entonces Trump.

El mandatario solicitó a la fiscal general buscar la pena capital en todos los casos federales que lo ameritaran, en especial el asesinato de un policía o agente de las fuerzas del orden. Este es precisamente uno de los cargos más importantes que enfrenta hoy Caro Quintero, perseguido durante 40 años por las autoridades estadounidenses por el secuestro, tortura y homicidio de Enrique Kiki Camarena, un agente encubierto de la DEA (la agencia antinarcóticos) que investigó al Cártel de Guadalajara.

El último preso ejecutado por Estados Unidos a nivel federal fue Dustin John Higgs, un preso afroamericano sentenciado por tres asesinatos que murió por la inyección letal en enero de 2021, en el ocaso de la primera Administración Trump. Con la llegada de Joe Biden a la Casa Blanca, el Gobierno cambió su política con una moratoria en las ejecuciones federales. El presidente demócrata fue más allá y en los últimos días de su mandato conmutó incluso la pena a 37 de los 40 reclusos que aguardan en el corredor de la muerte. Trump, al volver a Washington, pidió a su fiscal revalorar estos casos para determinar si estos presos podían ser acusados nuevamente en los sistemas judiciales locales.

La soledad de El Chapo Guzmán

La decisión del Departamento de Justicia parece beneficiar a los capos. Sin embargo, Joaquín El Chapo Guzmán ha mostrado esta semana que ser uno de los criminales más conocidos a nivel internacional no garantiza tratos especiales una vez llegar a prisión.

Esta semana se reveló una nota manuscrita del líder del Cártel de Sinaloa al juez Brian Cogan, quien lo sentenció en julio de 2019 a cadena perpetua más 30 años de prisión. La carta fue enviada desde el centro de máxima seguridad de Florence, Colorado, que alberga desde aquel año al narcotraficante, famoso por escaparse dos veces de la cárcel.

Guzmán Loera se queja de que las autoridades del centro le impiden entrevistarse con su nuevo abogado, José Israel Encinosa, quien lleva diez meses tratando de entrevistarse con su cliente. El Chapo también reclama la imposibilidad de recibir llamadas o las nueve cartas que su defensa ha tratado de hacerle llegar, un derecho que todo preso tiene en el país. “Para mí es vital el abogado”, señala Guzmán antes de agradecer su atención al magistrado.

Cogan, sin embargo, ha respondido este jueves que él no tiene voz en este asunto y ha solicitado al reo que pruebe con el Buró federal de prisiones. De no tener suerte, quizá el Supremo de Colorado, el Estado donde está recluido, se interese por su caso.

El Chapo busca hacerse oír para que sus derechos sean respetados. En paralelo, el Gobierno de Estados Unidos negocia con sus dos hijos, Ovidio y Joaquín, acuerdos judiciales. El primero de ellos, conocido como El Ratón, fue el primero en dar el brazo a torcer. Guzmán López, de 35 años, accedió el mes pasado a declararse culpable de narcotráfico y de organización criminal. Joaquín, otro de los líderes de la célula de Los Chapitos, quien entregó a El Mayo Zambada a las autoridades, sigue adelante buscando un pacto. Los capos buscarán penas reducidas ahora que la inyección letal se desvanece de su futuro.