El Fiscal de Campeche, sobre el ‘caso Susan Saravia’: “No vamos a dejar de buscar a los presuntos atacantes“

La aparente tranquilidad que se vive en Campeche, uno de los estados más seguros de México, se ha roto tras la denuncia de Susan Saravia, una estudiante de 22 años de la carrera de Derecho, que el pasado 31 de marzo acudió a las autoridades para acusar a tres jóvenes, Ángel N, Yeshua N y Jorge N, de haber abusado sexualmente de ella. La Fiscalía estatal liberó órdenes de aprehensión en contra de los tres —a quienes Susan señala de estar protegidos por el partido Morena— el pasado 25 de mayo, y dos meses después detuvieron al primero: Ángel, de 20 años de edad. A casi cinco meses de los hechos, los otros dos presuntos responsables continúan prófugos, aunque las autoridades tienen indicios de que su rastro conduzca a Yucatán.

El caso de la presunta violación tumultuaria en contra de Saravia ha sacudido a Campeche, un estado del sur de México, fronterizo con Guatemala y que apenas rebasa el millón y medio de habitantes. En ese estado, gobernado por el oficialista Morena, encabezado por la polémica gobernadora Layda Sansores, pocas cosas cobran una proyección que rebasen las fronteras del país. El caso de Susan lo ha hecho, no solo por la gravedad, sino por el tiempo que ha pasado sin que los presuntos agresores sean detenidos, y por la evolución que ha tenido en las semanas recientes.

En varios medios de comunicación locales, las madres de los tres presuntos agresores declararon que sus hijos eran inocentes, y que si no se habían entregado —algo que querían hacer desde el primer día, dicen—, era porque ellos y sus abogados “están reuniendo todas las pruebas para comprobar su inocencia”. El pasado 5 de agosto, Susan decidió aparecer en video y dejar atrás el anonimato. Hasta ese día, su madre, Liz Rodríguez, había sido la cara visible del caso. “Yo no salí sola con tres hombres desconocidos. Uno de ellos era mi amigo, lo consideraba mi amigo y confiaba en él”, dice Susan en su video, refiriéndose a Yeshua.

Una espiral de filtraciones ha acompañado también el proceso. Hace solo unos días, audios de Yeshua y de Jorge fueron compartidos en redes sociales y medios de comunicación. En ellos, ambos rectifican las versiones que sus madres ya anticipaban ante las cámaras: que son inocentes, que quieren un juicio justo y que no se han entregado porque no creen en la justicia y porque consideran que es “más seguro” hacerlo de esa manera —prófugos de la ley— antes de pisar una cárcel, como sí hace, desde el 15 de julio, Ángel N, en el Centro de Reinserción Social (Cereso) de San Francisco Kobén—.

Gracias a esta avalancha de declaraciones y filtraciones, y a la rectificación que han hecho las autoridades, se sabe que de los tres, solo Yeshua era estudiante de la Universidad Autónoma de Campeche, donde también estudia Susan, y que Ángel y Jorge son “emprendedores” y se encontraban preparando la salida de dos negocios propios cuando fueron denunciados.

El Fiscal del Estado, Jackson Villacís Rosado, proyecta una tranquilidad que llega a desconcertar. Ante las acusaciones que les han lanzado, de inoperancia y de una supuesta protección por parte del Gobierno local a los presuntos violadores, él responde optimista: “Desde el momento en el que se tuvo conocimiento del tema de Susan, se trabajó con sus asesores legales y con su mamá, y se solicitaron las órdenes de aprehensión. [...] Nosotros no vamos a dejar de buscarlos porque ellos están evadiendo la ley”, explica en su oficina en las afueras de la capital, San Francisco de Campeche, en medio de una sala de reuniones repleta de sus colaboradores, que se quedan en silencio para dejarlo hablar.

El fiscal niega que los tres hombres o sus familias estén de alguna forma vinculados con el partido. Asegura que eso ya lo han investigado y que no han encontrado ninguna relación laboral que les relacione. Solo menciona que existen esas fotografías que se han hecho virales, en las que los tres jóvenes aparecen vistiendo la camiseta de Morena, pero, señala, no han encontrado un vínculo real que establezca que efectivamente están dentro de la formación política o de las filas del Gobierno local.

Sobre las razones por las que supuestamente permanecen prófugos, agrega: “Ellos tienen derecho a defenderse, pero nosotros tenemos qué proteger a la víctima y darle certeza de que su juicio pueda llegar a lo que solicita que es la búsqueda de justicia”. Además, asegura que trabaja en colaboración con Yucatán y que han recibido “indicios” y videos a los que se les está haciendo seguimiento para poder detenerlos.

Al ser consultada sobre el caso, que recuerda que en México la violencia machista arrecia, aunque se diga lo contrario, la titular de la Secretaría Federal de las Mujeres, Citlalli Hernández, declinó hacer declaraciones —“por un tema de agenda” —y en su lugar, la subsecretaria del Derecho a una Vida libre de violencias de ese mismo organismo, Ingrid Gómez, informó que han tenido un trabajo colaborativo tanto con el Centro de Justicia para la Mujer, en Campeche, como con la Fiscalía. “Nos vamos a asegurar de que se esté viendo el caso con perspectiva de género, de derechos humanos y con la debida diligencia y que no haya una revictimización de la chica”, dice.

Además, Gómez puntualiza: “Primero, hay que decirlo, respetamos la autonomía de los Poderes Ejecutivos en los Estados y también la autonomía de la Fiscalía, pero eso no quita que no demos un seguimiento y que cuando captamos que algo no está sucediendo o que hay una obstrucción podamos también decirlo. Nos ha mandatado la presidenta hacer garante el derecho de las mujeres a acceso a la justicia y a la debida atención”.

Citlalli Hernández fue la persona designada por la presidenta, Claudia Sheinbaum, para entrar en contacto directo con Susan, desde la única vez en la que la mandataria se ha referido al tema, cuando le cuestionaron sobre el caso en Palacio Nacional, el pasado 1 de agosto.

Desde la Secretaría, el organismo creado durante este Gobierno, Gómez le manda un mensaje a Susan: “Que sepa que estamos atentas, que la estamos acompañando desde lo que nos toca y donde nos toca, y eso quiere decir todos los aspectos de manera integral, y que no vamos a permitir que no haya justicia [...] En este y en todos los casos”.

La Fiscalía de Campeche confía en que es cuestión de días para que Yoshua y Jorge sean detenidos. En cada oportunidad, el fiscal Villacís ha invitado a la denuncia, y que si existen otras víctimas de estos hombres se acerquen a la Fiscalía. Dice que comprende lo complicado que es hacerlo y que durante mucho tiempo las personas se han sentido desconfiadas ante la impunidad. Habla también de una aplicación móvil, Naat’s —cercana, en maya— lanzada hace dos meses en Campeche, en la que se pueden hacer pre denuncias, a través de la recopilación de información y datos, para acelerar el proceso de la denuncia.

Susan y su mamá aseguran que el número de presuntas víctimas que se han acercado a ellas para decirles que han sufrido situaciones similares, y con la participación de los mismos tres acusados, ya ronda los 11 casos. Todavía ninguna de ellas ha interpuesto una denuncia formal ante las autoridades. “Las chicas tienen mucho miedo”, aseguran.