Denuncias de corrupción e irregularidades en el crematorio de Juárez: “¿Cómo es posible que haya fallecidos con dos actas de defunción?”

A un mes del hallazgo de los 386 cuerpos embalsamados ocultos en un crematorio en Ciudad Juárez, el avance de la investigación ha sido lento y doloroso para las familias afectadas. Apenas se ha identificado 33 cuerpos, se ha notificado a 19 allegados y 14 fueron entregados físicamente, además de 34 con un probable reconocimiento, según ha dado a conocer este jueves la Fiscalía General de Chihuahua. La portavoz del colectivo Justicia para Nuestros Deudos, a través de su portavoz, Dora Elena Delgado, ha denunciado la existencia de una red de corrupción alrededor del centro de cremación, que presuntamente involucra a empresas funerarias e instituciones a cargo de velar por el adecuado funcionamiento de este establecimiento.

De acuerdo con la hipótesis de la Fiscalía, una gran mayoría de estos cuerpos fueron velados y posteriormente transportados al crematorio para su incineración y posterior entrega de las cenizas a sus familiares. Sin embargo, esto no habría sucedido así y se les habría entregado a los deudos algún otro material. Dos personas han sido vinculadas a proceso por el presunto delito de inhumación, exhumación y respeto a los cadáveres o restos humanos. Ambos acusados serían los operadores de este crematorio, al cual al menos cinco empresas funerarias subcontrataron para la incineración de cadáveres, en algunos casos desde hace cinco años.

Los miembros de Justicia para Nuestros Deudos se ha manifestado este jueves frente al Registro Civil en Ciudad Juárez, donde denunciaron irregularidades en las actas de defunción relacionadas con el caso. Delgado ha explicado, vía telefónica, que los documentos que certifican la defunción de muchas personas presentan datos contradictorios. Tales como actas que certifican inhumación cuando se realizó cremación, o viceversa. Asimismo, otros casos de personas fallecidas por causas violentas que fueron inhumadas sin seguir el procedimiento legal correspondiente.

“Para las autoridades todo está bien. No pasó nada, cuando nosotros tenemos testimonios avalados con evidencia de las irregularidades. ¿Cómo es posible que haya fallecidos con dos actas de defunción? ¿En qué momento se rompió la cadena de supervisión institucional que permitió estas fallas?”, denuncia Delgado con la voz resquebrajada.

Verónica Gamboa, una afectada y que representa a otro grupo de familias perjudicadas por el crematorio, considera que son evidentes las omisiones que se hicieron respecto a las inspecciones y revisiones que se debían haber hecho al centro de incineración y que eso era responsabilidad de la Comisión Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Coespris). Su titular, Luis Carlos Tarín Villamar, dio a conocer el pasado 2 de julio que su personal hizo una inspección en febrero de este año y que el establecimiento cumplía con la norma. Sin embargo, esto contradice la inspección de la Fiscalía, que al momento de inspeccionar el sitio, el pasado 29 de junio, halló los cuerpos apilados, en descomposición y ocultos en el sitio.

El Ministerio Público planteó de inicio la hipótesis de que los restos permanecieron en el lugar al menos unos cinco años, por lo que se encuentra investigando a los funcionarios de ese organismo. Las familias han denunciado que el crematorio no contaba con permiso para operar desde 2022.

“Han declarado [en la Coespris] que no incurrieron en ninguna omisión. Que estuvieron haciendo regularmente sus inspecciones, lo que sinceramente da risa. Fue una total burla. Argumentaron que lo del crematorio fue una acumulación de trabajo. No es posible que hayan dado esa explicación”, afirma Gamboa vía telefónica.

La portavoz del colectivo, que aglutina a más de 122 familias, afirma que existe una falta de confianza hacia la Fiscalía, ya que no han tenido respuestas legítimas a las peticiones que han generado. Como que se amplíe el equipo de peritaje para el reconocimiento, identificación y entrega de los cuerpos. Así como el equipo especializado de un laboratorio independiente que pueda hacer un reconocimiento de ADN de las cenizas, puesto que, según denuncia, muchos de los afectados recibieron urnas con cemento y grava, arena para gato, piedras para peceras e incluso con clavos y tornillos dentro.

Delgado dice que en Nuevo México, en Estados Unidos, existe un laboratorio que puede determinar, a partir de las cenizas —por un costo de 800 dólares—, si los restos que les fueron entregados son de humanos y si se trata de sus allegados.

Tanto Delgado como Gamboa han denunciado de igual manera a las funerarias, que se han negado a entregar los expedientes de los difuntos que da seguimiento a los servicios que se comprometieron a realizar. La portavoz de Justicia para Nuestros Deudos ha dado a conocer que, desde el colectivo que representa, ha presentado un recurso colectivo ante la Procuraduría Federal del Consumidor para la disolución de su contrato con una de las casas funerarias involucradas. “La petición se fundamente en irregularidades y presuntos actos de corrupción detectados en la colaboración con el crematorio, lo cual ha comprometido gravemente la integridad, transparencia y calidad en la prestación de los servicios funerarios ofrecidos a la ciudadanía”, explica Delgado.

Ante el malestar generalizado en las familias, diputados de Chihuahua han solicitado a la Fiscalía estatal que considere la posibilidad que la Fiscalía General de la República atraiga el caso. Cuauhtémoc Estrada, legislador de Morena, ha señalado ante los medios que todo indica que hubo omisiones por parte de funcionarios estatales y que “sería más sano que un ente distinto al estatal pudiera conocer el asunto y determinar esas responsabilidades”.

“No puedes prolongar el sufrimiento de las familias del modo que lo están haciendo. Necesitamos urgentemente una mejor respuesta. Es por humanidad, por empatía y no lo están haciendo. Todo es omisión, indiferencia e indolencia”, sentencia Delgado.