Sheinbaum aprieta a las grandes empresas para elevar los ingresos fiscales en plena desaceleración económica

La estrategia de recaudación del Gobierno de Claudia Sheinbaum pasa por el endurecimiento en el cobro de cuantiosos adeudos fiscales, principalmente, a grandes empresas. A marzo de ese año, la Secretaría de Hacienda contabilizó 2,93 billones de pesos en créditos fiscales, es decir, anotaciones contables que se compensan con el pago de impuestos futuros. Un 65% del total, equivalente a 1,92 billones de pesos, se encuentran en disputa ante tribunales, el resto de los adeudos han sido aceptados ante el fisco por los contribuyentes. Hacienda confía en hacer caja por más de 600.000 millones en un entorno de debilidad económica, un déficit alto y una fuerte incertidumbre global por la guerra comercial de Donald Trump.

Uno de los casos más sonados es el que sostienen las empresas del magnate Ricardo Salinas Pliego con el Gobierno federal, por el supuesto adeudo de más de 74.000 millones de pesos en impuestos. Sin embargo, no es el único. A marzo de este año, más de 195.000 créditos fiscales están en disputa y, por ende, no pueden ser cobrados.

En contraparte, el informe trimestral de Hacienda da cuenta de que al menos un billón de pesos en créditos fiscales está clasificado como no controvertido, es decir, son adeudos en impuestos aceptados por los contribuyentes. De este monto, la dependencia dirigida por Édgar Amador Zamora ve factible recuperar unos 621.000 millones de pesos y el resto, unos 385.000 millones de pesos, los califica de “poca probabilidad de cobro”. En esta categoría se clasifican los créditos fiscales de deudores insolventes, que no pueden ser cobrados o tampoco pueden ser localizados.

Aunque este año México afronta el muro arancelario de Estados Unidos y la incertidumbre global por las crisis geopolíticas, el Gobierno actual insiste en no subir las tasas de los impuestos ni crear nuevos gravámenes. Por el contrario, busca balancear los ingresos y gastos públicos mediante una mejora administrativa, mayor fiscalización y un estricto plan de austeridad. En línea con el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, el Gobierno de Sheinbaum ha eludido, hasta ahora, la creación de nuevos impuestos o el alza en los ya existentes. Su apuesta se sustenta en una mayor digitalización en el cobro de impuestos, combate a la evasión y una mayor fiscalización a los grandes contribuyentes.

En esta línea, durante el primer trimestre del año, de los 2,93 billones de pesos en créditos fiscales, 1,1 billones de pesos provenían de grandes contribuyentes, es decir, aquellas personas o empresas que tienen ingresos por 1.250 millones de pesos al año. De acuerdo con el informe de Hacienda, de enero a marzo de este año, el SAT logró recuperar 12.768 millones de pesos de créditos fiscales. Por sector de actividad económica, donde hay un mayor monto de créditos fiscales, es en la industria manufacturera, con 434.307 millones de pesos. El segundo sector con más créditos fiscales son los servicios profesionales, científicos y técnicos, con 400.616 millones de pesos, y en comercio al por mayor, con 301.420 millones de pesos, seguido por el área de servicios de apoyo a los negocios y manejo de desechos y servicios de remediación, cuyas empresas adeudan poco más de 285.800 millones de pesos.

Las deudas que los contribuyentes tienen con el SAT a través de créditos fiscales ha ido en ascenso en los últimos años. Al primer trimestre de 2023, estos adeudos sumaban 1,8 billones de pesos, un incremento de 58%, respecto al saldo a marzo de 2025. El director de Movilidad Social del Centro de Estudios Espinosa Yglesias, Rodolfo de la Torre, explica que este tipo de acciones, iniciadas en el sexenio anterior, van en línea con esquivar la implementación de una reforma fiscal hasta donde sea posible. “México está en la continuación de un cambio de política, en donde cada vez va a ser mucho más difícil que haya perdones fiscales a empresas”, indica.

El experto añade que el gobierno en estos momentos necesita recursos. En 2024, la Administración anterior incurrió en una serie de gastos extraordinarios que elevaron el déficit fiscal a 5,7% del PIB, su nivel más alto de los últimos 30 años. Ahora, indica De la Torre, el Ejecutivo requiere de recursos para volver a una situación de normalidad, si no remedia esta situación va a tener problemas para cumplir sus obligaciones de deuda o de recursos para cubrir otros servicios públicos. ”Va a seguir la presión sobre los deudores fiscales, sobre todo los más grandes, incluso probablemente los más mediáticos, con el objetivo de que esto permee en el resto de los deudores”, indica.

Enrique Díaz-Infante, director de Sistema Financiero de esta misma organización, explica que, un contribuyente puede impugnar un crédito fiscal a través de recursos administrativos o juicios contencioso-administrativos. Contra la resolución administrativa que produzca el SAT, el contribuyente puede ampararse si considera que la misma viola sus derechos humanos. El especialista refiere que, de acuerdo con cifras de la OCDE, la recaudación en México es del 24,5%, casi 11 puntos porcentuales abajo del promedio de recaudación de los países de la OCDE, el cual se sitúa en 34%. “Los grandes contribuyentes ya pagan impuestos a niveles comparables de los países de la OCDE. Si se les carga más la mano a las grandes empresas, estas dejarían de invertir en México. De ahí que en el CEEY vemos al impuesto sobre activos, predial y tenencia, y al de nómina como más viables para elevar los ingresos públicos. El problema de esta propuesta es de implementación, porque se carecen de las capacidades administrativas y humanas para hacer dicha recaudación”, zanja.