Control de negocios, amenazas y sobreprecios de hasta el 144%: así extorsiona la Familia Michoacana en el Estado de México

La Familia Michoacana opera una amplia red de extorsión en el Estado de México. Un operativo, parte de la estrategia nacional contra la extorsión que puso en marcha la presidenta Claudia Sheinbaum el pasado 6 de julio, reveló el alcance de la organización criminal al sur de la entidad. Allí, los extorsionadores controlaban todo tipo de negocios: tlapalerías, carnicerías, granjas, distribuidoras, materiales de construcción, transporte y hasta los paquetes de mensajería. Sembrando el miedo y con amenazas, la red distorsionaba el mercado, afectando a productores, comerciantes y consumidores en 14 municipios, entre ellos dos populares destinos turísticos: Valle de Bravo e Ixtapan de la Sal.

El operativo, nombrado Operación Liberación, reunió este martes a 2.866 elementos de la Secretaría de Seguridad en casi 700 vehículos para catear 63 establecimientos y 52 inmuebles en municipios como Texcaltitlán, Sultepec y Tejupilco. El resultado fue la detención de ocho personas que se encargaban de coordinar las cadenas ilegales.

Las extorsiones en la zona no se limitan al cobro de piso, una de las prácticas más comunes dentro de lo que abarca este delito. El grupo imponía precios abusivos y obligaba a comerciantes a vender o comprar en sitios específicos, según explicó este martes el fiscal del Estado de México. En entidades como Malinalco, los comerciantes no podían vender cemento si no era en Ixtapan de la Sal o Tejupilco, como parte de las condiciones que imponía La Familia. El kilo de varilla, por ejemplo, pasaba de costar 18 pesos en Toluca a 45 en Valle de Bravo. El muslo de pollo, que cuesta 50 pesos en la capital del estado, alcanzaba los 120 pesos en Sultepec. El kilo de alambrón presentaba un sobreprecio del 144%, y la tonelada de mortero, hasta un 20% más.

También se acaparaban animales de granja, carne de pollo, res y cerdo y toneladas de cemento, varilla y grava que se almacenaban ilegalmente. Además de acumular alimentos, materiales y animales, interceptaban paquetería. En Tejupilco, el grupo tenía un centro clandestino donde revisaban los envíos de empresas como Fedex o Mercado Libre. Si el paquete interesaba, lo retenían; si no, cobraban una cuota al destinatario para ser entregado. “Combatir a este grupo criminal era una necesidad urgente para proteger la economía local y la tranquilidad de miles de familias”, dijo el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch que coordina el plan para combatir esta epidemia con inteligencia policial y financiera en Estados estratégicos, entre ellos la Ciudad de México, y campañas para impulsar las denuncias.

La organización también controlaba sindicatos como el Sindicato Libertad y el Sindicato Bradosva, con los que sustituyó a transportistas independientes y asumió el control total del abastecimiento en municipios como Donato Guerra, Texcaltitlán y Villa de Allende.

El martes, mientras se desarrollaba el operativo, los integrantes de estos grupos coludidos con la Familia, organizaron bloqueos simultáneos en diez municipios. Carreteras en Valle de Bravo, Tejupilco, Tlatlaya, Atlacomulco e Ixtlahuaca fueron cerradas durante horas por grupos de taxistas y transportistas, presuntamente bajo las órdenes del grupo criminal como respuesta directa al operativo, en un intento de presión.

La extorsión es el delito que más ha crecido en México en los últimos años. Aunque afecta a casi siete millones de personas cada año, solo el 0.2% se atreve a denunciar, pues teme represalias. Desde que se lanzó la estrategia nacional contra la extorsión, ha informado el Secretario de Seguridad, 48 personas han sido detenidas, 37 de ellas gracias a denuncias ciudadanas anónimas. Por su parte, la presidenta ha anunciado una reforma legal para que el delito sea perseguido de oficio, sin necesidad de que la víctima denuncie. El gobierno de Sheinbaum parece decidido a acabar con este lastre, con la incertidumbre sobre si la ofensiva será sostenida en el tiempo.

La Familia Michoacana fue nombrada una organización terrorista por el Departamento de Estado de Estados Unidos. El pasado abril la Casa Blanca puso en la mira al grupo, con base principalmente en Guerrero y Michoacán, por tráfico de fentanilo, metanfetamina, heroína y cocaína hacia su país, además de participar en actos de terror y violencia en México. El Departamento del Tesoro anunció sanciones económicas contra sus dos líderes, los hermanos Johnny El Pez y Jose Alfredo El Fresa Hurtado Olascoaga y ofreció una recompensa de ocho millones de dólares.