La familia de Chávez Jr. sale en su defensa mientras crece la incertidumbre a la espera de la deportación desde Estados Unidos

Julio César Chávez, el excampeón de boxeo y su exesposa, Amalia Carrasco, han salido en defensa de su primogénito, Julio César Chávez Carrasco. “Mi hijo no es un delincuente”, ha dicho el pugilista en un comunicado oficial, ocho días después del escándalo que provocó su detención en Los Ángeles, California, por problemas migratorios. La captura en territorio estadounidense sacó además a la luz una orden de aprehensión en su contra girada en México desde 2023 por delincuencia organizada y tráfico de armas, delitos ligados al Cartel de Sinaloa que lo ponen con un pie en prisión en el momento en que pise suelo mexicano. La opacidad y el hermetismo rodean al caso. Chávez Jr. no se presentó a una audiencia programada el lunes pasado. Las autoridades mexicanas apuntan a que la explicación es que enfrenta un proceso de deportación acelerada, pero del que de momento no ha habido novedad alguna.

Los padres de Chávez Jr. han puesto su confianza en que las autoridades de México y Estados Unidos esclarezcan los hechos. El cinco veces campeón del boxeo mundial ha pedido respeto a su privacidad y a la de su familia, así como al proceso legal en curso sobre el que rondan más de una interrogante. En el otro frente, la madre del boxeador ha echado mano de las redes sociales para enviar mensajes de apoyo. Hasta el momento se desconoce el estatus del pugilista arrestado días después de una pelea contra Jake Paul en Anaheim, California. El Gobierno mexicano está a la espera de la audiencia migratoria que establezca los detalles de su deportación y ha responsanilizado a EE UU de omisión. “Estados Unidos lo identificó perfectamente, sabía que era un delincuente y no lo detuvieron”, dijo Gertz Manero el martes pasado.

El patriarca de la dinastía Chávez ha agradecido las muestras de apoyo y la disposición para ayudarlo pero ha aclarado que desconoce sobre el puñado de amparos que, según el titular de la Fiscalía General de la República (FGR), Alejandro Gertz Manero, ha presentado la defensa de Chávez Jr. para evitar que sea detenido en México una vez que sea deportado por el Gobierno de Donald Trump. La fiscalía le abrió una investigación desde 2019 por delitos relacionados con el Cartel de Sinaloa y cuatro años después giró una orden de aprehensión de la que EE UU tenía conocimiento, según confirmó la presidenta, Claudia Sheinbaum.

“Señor Dios Todopoderoso, te presento la vida de Julio César Chávez Carrazco. Rodéalo con tu protección divina, guarda su mente, su corazón y su espíritu. Muéstrale que no está solo, que tú estás con él en cada paso”, se lee en una de las historias que la madre de Chávez Jr., ha publicado en redes sociales. La mujer ha pedido fortaleza y esperanza para su hijo. “Muévete en su caso, abre puertas y restaura su vida conforme a tu voluntad”, es otro fragmento de la publicación. La mujer tiene, entre sus últimas publicaciones, fotos con su hijo en la pelea del 28 de junio en Anaheim.

La Administración estadounidense le negó la residencia permanente por falsedad de declaraciones y ser considerado como “una amenaza para la seguridad pública” por su relación con el grupo delincuencial. El púgil hizo la solicitud tirando de su matrimonio con Frida Muñoz, ciudadana norteamericana y viuda de Édgar Guzmán, hijo de El Chapo Guzmán, asesinado en 2008. De ahí se infiere la conexión criminal. Chávez ha reconocido públicamente su relación con Ovidio Guzmán El Ratón, hijo del capo mexicano que enfrenta una condena de cadena perpetua en una prisión de EE UU. “También se cree que Chávez es miembro del Cártel de Sinaloa, una organización terrorista”, se lee en el comunicado que el Departamento de Seguridad Nacional publicó el 3 de julio, al día siguiente del arresto.

La situación legal del hijo mayor de Chávez se mantiene en total hermetismo por el Gobierno de EE UU. El pugilista no se presentó a una audiencia programada el lunes pasado, el requerimiento obedecía a un arresto que data de enero de 2024 por portación ilegal de arma de fuego. Su inasistencia, según informaron autoridades mexicanas, se debió al proceso de deportación acelerada que enfrenta, pero que no ha tenido resolución en los últimos nueve días.