La sombra de Pegasus se proyecta sobre el sexenio de Sheinbaum

El uso del malware Pegasus en años pasados en México alarga su sombra sobre el presente, literal y metafóricamente. Estos días, el país atiende sorprendido a las revelaciones de un juicio en Israel, sobre el presunto pago de millones de dólares en sobornos al expresidente Enrique Peña Nieto (2012-2018), con las contrataciones del software espía de por medio. El recuerdo de Pegasus ha dado formas además a la discusión en el Congreso, estas semanas, sobre el paquete de reformas y nuevas leyes en materia de seguridad, que muchos defensores de derechos humanos han bautizado como leyes espía. Las leyes otorgan capacidades de investigación al Estado que, mal empleadas, podrían implicar la violación de la privacidad de la ciudadanía.

El paquete de cambios que ha impulsado la presidenta, Claudia Sheinbaum, ha recordado al infame programa de espionaje con el que las agencias de seguridad intervinieron comunicaciones y vigilaron a periodistas, activistas y políticos de oposición. Los pinchazos ocurrieron especialmente en el sexenio de Peña Nieto, del PRI, pero se extendieron también al Gobierno del izquierdista Andrés Manuel López Obrador, mentor de Sheinbaum. Pese a que se documentaron actos de corrupción en la adquisición y el uso del malware Pegasus, poco ha conseguido la Fiscalía para llevar a los culpables ante la justicia.

Un nuevo bombazo ha echado sal a la herida de la impunidad este fin de semana, luego de que el periódico israelí The Marker reveló que los patrocinadores de Pegasus pagaron 25 millones de dólares en sobornos para abrirse las puertas del poder y asegurarse generosas contrataciones públicas, una de ellas, la más polémica, la más conocida, aquella que les permitió introducir en México el malware, que, según la versión oficial, fue adquirido para apoyar las labores de combate al crimen organizado. El expresidente Peña Nieto fue directamente señalado en un pleito judicial en los tribunales de Israel, en el que los empresarios Avishai Neriah y Uri Ansbacher —cabeza del conglomerado de compañías KBH, que comercializaron el programa— revelaron sus enjuagues con el político priista y funcionarios de su entorno. Sus declaraciones coinciden con una confesión recogida en México de un colaborador de la Fiscalía, que testificó que Ansbacher pinchaba teléfonos por órdenes directas del expresidente. Peña Nieto ha salido en tromba a negar las acusaciones, con el argumento de que, desde su cargo, no tuvo nada que ver con la contratación de proveedores.

Quizá lo más llamativo no fue tanto el rechazo del propio Peña Nieto, como el posicionamiento de la presidenta Sheinbaum ante los señalamientos contra el priista. Cuestionada por ello en la conferencia Mañanera, la mandataria comentó su sorpresa ante la información, como si se tratase de un suceso ajeno a la actualidad política (“Estuvo medio tremendo, ¿no?”), y validó que Peña Nieto hubiese aclarado que las acusaciones eran falsas. Para los defensores de derechos humanos, la declaración de Sheinbaum anuncia la inacción de su Gobierno para emprender una investigación al respecto. Este lunes, las organizaciones Artículo 19, Red en Defensa de los Derechos Digitales (R3D) y SocialTIC han exigido a la Fiscalía iniciar “una investigación independiente, exhaustiva y transparente sobre los presuntos sobornos en la compra de Pegasus”. A Sheinbaum, la exigencia ha sido una “plena rendición de cuentas sobre el uso de recursos públicos en la adquisición de tecnologías de vigilancia y garantías de no repetición”.

El mal uso de Pegasus se documentó ampliamente durante el sexenio de Peña Nieto, pero los especialistas señalan que el espionaje comenzó en México desde finales de la Administración de Felipe Calderón (PAN, 2006-2012) y que se extendió hasta el Gobierno de López Obrador (Morena, 2018-2024). Documentos presentados en el juicio en Estados Unidos de WhatsApp contra NSO Group —la firma israelí que desarrolló el malware— revelan que al menos 456 personas fueron espiadas con Pegasus entre abril y mayo de 2019, los primeros meses del sexenio lopezobradorista. Esta evidencia contrastaba con las declaraciones de López Obrador de que en México ya no se practicaba el espionaje. Aun así, en 2022, mediada su Administración, el Ejército suscribió un contrato con Comercializadora Antsua, una firma con derechos exclusivos para vender el programa.

“Volvemos al punto de partida. No hay intención de llegar hasta las últimas consecuencias ni por la corrupción y el mal uso de Pegasus en el Gobierno de Peña Nieto, ni por el mal uso de este software en el Gobierno de López Obrador, a pesar de que hay evidencia contundente sobre las infecciones de dispositivos en agravio de periodistas y defensores en el sexenio pasado”, afirma en entrevista Leopoldo Maldonado, director de Artículo 19. La Fiscalía, encabezada por Alejandro Gertz, ha intentado, sin éxito, llevar ante la justicia a un puñado de exfuncionarios de nivel intermedio que participaron en la adquisición de Pegasus. El argumento de la dependencia es que no había justificación válida que respaldara la compra del programa de espionaje, ni tampoco evidencia alguna de que haya servido para el supuesto fin de combatir al crimen organizado. Sin embargo, los jueces han desestimado las pruebas presentadas por los fiscales y han exculpado a los funcionarios señalados.

“Lo que nos dice esto es que en México se utilizan tecnologías de vigilancia, que no nada más es Pegasus, enfocada a censurar y perseguir a personas que denuncian actos de corrupción y violaciones a los derechos humanos por parte de autoridades corruptas, y eso ha pasado en las últimas cuatro administraciones con total impunidad”, observa la abogada Ana Gaitán, integrante de la organización en defensa de la seguridad digital, R3D.

Mientras tanto, el Gobierno de Sheinbaum ha rechazado que el paquete de reformas que ha estado en el centro de las críticas de las organizaciones civiles tenga la finalidad de vigilar a los ciudadanos. Los colectivos deploran la falta de controles y contrapesos en la misma ley para evitar que las autoridades de seguridad cometan abusos con las nuevas herramientas y facultades de investigación que se crean con las reformas. Es el caso, por ejemplo, de la Plataforma Central de Inteligencia, la interconexión con bases de datos de todo tipo de registro público y privado y la incorporación de datos biométricos a la CURP.

La defensa del oficialismo es que, de conformidad con otras normas y la Constitución, se requiere en todo momento la autorización judicial para que las agencias de seguridad intervengan o geolocalicen un teléfono. Los colectivos, sin embargo, ven insuficiente esta garantía porque es la misma que se violó en el pasado sin consecuencias para los perpetradores. “Nada de eso ha merecido una respuesta del Estado mexicano en su conjunto. Por eso resulta muy difícil creer que ahora, sin controles, sin vigilancia de cómo se van a utilizar estas facultades de investigación e inteligencia, no se vaya a abusar de ellas”, apunta Maldonado. Gaitán observa que el paquete de reformas de Sheinbaum da continuidad a la misma política de instrumentalizar la crisis de inseguridad “para aplicar medidas de política pública y legislativas que cada vez son más autoritarias”. La activista comenta: “En las leyes no se establecieron salvaguardas adecuadas de control judicial, supervisión independiente, transparencia. Es el sueño de cualquier Estado autoritario”.